Puebla se prepara para alinearse con la nueva estrategia de seguridad que será impulsada desde Palacio Nacional bajo la dirección de Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, conocido por su estilo operativo y sus velados desacuerdos con la cúpula militar. Esta estrategia busca recuperar el terreno cedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador a las Fuerzas Armadas, quienes han asumido un rol protagónico en la seguridad nacional, controlando desde la Guardia Nacional hasta aduanas y aeropuertos, además de participar en proyectos de infraestructura clave.
El escenario de la seguridad en México ha sido marcado por la creciente influencia militar, lo que ha generado tensiones entre mandos civiles y militares. Harfuch, con su enfoque en el fortalecimiento de las policías civiles, parece decidido a contrarrestar este poder magnánimo, apostando por una estrategia donde los civiles retomen el control de la seguridad pública, desafiando así la militarización del país.
En Puebla, el gobernador electo Alejandro Armenta también está tejiendo su propio plan de seguridad, uno que busca unificar a los municipios bajo un mando coordinado. Este plan, aunque ambicioso, enfrenta obstáculos constitucionales, como el artículo 115 que otorga a los ayuntamientos la facultad de aprobar sus propios bandos de policía y gobierno. Armenta ha sostenido reuniones con diputados y autoridades municipales de las cabeceras distritales de Puebla, donde la seguridad ha sido un tema central. Sin embargo, para que su estrategia de seguridad tenga éxito, será crucial que los alcaldes firmen acuerdos que establezcan claramente los alcances y facultades de este mando coordinado.
El reto es evidente: Armenta deberá convencer a algunos alcaldes ceder parte de sus atribuciones en materia de seguridad pública, las negociaciones no serán fáciles con algunos ediles como Lupita Cuautle en San Andrés, Pepe Chedraui y Alejandro Barroso en Tehuacán.
