COBAEP, CECYTE, IEDEP y CONALEP repiten proveedores y sobrecostos
Los organismos educativos descentralizados del estado de Puebla —COBAEP, CECYTE, IEDEP y CONALEP— aparecen en el radar de la opacidad. Documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que, de 2023 a 2025, han destinado millones de pesos en contratos poco prioritarios, mientras padres y estudiantes denuncian deficiencias en aulas y servicios.
En el COBAEP, los recursos se usaron para uniformes de desfiles ($161,292), box lunch ($224,000), festejos del Día del Maestro (más de $1 millón sumando comida, mobiliario y artistas), además de un contrato de nómina digital por $1.8 millones y monederos electrónicos por $2.1 millones.
El CECYTE registró adquisiciones de papelería ($1,022,039), coffee breaks ($520,740), box lunch ($458,432), combustible ($576,240) y mantenimiento de vehículos ($517,445).
El IEDEP destinó $2.4 millones al sistema de control escolar, arrendamientos de extensiones en San Martín ($490,102), Cuetzalan ($247,746) y Guachinango ($306,351), además de un contrato por oficinas centrales ($815,957).
En el CONALEP, destacan los pagos por dictaminación financiera ($326,063), uniformes para desfiles ($289,140), vestuario administrativo ($265,472), fumigación ($298,000) y capacitación docente ($303,000).
Según denuncias internas, los responsables administrativos —Solís Garnica, Arriaga Rivas, Romero Reyes y Marmolejo Sánchez— manejan en conjunto proveedores y sobrecostos, exigiendo hasta 25% por adelantado a cambio de adjudicar contratos.
Además, sindicatos y directivos han consolidado negocios paralelos: venta de libros y uniformes escolares, arrendamiento de tiendas escolares y cobros disfrazados de “donaciones”. Estas prácticas, prohibidas por la SEP, se han convertido en fuente constante de ingresos para funcionarios y líderes sindicales.
El patrón es claro: mientras el erario financia coffee breaks de medio millón de pesos, los planteles siguen enfrentando carencias de equipo, infraestructura y mantenimiento. Una revisión más profunda de estos organismos no solo evidenciaría malos manejos, sino también la urgencia de reorientar recursos hacia el verdadero objetivo: los estudiantes.
