De confirmarse las irregularidades, el desfalco del barbosismo sumaría al menos 1 mil 822 millones de pesos, debido a la inversión fallida en Accendo Banco y el adeudo del ISR al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por @HectorBLN
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó un nuevo escándalo del gobierno del difunto Luis Miguel Barbosa Huerta, por un aparente mal uso de 400 millones de pesos de recursos federales que tendrían que haber sido destinados a programas de obras e infraestructura social.
Los responsables del saqueo barbosista son varios, por acción y omisión, por lo que ahora tendrán que responder y aclarar por estas anomalías observadas en la fiscalización de la cuenta publica de 2022.
De confirmarse las irregularidades, el desfalco del barbosismo sumaría al menos 1 mil 822 millones de pesos, debido a la inversión fallida en Accendo Banco y el adeudo del ISR al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Este golpe al erario ocurrió cuando María Teresa Castro Corro estaba al frente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, al mismo tiempo que el exmandatario halagaba su trabajo y afirmaba que era excelente en el manejo de los recursos.
Tras revelarse el quebranto por el nuevo gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la funcionaria compareció ante el Congreso del estado y días después renunció, sin ningún proceso o investigación en su contra.
Y todo transcurrió sin que se percatara la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuya extitular, Amanda Gómez Nava, renunció hace unos días también después de comparecer ante legisladores, que le reclamaron su omisión ante el mal manejo de recursos por parte del gobierno estatal, del cual fue parte como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las observaciones de la ASF advierten que el probable daño patrimonial se ocasionó por pagar acciones de programas de vivienda sin acreditarse que el proveedor haya cumplido con el servicio contratado.
También por utilizarse recursos del Fondo de Infraestructura Social (FISE) en aciones ajenas a las reglas de operación y por pagar proyectos sin evidencia de su realización.
La ejecución de los programas de vivienda y del FISE estuvo a cargo de la Secretaría de Bienestar, que encabezaba Lizeth Sánchez García, actual aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.
La auditoría federal también advirtió pagos indebidos y el otorgamiento de plazas irregulares en el Colegio de Bachilleres del Estado (Cobaep) y la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, a cargo de Arturo Rodríguez Ballinas y Margarito Barboza Carrasco, respectivamente.
Tras el informe de fiscalización de la ASF, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sentenció que las y los funcionarios responsables tendrán que aclarar los señalamientos.
Con respecta al adeudo con el SAT del Impuesto sobre la Renta (ISR), se trata de 722 millones de pesos que se intentaron evadir al no reportar correctamente los descuentos y retenciones que se realizaban al personal del gobierno estatal.
El caso de Accendo involucra 600 millones de pesos, que la administración de Miguel Barbosa entregó a la institución financiera en junio de 2021, unos meses antes de declararse en quiebra.
El gobierno estatal dio el dinero como parte de una inversión, a pesar de que contaba con alerta de anomalías por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).