Dos años después, exjueza que intentó frenar la reforma judicial de AMLO enfrenta proceso disciplinario

Martha Eugenia Magaña López comparece este 8 de octubre ante el Tribunal de Disciplina Judicial por una suspensión concedida en agosto de 2024 contra la reforma judicial. Aunque la denuncia fue inicialmente desechada, el procedimiento se reactivó y podría derivar en sanciones administrativas. El caso coincide con un reporte sobre 248 servidores judiciales sancionados o investigados.

Dos años después de haber intentado detener por la vía judicial la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la exjueza federal Martha Eugenia Magaña López enfrenta un procedimiento administrativo que podría derivar en su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Este jueves 8 de octubre de 2026, la exjuzgadora fue citada a comparecer a las 10:00 horas ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), órgano creado como parte de la misma reforma constitucional que ella intentó suspender en 2024.

El expediente se relaciona con el juicio de amparo 1251/2024, mediante el cual Magaña concedió una suspensión provisional para impedir que la Cámara de Diputados continuara con la discusión y votación de la reforma judicial mientras se resolvía el asunto.

La decisión no fue acatada por el Congreso y el proyecto finalmente fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.

Ahora, la exjueza sostiene que el procedimiento constituye una represalia por haber ejercido su criterio jurisdiccional, mientras que las autoridades disciplinarias cuestionan la legalidad de sus actuaciones.

La suspensión que Morena decidió no acatar

El conflicto comenzó el 30 de agosto de 2024, cuando Martha Eugenia Magaña, entonces jueza de Distrito en Morelos, concedió una suspensión provisional contra el procedimiento legislativo de la reforma judicial.

La medida buscaba detener temporalmente la discusión y votación del proyecto hasta que se resolviera el juicio de amparo correspondiente.

Magaña fue la primera juzgadora federal en conceder una suspensión de este tipo. Posteriormente, el juez Felipe Consuelo Soto, de Chiapas, emitió otra resolución relacionada con el procedimiento legislativo.

Sin embargo, la Cámara de Diputados continuó con el trámite de la reforma.

Legisladores de Morena argumentaron que las suspensiones representaban una intromisión judicial en las facultades del Poder Legislativo.

Desde la perspectiva de los juzgadores, en cambio, las resoluciones formaban parte de sus atribuciones para revisar posibles afectaciones a derechos durante el procedimiento.

La controversia enfrentó dos interpretaciones sobre los límites del control judicial y las facultades del Congreso para modificar la Constitución.

Néstor Vargas y la denuncia que volvió a abrirse

Después de que Magaña concedió la suspensión, se presentó una denuncia administrativa contra ella desde la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Néstor Vargas Solano, quien actualmente preside el Órgano de Administración Judicial.

Inicialmente, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desechó la denuncia al considerar que la resolución cuestionada correspondía al ejercicio de una función jurisdiccional y que cualquier inconformidad debía combatirse mediante los recursos judiciales correspondientes.

No obstante, la Consejería Jurídica impugnó esa determinación.

Posteriormente, una comisión del CJF modificó el criterio inicial, lo que permitió que el asunto continuara y llegara al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

El 11 de marzo de 2026, la Comisión de Investigación del TDJ inició formalmente el procedimiento administrativo contra Magaña.

Entre los señalamientos se encuentra que la exjueza habría tramitado indebidamente como urgente el amparo, concedido suspensiones que no correspondían y actuado en un asunto que podía afectar su propia situación laboral.

La autoridad investigadora considera que estas actuaciones podrían constituir una falta administrativa grave.

Hasta el momento, el inicio del procedimiento no equivale a una resolución definitiva de responsabilidad.

¿Qué sanciones podría enfrentar la exjueza?

Aunque Martha Eugenia Magaña dejó el Poder Judicial en julio de 2025, el procedimiento puede continuar por actuaciones realizadas cuando todavía ejercía funciones.

De acreditarse responsabilidad administrativa, el expediente podría derivar en sanciones como la inhabilitación para ocupar cargos públicos, además de otras consecuencias previstas por la legislación aplicable.

También se ha planteado la posibilidad de dar vista a la Fiscalía General de la República si la autoridad identifica hechos que considere constitutivos de delito.

Sin embargo, ninguna de estas consecuencias debe presentarse como una sanción ya impuesta.

Magaña ha rechazado los señalamientos y sostiene que su actuación respondió a una interpretación jurídica válida en el contexto de una reforma constitucional que todavía no había sido aprobada cuando concedió la suspensión.

Magaña denuncia persecución contra jueces que se opusieron a la reforma

La exjueza ha señalado que el procedimiento busca enviar un mensaje a quienes ejercen funciones jurisdiccionales y adoptan decisiones contrarias a los intereses del poder político.

En declaraciones recogidas por El País y El Universal, sostuvo que sus resoluciones debieron ser controvertidas mediante los mecanismos judiciales correspondientes y no mediante procedimientos administrativos.

También cuestionó que las investigaciones puedan utilizarse para sancionar interpretaciones jurídicas que resulten incómodas para determinadas autoridades.

Por su parte, María Emilia Molina de la Puente, magistrada en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), denunció que estos procedimientos representan un riesgo para la independencia judicial.

La preocupación expresada por ambas se concentra en la posibilidad de que el sistema disciplinario termine revisando y castigando el sentido de las resoluciones judiciales, en lugar de limitarse a investigar conductas administrativas indebidas.

No obstante, la existencia de un procedimiento disciplinario, por sí sola, no acredita que exista persecución política. Esa es la interpretación sostenida por Magaña y otros integrantes del sector judicial, frente a las imputaciones formuladas por las autoridades investigadoras.

Tribunal de Disciplina reporta 248 servidores judiciales sancionados o investigados

El caso de Magaña coincide con la publicación de una investigación de El Universal, que documenta procedimientos disciplinarios contra integrantes del Poder Judicial, incluidos juzgadores que se opusieron a la reforma de 2024.

De acuerdo con cifras atribuidas al magistrado Rufino H. León Tovar, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, durante el primer año de funcionamiento del órgano se registraron 75 servidores públicos con resoluciones firmes, que acumularon 95 sanciones, y otros 173 bajo investigación administrativa.

En conjunto, son 248 personas, no 248 jueces exclusivamente: la información incluye magistrados, jueces, secretarios, actuarios y otros trabajadores judiciales.

Tampoco debe interpretarse que los 248 expedientes se originaron necesariamente por haberse opuesto a la reforma, pues el balance institucional comprende distintos procedimientos disciplinarios.

La investigación periodística destaca, sin embargo, que entre los casos documentados existen actuaciones relacionadas con amparos y suspensiones contra la reforma judicial.

Otros juzgadores también enfrentan investigaciones

Entre los expedientes relacionados con decisiones judiciales contra la reforma destaca el del juez federal en retiro José Antonio Lozano Batarse, quien compareció el 25 de septiembre de 2026 dentro del procedimiento administrativo 50/2026-OJ.

Su caso se vincula con el juicio de amparo 1364/2024, en el que concedió parcialmente una suspensión provisional relacionada con el proceso de reforma constitucional.

También se ha reportado una investigación penal contra el juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, así como procedimientos contra el juez en retiro Juan Gerardo Anguiano Silva.

Estos casos tienen expedientes y circunstancias distintas, por lo que no pueden considerarse automáticamente equivalentes al de Magaña.

Sin embargo, han intensificado la discusión sobre los límites de las facultades del Tribunal de Disciplina y la necesidad de garantizar que sus actuaciones respeten la independencia de los juzgadores.

Convocan a manifestación en apoyo de Martha Magaña

En paralelo a la audiencia, integrantes y exintegrantes del Poder Judicial convocaron a una manifestación para este jueves 8 de octubre, a las 10:00 horas, frente a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, ubicadas en Insurgentes Sur 2417, Ciudad de México.

La movilización busca expresar respaldo a Martha Magaña y manifestar preocupación por los procedimientos iniciados contra juzgadores que concedieron suspensiones durante el proceso de reforma constitucional.

La comparecencia representa un nuevo capítulo de una controversia que comenzó hace más de dos años y que continúa generando preguntas sobre el funcionamiento del sistema judicial mexicano.

El debate de fondo: ¿puede sancionarse a un juez por su criterio jurídico?

Más allá de las consecuencias particulares para Martha Magaña, el expediente plantea una discusión sobre la separación de poderes.

Las autoridades disciplinarias tienen facultades para investigar conductas indebidas y sancionar faltas administrativas. Al mismo tiempo, la independencia judicial exige que los jueces puedan resolver los asuntos sometidos a su consideración sin temor a represalias por el sentido de sus decisiones.

La controversia consiste en determinar si las actuaciones de Magaña constituyeron irregularidades administrativas sancionables o decisiones jurisdiccionales que debieron impugnarse exclusivamente mediante recursos judiciales.

La suspensión de 2024 no consiguió detener la reforma judicial. Dos años después, la resolución que emitió Martha Magaña sigue siendo objeto de un procedimiento que podría afectar su futuro profesional, aun cuando ya no pertenece al Poder Judicial.

La audiencia de este jueves será una etapa más del procedimiento y no implica necesariamente que se dicte una resolución definitiva ese mismo día.