Los discursos sobre la libertad de prensa del coordinador de gabinete y la alcaldesa de San Andrés Cholula, contrastan con señalamientos de persecución a periodistas en Puebla

Puebla, Pue.— Durante una reunión con concesionarios, dueños y directores de medios de comunicación, el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, acompañó al gobernador Alejandro Armenta y afirmó que “sin libertad de expresión no hay democracia”, subrayando que los medios críticos y libres son indispensables para servir a la ciudadanía.

El funcionario señaló que la cobertura informativa permite a los gobiernos escuchar a la sociedad y aseguró que la administración estatal se mantiene abierta a las observaciones y cuestionamientos de la prensa.

Antes de ese encuentro, el gobernador Alejandro Armenta anunció la apertura de la Casa del Periodista, un espacio que, de acuerdo con su propio discurso, estará destinado exclusivamente a reporteros, camarógrafos y fotógrafos que se encuentran “en la base” del gremio y que realizan su labor en condiciones de mayor riesgo.

Durante ese anuncio, el mandatario enfatizó que el proyecto no está pensado para directivos ni propietarios de medios de comunicación, una distinción que generó debate dentro del gremio periodístico. La exclusión de quienes dirigen medios resulta relevante en un contexto donde algunos de ellos han denunciado presiones, procesos legales y descalificaciones desde el poder público.

El caso Rodolfo Ruiz y la confrontación con e-consulta

Uno de los episodios que más ha visibilizado esta tensión es el del periodista Rodolfo Ruiz, director del periódico digital e-consulta, quien ha señalado ser víctima de persecución política tras la publicación de notas sobre presuntos casos de corrupción del actual gobierno estatal.

En repetidas ocasiones, el gobernador Alejandro Armenta ha cuestionado públicamente el trabajo de dicho medio durante sus conferencias matutinas, incluso mediante una sección denominada “detector de mentiras”, donde se han exhibido y descalificado notas del portal.

Este contexto ha llevado a que los discursos institucionales en favor de la libertad de prensa sean observados con cautela por parte de periodistas y organizaciones, que advierten una contradicción entre el mensaje y las prácticas políticas.

Lupita Cuautle y el llamado contra la criminalización del periodismo

En paralelo, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, también se pronunció recientemente a favor de la libertad de expresión durante una reunión anual con medios de comunicación.

En su mensaje, advirtió que la criminalización del periodismo no es aceptable en ninguna democracia y que cuando un periodista es reprimido, procesado o encarcelado con delitos desproporcionados, se pone en duda la libertad y la democracia.

El mensaje no fue bien recibido por sectores cercanos al gobierno estatal. Posteriormente, un medio de comunicación difundió una publicación en la que acusó a Cuautle de financiar medios críticos del gobernador Armenta, sugiriendo que no debería respaldarse a espacios informativos que cuestionen al Ejecutivo.

La narrativa llamó la atención por una contradicción central: plantea que el financiamiento público o institucional a medios debería depender de su alineación con el gobernador, una postura que choca directamente con los principios básicos de la libertad de prensa que, en el discurso oficial, se asegura respetar.

El contraste entre los discursos oficiales que reivindican la libertad de expresión y los señalamientos de hostigamiento hacia periodistas y medios críticos mantiene abierto el debate sobre el estado real de la democracia y la prensa libre en Puebla.

Mientras funcionarios estatales y municipales reiteran su compromiso con los derechos de los comunicadores, periodistas y analistas subrayan que la verdadera prueba de ese compromiso radica en la tolerancia a la crítica, la ausencia de represalias legales o políticas y el respeto a la independencia editorial.