ONU busca llevar caso México por más de 32,000 restos sin identificar; Gobierno acusa uso de datos de 2009 a 2017 extrapolados a 2025
El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, abrió un nuevo frente de tensión internacional tras rechazar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) vinculado a la ONU, el cual advierte que en el país persisten desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El conflicto escaló luego de que el comité anunciara una “medida excepcional”: solicitar que el caso mexicano sea llevado ante la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de impulsar acciones de prevención, investigación, sanción y erradicación del delito.
Datos duros que detonaron la controversia
El informe retoma cifras acumuladas desde los años 2000 y evidencia la magnitud del problema:
- Más de 4,500 fotografías de personas desaparecidas documentadas recientemente
- Más de 6,000 hallazgos relacionados con desapariciones
- Más de 32,000 restos humanos sin identificar en el país
Estas cifras reflejan, según el comité, una crisis estructural donde además se detecta posible participación de autoridades y una constante: la búsqueda recae principalmente en las familias, no en el Estado.
La respuesta del gobierno federal
El rechazo fue inmediato. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores calificaron el informe como “desactualizado” pues está basado en hechos de 2000 a 2017, es decir, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La presidenta reforzó esta postura y desestimó la metodología del comité, asegurando que extrapola datos antiguos hacia el presente.
“Ignoraron el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito… vinculado principalmente con la delincuencia organizada”, afirmó Sheinbaum.
#DesdePALACIO 🇲🇽🏛️📄 Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) rechaza informe de la ONU (@ONU_es) sobre desaparecidos en el país.
🗣️ La presidenta cuestionó el reporte del Comité contra la Desaparición Forzada que advierte sobre desapariciones en México. 📊 Señaló que el análisis se… pic.twitter.com/tb6Ra35uds
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) April 6, 2026
También subrayó que, desde 2018, con los gobiernos de Morena, se han implementado acciones institucionales, reformas legales y mecanismos de búsqueda que, según su versión, no fueron considerados.
El punto clave del desacuerdo
El centro del conflicto radica en la interpretación de la desaparición forzada. Para el comité persisten condiciones que podrían implicar responsabilidad estatal o tolerancia institucional. Para el gobierno no existe una política de Estado, y los casos actuales están vinculados principalmente al crimen organizado, no a decisiones gubernamentales
CNDH se alinea con el gobierno
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra, respaldó la postura oficial y calificó el informe como “sesgado”, contradictorio y sin perspectiva histórica”
La CNDH sostuvo que las desapariciones como política de Estado ocurrieron entre 1951 y 1990 (Guerra Sucia) y posteriormente durante la guerra contra el narcotráfico (2006-2012). Además que desde 2018, los casos han disminuido “hasta prácticamente desaparecer” en el ámbito federal.
Además, informó que ha emitido:
- 14 recomendaciones por desaparición forzada de años anteriores
- 5 adicionales por casos recientes
El organismo también criticó a ONG como el Centro Prodh, acusándolas de manipular demandas, politizar el tema e influir de forma desproporcionada en el informe del comité.
Posturas divididas en México
Mientras el gobierno federal y la CNDH rechazaron el informe, otros actores lo respaldaron:
- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México consideró que la intervención internacional abre una oportunidad de colaboración
- Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos, colectivos de familias y universidades apoyaron la participación de la ONU
En contraste, el gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, rechazó narrativas que vinculen al Estado con desapariciones.
El siguiente paso: la ONU
El caso ahora depende de António Guterres, secretario general de la ONU, quien deberá decidir si remite formalmente la petición a la Asamblea General.
Ahí se determinará cuándo se discute el tema, cómo se aborda internacionalmente y si se implementan medidas contra el Estado mexicano.
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