La designación del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla está en puerta. La historia reciente ha demostrado que, en los círculos de poder, la lealtad se premia, pero también puede matar el talento. Sin embargo, si un perfil logra reunir ambas cualidades, la decisión se vuelve simple.
Un caso ilustrativo de esta dicotomía es el de Amanda Gómez Nava, quien en 2023 renunció a la ASE en medio de señalamientos sobre irregularidades financieras durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Su nombramiento el 19 de mayo de 2022 generó controversia desde el inicio, ya que antes había fungido como titular de la Secretaría de la Función Pública en la administración barbosista, lo que la colocaba en una posición de juez y parte al momento de fiscalizar el ejercicio de los recursos.
Uno de los episodios más vergonzosos de su gestión fue su comparecencia pública, donde no pudo explicar qué es la Cuenta Pública, una función básica de su cargo. Este error, viralizado a nivel nacional, evidenció que su nombramiento se debió más a su lealtad al gobierno que a su capacidad técnica.
Por otro lado, el caso de Francisco Romero muestra el extremo opuesto. Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), tenía las credenciales para ocupar el cargo. Sin embargo, su falta de alineación con Miguel Barbosa y su ADN cargado de traición, lo llevó a enfrentar un destino adverso. El 25 de febrero de 2022 fue detenido en su domicilio en el fraccionamiento La Vista Country Club en San Andrés Cholula, acusado de enriquecimiento ilícito mediante empresas fantasma y prestanombres. También se le imputaron cargos por violencia familiar y el presunto desfalco de más de seis millones de pesos mediante tráfico de influencias con despachos externos. Romero ha defendido su inocencia, argumentando que se convirtió en un preso político del barbosismo.
El círculo de poder, enfrenta el desafío de impulsar a un perfil que conjugue la capacidad técnica con la lealtad al proyecto gubernamental. La ASE tiene la función de fiscalizar el uso de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de los objetivos gubernamentales. Para ello, se requiere un profesional con formación en auditoría y administración pública, respaldado por organismos públicos descentralizados y asociaciones de renombre.
En Puebla, el perfil del auditor está definido en el artículo 121 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, el cual establece que la persona que ocupe el cargo debe contar con:
- Título profesional en contaduría, derecho, administración o áreas afines.
- Experiencia mínima en materia de fiscalización, control de recursos y responsabilidades administrativas.
- Reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delitos patrimoniales o administrativos.
Para Puebla, el nuevo auditor debe contar con una sólida formación académica y un historial intachable, pero también con la habilidad política para navegar entre las expectativas del poder en turno y las demandas de una sociedad que exige transparencia. La historia ha demostrado que tener solo talento o solo lealtad no garantiza ni la permanencia en el cargo, ni de la libertad.
Si AA y el Congreso del Estado logran encontrar un perfil que cumpla con estos pequeños requisitos, lealtad y talento en igual medida, ahí es. Y al parecer la persona ya ha sido encontrada y hasta ha sido placeado en las mañaneras del 01.
