La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, con la dirección de Manuel Bartlett, ha surgido como un eje de poder que dicta no solo la política eléctrica en el país, sino la energética en general, por encima de la Secretaría de Energía y los reguladores. Su cobertura territorial la hace, además, una fuerza de movilización política importante. La empresa de electricidad más grande de América Latina resurge hoy más poderosa que nunca y las multinacionales no saben qué hacer.
En los 19 meses desde que llegó al poder la actual Administración mexicana, tanto Bartlett como el presidente Andrés Manuel López Obrador han acusado a exfuncionarios de negociar contratos con conflicto de interés y favoritismos. Han sugerido que, incluso, son contratos abusivos. Cancelaron subastas de energías renovables que hubieran permitido nuevas inversiones, subieron las tarifas de traslado a empresas de hasta ocho veces la tarifa actual y endurecieron las reglas y condiciones de operación para plantas eólicas y solares para, de acuerdo con especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, “impulsar el papel de la CFE como el principal generador de energía eléctrica”.
Electricidad como poder político
La segunda empresa paraestatal más grande de México después de Pemex, la CFE, tiene una extensión territorial absoluta, ya que llega a todos los municipios del país y tiene un medidor eléctrico en cada residencia, comercio y empresa. Esto, dice Eduardo Prud’Homme, consultor especializado en el sector energético y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la pudiera convertir en un motor electoral que vaya, desde la movilización de votantes durante las elecciones, hasta el subsidio de tarifas a hogares que terminan pagando los grandes usuarios de la electricidad. “Si tú quieres establecer una maquinaria de control político qué mejor que la CFE”, asegura Prud’Homme.
“Cuando tienes un sistema centralizado y controlado, tienes el control sobre las tarifas”, explica el especialista y el Gobierno podrá subsidiar el costo de electricidad en los hogares por beneficio electoral. “Eso es un hecho, van a tener a los usuarios residenciales contentos y, no es que ese costo no exista, los que están pagando más por la energía de lo que tendrían que pagar, son los industriales. Y eso no está siendo reconocido”.
El discurso ideológico de López Obrador y Bartlett es uno de planeación central, de tener un monopolio estatal, de una recuperación de activos en control del Estado y su estrategia está ya rindiendo frutos pese a la polémica. La empresa española Iberdrola considera cancelar una inversión de 1.200 millones de dólares para la construcción de una central eléctrica, en parte porque no logra llegar a un acuerdo con la CFE para comprarle a la paraestatal el gas natural que esta necesita para operar. El alcalde de Tuxpan, ciudad en el estado costeño de Veracruz en donde la española planeaba construir la planta de ciclo combinado, anunció que la CFE tomaría el proyecto en sus manos para darle oportunidad de trabajo a empresas locales. Ante la polémica, y mientras Iberdrola no ha anunciado una cancelación definitiva, el presidente ha insistido en que están dispuestos a negociar.
De peso pesado
El nombramiento al frente de la CFE de Manuel Bartlett, veterano del PRI de 84 años, cuya lista de escándalos incluye sonadas denuncias de fraude electoral y acusaciones de encabezar una policía secreta durante su periodo como secretario de Gobernación, fue el que más sorprendió a los seguidores de López Obrador que esperaban un cambio. A menos de un año de haber tomado el poder, un par de investigaciones periodísticas aseguraron que ocultó en su declaración patrimonial una fortuna, así como la existencia de empresas relacionadas con el sector eléctrico registradas a nombre de familiares suyos. La Secretaría de la Función Pública lo absolvió de las acusaciones.
Dentro del Gobierno, se dice que es Bartlett quien tiene el oído del presidente cuando de política energética se trata, por encima de la secretaria de Energía, Rocío Nahle y del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Incluso, y como lo documenta una investigación en un medio nacional, es Bartlett quien se ha reunido con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual debe regular a la CFE, para pedirle por lo menos 70 modificaciones a resoluciones que liberarían a la paraestatal de las reglas que le impiden concentrar su poder de mercado.
“Pones a un político con más de 50 años de carrera en el sistema a cargo de una empresa que tiene la mayor cobertura y con ese presupuesto, era obvio que se los iba a comer, que Bartlett sería, de facto, quien iba a dictar la política energética”, dice Eduardo Prud’Homme. “Esto es muy grave porque es una personalidad muy autoritaria. Si el propósito era centralizar el poder y controlar, parafraseando al presidente, Bartlett cayó como anillo al dedo”.
Mientras López Obrador anuncia recortes de presupuesto, sueldos y subsecretarías en el gobierno federal como política de “austeridad republicana”, la CFE de Bartlett aumentó su planilla en 2.386 empleados solo el año pasado, de acuerdo con Natural Gas Intelligence, un medio especializado en la industrial. La CRE, por su parte, se vio obligada a despedir al 40% de su personal, de acuerdo con medios locales, el segundo recorte masivo en menos de un año.
Más puestos de trabajo no se ha traducido a un mejor desempeño en la CFE. Este mes, en su informe anual auditado, la compañía reportó una caída del 58% en su utilidad neta, una pérdida que la empresa asegura “se atribuye principalmente a los efectos de impuestos diferidos”.
Precedentes cercanos
Para Alberto Imberton, el inicio de la presidencia de López Obrador se sintió como un déjà vu. En su país natal, El Salvador, el gobierno le abrió la puerta a una empresa extranjera para hacerla socia de su paraestatal eléctrica. Después, al llegar al poder un nuevo presidente de un partido nacionalista, el gobierno se echó para atrás y se negó a cumplir su parte del trato. Buscó cancelar el acuerdo, argumentando que era lesivo para el país y ventajoso para la empresa privada. Incluso, el gobierno dijo que el acuerdo se pudo haber negociado de manera delictiva.
Como representante legal de la empresa extranjera, Imberton vivió este conflicto en carne propia. El litigio entre la italiana Enel y la empresa estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) duró ocho años que incluyeron un fallo de una corte de arbitraje internacional, una investigación de “posibles delitos penales” que no comprobó tales delitos y hasta un embargo de bienes a la empresa privada. Al final, en 2014, Enel cerró sus operaciones en ese país y vendió su participación en el negocio por 280 millones de dólares — monto pagado por el gobierno del país centroamericano.
“Esta situación es en extremo preocupante, ya que en este tipo de litigios los Estados se encuentran en gran desventaja, dado que las instancias que dirimen los conflictos han sido diseñadas precisamente para privilegiar y proteger las inversiones”, dijo sobre la disputa la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en un reporte a la ONU en 2014. “Por tanto, resulta inaceptable que se tenga que privilegiar la asignación de fondos públicos a este tipo de procesos, cuando el presupuesto público afronta enormes dificultades”.
Imberton se mudó a México en 2015 para trabajar con Enel en las nuevas oportunidades que traería la apertura del mercado eléctrico con la reforma energética del gobierno anterior. “Enel se enfoca en México, gana algunas subastas eléctricas, en cuatro años invirtió 2.000 millones de dólares”, dice Imberton, actualmente el director de su propia firma de abogados. “Y después comenzamos a oír el discurso cada vez más nacionalista de Bartlett y de todo el gobierno e intuimos que su política no era congruente con la inversión privada, como había pasado en El Salvador”.
El país Centroamericano tardó cuatro años en recuperar los niveles de inversión extranjera directa que tenía antes de la polémica con Enel. El presidente de CEL quien negoció la salida de Enel en 2014 David López tiene, de acuerdo con una fuente, relación con Bartlett. El mismo portal del gobierno mexicano informa que firmó el año pasado un convenio con la CEL de López para “fortalecer las relaciones México-El Salvador para estar en condiciones de potenciar el uso de las energías limpias”.
Desde su llegada al poder en diciembre de 2018, López Obrador y Bartlett han acusado públicamente a exfuncionarios de gobierno de haber incurrido en conflictos de interés en contratos energéticos con empresas extranjeras privadas y han llamado “leoninos” a acuerdos que, argumentan, van en contra de los intereses nacionales.
“Abusaron las empresas”, dijo el presidente López Obrador el mes pasado, “¿Va a seguir el mismo saqueo porque va a haber denuncias penales o amparos? Todos los que sean. Claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación”.
Y el de El Salvador no es el único caso similar. En Venezuela, después de que la empresa estadounidense AES adquiriera Electricidad de Caracas para modernizarla y hacerla más productiva, el entonces presidente Hugo Chávez declaró que “la nación debe recuperar la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción”, obligándola a vender a un precio menor al que AES la había comprado siete años antes. En Bolivia también, similar a lo que ha declarado Bartlett, el expresidente Evo Morales revirtió en 2008 una legislación anterior que había dividido a la paraestatal eléctrica para crear empresas independientes que pudieran competir en un mercado más abierto argumentando que “fueron desmembradas”.
En palabras de Bartlett, la anterior administración “hizo una habilidosa carnicería” de la CFE.
Vía: El País
