Atunera ligada a compañía involucrada en trama internacional de lavado de dinero obtiene 21 contratos para surtir toneladas de azúcar, res y pollo para el programa de abasto rural del Gobierno federal
Grupo Marhel, filial de una empresa “fantasma” investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela, recibió 21 contratos por adjudicación directa en Segalmex por más de 67 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Marhel es una división de B-Eminent Inc. de México, que en junio de 2020 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones (coloquialmente llamadas empresas “fantasma”).
Los contratos de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex) se otorgaron a Marhel en 2020, cuando su filial B-Eminent ya era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero en una red que enviaba alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, como parte del programa de abasto subsidiado conocido como CLAP (iniciales de Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
Marhel es una empresa creada en 2019 en Mazatlán, Sinaloa, en la que participa Martín Armando Botello Ruvalcaba, quien fue directivo de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) entre 2003 y 2011. El propio ex funcionario ha sido también apoderado de B-Eminent, según consta en actas del Registro Público de Comercio.
El vínculo con empresa fantasma
En las páginas de internet www.b-eminent.net y www.b-incorporated.com, Marhel aparece como la división de productos del mar de B-Eminent, y hasta promueven su catálogo de alimentos, como el atún enlatado. Además, los sitios de la empresa “fantasma” señalan a Botello Ruvalcaba como su director general.
Incluso en las etiquetas de las latas de atún Marhel que se muestran en ambas páginas aparece también el logo de B-Eminent, empresa que forma parte de una red de compañías mexicanas y extranjeras implicadas en la venta de despensas con productos de baja calidad y a sobreprecio para las llamadas “Cajas CLAP” que el Gobierno venezolano vende a precios subsidiados.
En el esquema de presunta corrupción de las despensas CLAP, que incluía la triangulación de operaciones a través de empresas fantasma internacionales, participó una serie de proveedores entre los que se encuentra B-Eminent, empresa que fue investigada por lavado de dinero por la FGR, y cuyas cuentas fueron congeladas en 2019.
Como parte de la indagatoria, la UIF detectó transferencias por 7 millones 936 mil dólares de una empresa de Tussef Smaill Abou Nassif, pareja de la vicepresidenta de Venezuela, a B-Eminent Inc. de México, según publicó el diario Reforma en julio del 2019.
Desde octubre del 2019, el SAT incluyó a B-Eminent en el listado de empresas con presuntas operaciones inexistentes, y el 29 de junio de 2020 la incluyó en el listado negro definitivo de empresas fantasma, con operaciones simuladas, difundido en el Diario Oficial de la Federación.
B-Eminent fue creada en septiembre del 2014 en Ensenada, Baja California, y en 2016 Botello Ruvalcaba fue nombrado apoderado de la empresa.
Los contratos con Segalmex
El mismo año en que el SAT declaró oficialmente a B-Eminent como “simuladora de operaciones”, su filial Marhel recibió 21 contratos en Segalmex por 67 millones 174 mil pesos para atender los requerimientos del Programa de Abasto Rural, operado por Diconsa.
Todas las compras a Grupo Marhel fueron realizadas por adjudicación directa entre abril y noviembre de 2020, según se desprende de los procedimientos de asignación y de los contratos, los cuales fueron cotejados por MCCI.
Dos terceras partes del monto asignado a Marhel corresponde a la compra de 2 mil 400 toneladas de azúcar estándar a granel o envasada, por cerca de 44.8 millones de pesos.
Del monto restante, casi 11.6 millones de pesos son por la compra de latas de atún de 140 gramos, incluida una presentación que cuenta con 6 por ciento de contenido de soya.
La empresa también recibió contratos por la venta de 269 mil 510 paquetes de 250 gramos de carne de res y de pollo deshebrado, por poco más de 7.5 millones de pesos, así como por 120 toneladas de frijol, por más de 3.2 millones de pesos.
Esta no es la primera vez que Segalmex, conocida como la Conasupo de la 4T, contrata a empresas señaladas y ligadas a irregularidades.
En julio de 2021, MCCI reveló que Segalmex otorgó entre 2019 y 2020 casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la Sedatu, y cuyo socio y operador de tres de ellas participa en una facturera identificada por el SAT como simuladora de operaciones.
También el gobierno de El Salvador
Entre abril del 2020 y mayo del 2021, Grupo Marhel envió al gobierno de El Salvador alimentos con valor por más de 30 millones de dólares, de acuerdo con registros aduanales consultados por MCCI. Ese monto equivale a más de 620 millones de pesos.
De los reportes se desprende que los productos fueron adquiridos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de dicho país centroamericano, y enviados vía marítima de Mazatlán al departamento de La Libertad, en El Salvador.
Los registros aduanales detallan que el 71 por ciento de los envíos corresponden a atún enlatado, con valor de 22 millones de dólares.
Del monto restante, más de 5.9 millones de dólares corresponden a la venta al Gobierno salvadoreño de harina de maíz, y otros 3 millones de dólares por pollo deshebrado.
Ex funcionario de Conapesca
Grupo Marhel SA de CV fue constituida en enero del 2019 en Mazatlán, Sinaloa, y tiene como accionistas a la esposa y a dos hijas de Botello Ruvalcaba, ex funcionario de Conapesca, quien a la vez funge como apoderado de la empresa.
En sus declaraciones como funcionario público, Botello Ruvalcaba menciona que laboró en la Conapesca de octubre de 2003 a junio de 2011. Inicialmente se desempeñó como director general de Planeación, luego como director adjunto de Programas Estratégicos y finalmente como director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola.
Durante sus cargos, la Conapesca era un órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa, que en ese periodo fue encabezada por Alberto Cárdenas Jiménez y por Francisco Javier Mayorga Castañeda.
Tanto en su perfil de Linkedin como en uno de los sitios web de B-Eminent Inc., de la que es filial, el ex directivo de Conapesca se ostenta como director general de Marhel.
Mientras que su esposa, quien figura como accionista mayoritaria, es quien aparece como representante de la empresa en las órdenes de compra de los pedidos de cada uno de los 21 contratos otorgados por Segalmex.
En dichos documentos señala que la empresa tiene su domicilio en el 2212 de Avenida Marina Mazatlán, en la colonia del mismo nombre, donde se ubica la plaza comercial identificada como Bahía Marina, en el puerto de Mazatlán.
En el acta constitutiva de Marhel se señala como su objeto social la comercialización, importación, exportación y distribución de mariscos y productos del mar, así como productos cárnicos de todo tipo de animal, agroganaderos y minerales, entre otros.
En marzo del 2021, registró una modificación al objeto de la sociedad, al añadir la acuicultura, y comercialización de materias primas derivadas de la misma, así como el cultivo, cría y cuidado de animales y vegetales acuáticos. Y en mayo del 2021 se registró la incorporación al Consejo de Administración de Tatiana Teresita Aguayo Moreno, quien también trabajó en la Conapesca hasta mayo del 2016.
Aunque se buscó una postura por parte de la empresa que dirige Botello Ruvalcaba, tanto vía telefónica como a través del correo electrónico que nos indicaron, ventas@marhel.com.mx, no hubo respuesta.
En sus oficinas, donde confirmaron que es el director general de Grupo Marhel, se informó que éste se encontraba fuera de la ciudad y le harían llegar la petición donde se le cuestiona sobre el vínculo con la compañía fantasma y la diversidad de productos que ha vendido al Gobierno, pese a tratarse de una empresa enfocada en la comercialización de productos del mar.