Movimiento Ciudadano solicita desafuero de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios tras acusaciones de EE.UU.
La crisis política en Sinaloa escaló a un nuevo nivel este jueves, luego de que dirigentes de Movimiento Ciudadano presentaran formalmente una solicitud de desafuero contra el gobernador Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios de Morena señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La petición fue promovida por el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado federal Gibrán Ramírez, quienes entregaron el documento en la Secretaría General de la Cámara de Diputados, donde quedó registrado con sello de recepción a las 17:54 horas.
Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero.
Por eso, el diputado @gibranrr y un servidor hemos solicitado el día de hoy que se dé inicio al proceso de desafuero. pic.twitter.com/rdXnzXY2HS
— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 1, 2026
La solicitud también incluye al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de otros servidores públicos de Sinaloa que forman parte de una lista de 10 funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las acusaciones que motivan esta acción legislativa incluyen delitos graves como conspiración para el tráfico de drogas, vínculos con el Cártel de Sinaloa y posesión de armas de fuego, cargos que en el sistema judicial estadounidense podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua o un mínimo de 40 años de prisión.
El proceso de desafuero implica retirar la inmunidad constitucional que protege a funcionarios electos por voto popular, permitiendo que enfrenten investigaciones y procesos penales sin el resguardo del cargo. En este caso, la solicitud deberá ser turnada a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que evaluará si procede iniciar el proceso.
Uno de los elementos clave del caso es que la petición fue presentada sin que exista, hasta el momento, una solicitud formal de un ministerio público mexicano, lo que introduce un componente político relevante. Tradicionalmente, este tipo de procedimientos se inicia a partir de investigaciones nacionales, no de señalamientos extranjeros.
En ese contexto, Álvarez Máynez argumentó que los funcionarios señalados deben enfrentar las acusaciones sin protección institucional: “Lo mínimo que pueden hacer es enfrentar este proceso sin fuero”, declaró, subrayando la presión política que enfrenta Morena.
El movimiento ocurre en paralelo a la postura del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que la Fiscalía General de la República será la instancia encargada de revisar las pruebas enviadas por Estados Unidos y determinar si existen elementos para proceder conforme a la legislación mexicana.
Este episodio marca un punto de inflexión en la relación entre acusaciones internacionales, política interna y procesos legislativos, colocando a Sinaloa en el centro de una disputa que combina justicia, soberanía y cálculo electoral rumbo a los próximos procesos políticos.
Rocha Moya rechaza dejar el cargo ante acusaciones de EE.UU.
