La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha aprobado una serie de modificaciones a la Reforma Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre las novedades más llamativas se encuentra la figura de los “jueces sin rostro”, una medida que busca proteger a los jueces que traten casos de delincuencia organizada, eliminando la posibilidad de que sus identidades sean reveladas. La idea es que estos jueces puedan operar con mayor seguridad, sin el temor constante de represalias por parte de las mafias que combaten.
Pero mientras la medida es defendida como una necesidad ante la creciente violencia e intimidación a la que se enfrentan los jueces, también levanta serios cuestionamientos. ¿Quién asumirá la responsabilidad cuando esos mismos jueces, que operan en la sombra, fallen a favor de criminales peligrosos? En un país donde la justicia es frecuentemente señalada por su corrupción y falta de transparencia, los “jueces sin rostro” podrían convertirse en figuras aún más inalcanzables, dejando a la ciudadanía sin un rostro al que exigir cuentas.
En el pasado, ha habido casos donde el rostro de la justicia, aunque visible, no ha dudado en liberar a criminales por encargo, ya sea por miedo, corrupción o presiones externas. Ahora, con jueces ocultos tras un velo de anonimato, el riesgo de decisiones arbitrarias o influenciadas se eleva, sin que nadie pueda identificar al responsable directo. Esta situación podría desdibujar aún más la ya tenue línea entre la justicia y la impunidad en México.
La reforma también contempla la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el nuevo Órgano de Administración Judicial, y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial en lugar de la Comisión de Disciplina Judicial, con la intención de fortalecer la supervisión y disciplina interna del Poder Judicial. Sin embargo, la implementación de “jueces sin rostro” abre un debate más amplio sobre los límites entre la protección a los operadores de justicia y la necesidad de mantener un sistema judicial transparente y accesible para la ciudadanía.
Con 22 votos a favor y 17 en contra, la reforma avanza ahora hacia el pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobada, seguirá su camino al Senado, donde se anticipa una discusión igual de intensa. La oposición ha señalado que, si bien la seguridad de los jueces es una prioridad, la creación de figuras anónimas podría derivar en una justicia aún más politizada y sujeta a intereses ocultos, en lugar de garantizar imparcialidad y protección real.
