Lenia Batres acusó “animadversión insana” de sus compañeros de la Suprema Corte tras retirar un proyecto cuestionado por el Pleno y criticar el presupuesto de 2027.
Lo que comenzó como una discusión jurídica y técnica dentro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó este jueves en un fuerte enfrentamiento entre ministros, luego de que Lenia Batres Guadarrama acusara a sus compañeros de mantener una “animadversión insana” en su contra.
La confrontación surgió durante el análisis de un proyecto presentado por Batres sobre un asunto relacionado con la forma en que deben notificarse determinadas sentencias. El proyecto había sido aceptado inicialmente, pero durante la discusión comenzaron a surgir objeciones de distintos integrantes del Pleno.
La ministra se negó a retirar algunos de los párrafos cuestionados y defendió la argumentación de su propuesta. La discusión, que en principio correspondía únicamente a una diferencia jurídica, terminó escalando cuando Batres relacionó el rechazo de su proyecto con un oficio que había enviado la noche anterior al Órgano de Administración Judicial, en el que cuestionó el proyecto de presupuesto de la Corte para 2027.
La acusación sorprendió al resto de los integrantes del Pleno. Varios ministros y ministras aseguraron que desconocían el documento y negaron que existiera una relación entre sus objeciones jurídicas y el oficio de la ministra.
Incluso el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que se estaba enterando en ese momento de la existencia del documento y rechazó las descalificaciones personales.
#Nacional || 🚨 Tensión en la Suprema Corte
La ministra Lenia Batres señaló una presunta “animadversión” en su contra luego de que fuera rechazado uno de sus proyectos.
Batres relacionó la situación con su postura crítica al incremento presupuestal de 17.2% solicitado por la… pic.twitter.com/D3t4OQdifb
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El origen del choque: un proyecto sobre notificaciones
El conflicto se produjo durante la discusión de una Contradicción de Criterios asignada a la ponencia de Lenia Batres.
El asunto consistía en resolver un aspecto de técnica procesal: determinar si las sentencias dictadas durante las audiencias constitucionales de los juicios de amparo deben notificarse a las autoridades responsables mediante “oficio” o a través de “lista”.
La propuesta de Batres planteaba que la notificación debía hacerse por oficio.
Sin embargo, la ministra sustentó esa conclusión bajo el argumento de que esta modalidad se establece “en beneficio de las funciones del Estado” y de la “función pública”.
Además, el proyecto diferenciaba entre notificaciones consideradas “trascendentes”, que ameritarían realizarse mediante oficio, y aquellas que no tendrían esa característica.
Esta argumentación generó desacuerdos prácticamente generalizados entre los integrantes del Pleno.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, así como el ministro Giovanni Figueroa Mejía, señalaron que el juicio de amparo constituye un mecanismo de control constitucional en el que debe prevalecer el principio de igualdad procesal entre el quejoso, es decir, el ciudadano, y la autoridad responsable.
Desde esa perspectiva, consideraron que otorgar un trato diferenciado o un “beneficio” a la autoridad únicamente por ejercer una función pública rompería el equilibrio procesal que debe existir en este tipo de procedimientos.
Por su parte, los ministros Irvin Espinosa Betanzo y Hugo Aguilar Ortiz consideraron que el asunto podía resolverse de una manera mucho más sencilla: atendiendo literalmente a lo establecido en la ley.
Su interpretación fue que la Ley de Amparo establece expresamente que las notificaciones dirigidas a las autoridades responsables deben realizarse por oficio, sin establecer una clasificación basada en la “trascendencia”.
Con ello, cuestionaron la necesidad de establecer mediante una construcción doctrinal una jerarquía entre autos o notificaciones “trascendentes” y aquellas que no lo son.
Batres se niega a modificar el proyecto y acusa “animadversión insana”
La discusión se tensó cuando Lenia Batres rechazó modificar su proyecto original.
La ministra defendió su argumentación doctrinal y cuestionó que se pretendiera justificar la decisión únicamente con el argumento de que “así lo dice la ley”.
“Con todo respeto no estoy de acuerdo con estas argumentaciones que están dando porque pareciera que no que se solicita que en el proyecto de resolución se diga o se argumente que debe cumplirse o que estamos nosotros optando por el criterio que debe de prevalecer respecto de la notificación por oficio porque así lo dice la ley. Ustedes me están pidiendo que diga eso. De ninguna manera podemos nosotros argumentar así. Tenemos la obligación de hacernos de los argumentos doctrinarios que sustenten en este caso el criterio que nosotros le estamos poniendo a consideración de este pleno…”.
Al advertir que al menos siete integrantes del Pleno votarían en contra de sus consideraciones ante su negativa de realizar los ajustes solicitados, Batres lanzó una acusación directa contra sus compañeros.
“Veo una animadversión insana. Voy a retirarlo y espero sus observaciones”.
Pero la ministra no se quedó ahí.
Inmediatamente vinculó el rechazo de su proyecto con un asunto presupuestal que, según dijo, no tendría relación con la discusión jurisdiccional.
“Y de verdad quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al órgano de administración judicial respecto del presupuesto de esta corte”.
La afirmación generó sorpresa entre los integrantes del Pleno, pues varios aseguraron desconocer el contenido del oficio.
Ministros rechazan que exista una represalia
El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Yasmín Esquivel Mossa señalaron que se estaban enterando en ese preciso momento de la existencia del documento mencionado por Batres.
Esquivel rechazó que las críticas al proyecto tuvieran un carácter personal y pidió mantener la discusión en el terreno jurídico.
“Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios… señalar que es insano lo que se está presentando aquí… yo no veo dónde está ninguna de las consideraciones ni expresiones hacia la persona de la ministra ponente”.
La ministra puntualizó que los cuestionamientos estaban dirigidos al contenido del proyecto y no a Lenia Batres.
El ministro Irvin Espinosa Betanzo y la ministra María Estela Ríos también reiteraron que sus posiciones respondían exclusivamente a diferencias técnicas relacionadas con la interpretación de la legislación.
Ante el ambiente de confrontación, Batres decidió retirar formalmente su proyecto.
Posteriormente, el Pleno decretó un breve receso.
Batres lleva el conflicto a redes sociales
Después de concluida la sesión, Lenia Batres trasladó la confrontación a sus redes sociales y difundió públicamente el documento que, según explicó, estaba relacionado con el conflicto.
“Desafortunadamente, ha generado animosidad negativa en mis compañeros ministros y compañeras ministras, que se reflejó en la sesión del día de hoy”.
El documento publicado corresponde a un oficio fechado el 12 de agosto de 2026, recibido formalmente el 13 de agosto a las 10:16 horas, y dirigido a Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial.
En el escrito, Batres plantea diversos cuestionamientos al anteproyecto de presupuesto de la Corte aprobado durante una sesión privada realizada el 6 de agosto.
El proyecto presupuestal contempla una solicitud de 6 mil 104 millones de pesos para 2027, cifra que representa un incremento de 17.2% en términos nominales respecto del año anterior.
La ministra consideró que ese aumento vulnera las disposiciones relacionadas con la austeridad y cuestionó diversos gastos incluidos en la propuesta.
📌Comunicado 78/2026#MinistraDelPueblo #SCJN pic.twitter.com/AKGVEA9A1k
— Lenia Batres (@LeniaBatres) August 14, 2026
Seguros médicos, uno de los principales puntos de conflicto
Uno de los señalamientos centrales de Batres se refiere a la restitución de los seguros privados de gastos médicos mayores para personal de la Corte.
De acuerdo con el oficio, durante la sesión privada de presupuesto se aprobó, “sin estudio previo”, la restitución de este beneficio para más de 300 servidores públicos de mandos medios y superiores.
La medida, según el documento, recuperaría una prestación que había sido eliminada el año pasado.
Batres cuestionó que se destinen recursos públicos para este seguro y argumentó que se trata de una práctica “prohibida expresamente en ley”, al citar el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
La ministra señaló además que votó en contra de esta acción debido a que el Poder Judicial ya paga las cuotas correspondientes al ISSSTE, por lo que, desde su perspectiva, no existe justificación para financiar adicionalmente seguros privados con recursos públicos.
Como muestra de congruencia con su postura de austeridad, Batres solicitó que sus propios colaboradores no tengan acceso al seguro de separación individualizada ni al seguro de gastos médicos mayores.
También cuestiona pensiones de exministros
Otro de los aspectos señalados por la ministra corresponde a las pensiones de exministras y exministros.
Batres sostiene que permanecen pendientes ajustes a dichas pensiones conforme a los tabuladores actuales de austeridad.
Según su documento, esto representa un excedente superior a 54 millones de pesos, al que se agregan otros 39 millones de pesos destinados a plazas auxiliares para los exintegrantes de la Corte.
La ministra también cuestionó la permanencia de distintas estructuras administrativas que, desde su perspectiva, no resultan indispensables para la función jurisdiccional.
Batres propone eliminar áreas que considera prescindibles
Dentro de sus observaciones presupuestales, la ministra planteó eliminar áreas completas que considera innecesarias para el trabajo jurisdiccional.
Entre ellas mencionó las direcciones de:
- Protocolo
- Atención a Ministros
- Atención a Exministros
Para Batres, la desaparición de estas áreas permitiría avanzar en los objetivos de austeridad que, según su postura, deberían orientar el ejercicio presupuestal de la Suprema Corte.
La respuesta de la Corte: el aumento real sería de 12.7%
Ante las críticas de la ministra, la propia Suprema Corte respondió mediante una tarjeta informativa.
El máximo tribunal señaló que el incremento presupuestal no debe interpretarse únicamente en términos nominales.
De acuerdo con la Corte, el aumento solicitado representa 12.7% en términos reales, una vez considerado el impacto de la inflación.
La institución sostuvo que el presupuesto responde a una política de administración responsable de los recursos públicos, sustentada en criterios de austeridad, eficiencia y transparencia.
De esta manera, la Corte rechazó la interpretación de que el aumento presupuestal contradiga sus políticas de austeridad.
Tarjeta Informativa | El Pleno de la #SCJN aprobó un Anteproyecto de Presupuesto de 6,104.5 mdp para 2027, bajo una política de austeridad responsable, eficiencia institucional, respeto a los derechos laborales y cumplimiento de su mandato constitucional. pic.twitter.com/jsSLZC67Qh
— Suprema Corte (@SCJN) August 14, 2026
El pleito ocurre en medio de otra disputa: la presidencia de la Corte
El enfrentamiento entre Batres y sus compañeros ocurre además en un contexto de disputa interna por la futura presidencia de la Suprema Corte.
Una parte importante de las ministras y ministros no quiere que Lenia Batres ocupe la presidencia, pese a que existe una disposición que podría favorecerla por haber obtenido el segundo lugar en votos.
El problema surge porque existen disposiciones que parecen entrar en conflicto.
Por un lado, un artículo establece que la presidencia correspondería a quien obtuvo el segundo lugar en votos, posición que ocuparía Batres.
Por otro, otro artículo establece que la decisión tendría que ser definida por las propias ministras y ministros.
Es precisamente en esa contradicción donde se encuentra parte de la disputa por el poder dentro del máximo tribunal.
Así, el enfrentamiento de este jueves no ocurre de manera aislada: se suma a una pugna interna por la conducción de la Corte, a las diferencias sobre la política presupuestal y a las distintas posiciones jurídicas que han surgido entre sus integrantes.
La discusión que comenzó con una diferencia sobre la forma de notificar sentencias terminó exhibiendo las profundas tensiones políticas, jurídicas y presupuestales que atraviesan actualmente a la Suprema Corte.
Y mientras Lenia Batres acusa una “animadversión insana”, sus compañeros sostienen que sus objeciones fueron estrictamente jurídicas y niegan que exista una represalia relacionada con el presupuesto.
La confrontación, por ahora, queda abierta.
