José Tomás Hernández Pérez y la ruta de los litigios inmobiliarios que vuelve a poner bajo la lupa al Poder Judicial de Puebla

El nombre del exfuncionario aparece en una docena de expedientes civiles y mercantiles registrados entre 2022 y 2026, mientras en Puebla crecen las denuncias sobre el llamado “Cártel del Despojo”

En Puebla, el llamado “Cártel del Despojo” ha dejado de ser únicamente una acusación lanzada desde las redes sociales o por particulares que aseguran haber perdido sus propiedades. En los últimos años, distintos casos han colocado bajo la lupa la utilización de juicios civiles y mercantiles, cesiones de cartera vencida, documentos notariales y procedimientos judiciales que, según denunciantes, podrían terminar en la pérdida de viviendas y terrenos.

En medio de ese escenario aparece un nombre que ya había sido relacionado públicamente con litigios derivados de carteras vencidas: José Tomás Hernández Pérez.

Los señalamientos contra Hernández Pérez no son nuevos. Publicaciones periodísticas han documentado casos en los que aparece como cesionario de derechos de crédito, cobro, litigiosos y adjudicatarios, además de controversias relacionadas con procedimientos mercantiles sobre inmuebles.

Uno de esos antecedentes quedó asentado incluso en documentación judicial. Un edicto publicado en 2023 identifica a José Tomás Hernández Pérez como cesionario dentro de un juicio ordinario mercantil promovido contra particulares por una deuda que derivó en actuaciones relacionadas con un inmueble.

Otro documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registra a Hernández Pérez como tercero interesado en un asunto derivado de un procedimiento civil en Puebla, lo que confirma que su nombre ha aparecido en litigios de naturaleza patrimonial.

Una docena de expedientes bajo la lupa

La revisión proporcionada para esta investigación identifica 12 expedientes en los que aparece el nombre de José Tomás Hernández Pérez, registrados en distintos órganos jurisdiccionales de Puebla entre 2022 y 2026.

Los asuntos abarcan procedimientos posesorios, sucesorios, ordinarios, ejecutivos y especiales hipotecarios, tanto en juzgados como en salas civiles.

Entre ellos se encuentran:

• 0295/2026, Juzgado Primero de lo Civil y de lo Penal de Cholula, materia posesoria.
• 0149/2026, Juzgado Segundo Familiar de Cholula, sucesorio intestamentario.
• 0696/2025, Juzgado Segundo Familiar de Cholula, sucesorio intestamentario.
• 0281/2025, Quinta Sala Civil de Puebla, ordinario.
• 0079/2025, Tercera Sala Civil de Puebla, ejecutivo.
• 0056/2025, Cuarta Sala Civil de Puebla, ejecutivo.
• 0059/2025, Primera Sala Civil de Puebla, ejecutivo.
• 310/2024, Juzgado de lo Civil y Penal de Atlixco, especial hipotecario.
• 0128/2024, Sala Especializada en Materia Constitucional, Sala Civil, ordinario.
• E121/2023, Juzgado de lo Civil y Penal de Atlixco, especial hipotecario.
• 0503/2022, Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil, ejecutivo.
• 0150/2022, Segunda Sala Civil de Puebla, ordinario.

La concentración de asuntos de naturaleza patrimonial y mercantil alrededor de una misma persona adquiere relevancia periodística en un estado donde desde hace varios años se han multiplicado las denuncias sobre presuntas redes dedicadas al despojo de inmuebles.

El antecedente de las carteras vencidas

Uno de los elementos que aparece de manera recurrente en la información pública sobre Hernández Pérez es la adquisición o cesión de derechos relacionados con créditos vencidos.

En un caso documentado por medios poblanos, se señaló que Hernández Pérez adquirió una cartera mediante una cesión de derechos de crédito, derechos de cobro, derechos litigiosos y derechos adjudicatarios. El movimiento quedó asentado en un instrumento notarial de 2020.

En otro expediente publicado en el periódico Excélsior, Hernández Pérez aparece como cesionario en un juicio ordinario mercantil promovido contra particulares. El procedimiento contempló incluso notificaciones mediante edictos después de que no fuera localizada una de las demandadas.

Este tipo de procedimientos es precisamente uno de los elementos que resulta necesario revisar cuando se investiga la forma en que determinadas propiedades terminan involucradas en litigios derivados de deudas, créditos vencidos o derechos adquiridos por terceros.

El llamado “Cártel del Despojo”

La discusión ocurre mientras Puebla enfrenta una creciente exposición pública del denominado “Cártel del Despojo”.

Investigaciones periodísticas han documentado denuncias de ciudadanos que aseguran haber perdido viviendas o terrenos mediante esquemas que presuntamente combinan documentación apócrifa, operaciones notariales, registros de propiedad y procedimientos judiciales.

N+ reportó en enero de 2026 que las denuncias relacionadas con este fenómeno ya eran investigadas por la Fiscalía General del Estado y describió mecanismos señalados por afectados, entre ellos la falsificación de documentos y la suplantación de identidad.

La dimensión del problema también llegó al Congreso de Puebla. Una iniciativa presentada durante la LXII Legislatura señaló el crecimiento de casos relacionados con el denominado “cártel inmobiliario” o “cártel del despojo” y planteó modificaciones al Código Penal estatal.

Más recientemente, en agosto de 2026, fue detenido José Manuel Morelos Mercado, señalado por autoridades y medios como presunto operador de esta estructura. De acuerdo con información pública, las investigaciones estatales habían identificado al menos 10 notarías relacionadas con la red, según declaraciones atribuidas al coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.

Del poder político a los litigios patrimoniales

El nombre de José Tomás Hernández Pérez también genera interés por su pasado dentro de las estructuras de seguridad pública de Puebla.

De acuerdo con la narrativa que ha circulado públicamente, Hernández Pérez ocupó un cargo directivo en materia policial durante el periodo del exgobernador Mario Marín Torres y posteriormente habría mantenido cercanía con el grupo político identificado con Javier López Zavala.

Estos vínculos deben ser presentados como antecedentes políticos y no como prueba de una relación delictiva.

Mario Marín enfrenta actualmente un proceso penal relacionado con el caso de la periodista Lydia Cacho, mientras que Javier López Zavala fue sentenciado a 60 años de prisión por su responsabilidad como autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón.

La referencia al pasado marinista resulta políticamente relevante porque Alejandro Armenta Mier, actual gobernador de Puebla, inició su trayectoria política en el PRI y tuvo responsabilidades durante gobiernos priistas, incluido el periodo de Mario Marín.