Una acusación del Departamento de Justicia en Estados Unidos en contra de un ex ejecutivo de la multinacional Vitol, reveló el esquema mediante el que se pagaron sobornos por más de 12 millones de pesos -triangulados a través de una red de empresas fantasma en Curazao y México- a dos ex funcionarios de Pemex Procurement International (PPI), la filial de Pemex en Houston, entre octubre del 2017 y enero del 2020.

Este periodo abarca la anterior Administración federal y la primera parte del actual sexenio, en la que PPI ha estado dirigida -desde julio del 2019- por Carmelina Esquer Camacho, hija del secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo.

En la acusación emitida en contra de Javier Alejandro Aguilar Morales, ex ejecutivo de Vitol, se detalla que entre 2017 y 2020 participó en el pago de al menos 15 sobornos que suman alrededor de 627 mil dólares, equivalente a más de 12 millones de pesos, que beneficiaron a Gonzalo Guzmán Manzanilla y Carlos Espinosa Barba, ex gerentes de compras de PPI.

“En o alrededor de octubre de 2017 y enero de 2020, Aguilar, en conjunto con otros, provocó que se pagaran al menos siete pagos de sobornos por un total aproximado de 371,466 dólares a o en beneficio de Guzmán”, detalla el documento.

“En o alrededor de octubre de 2017 y septiembre de 2019, Aguilar, en conjunto con otros, provocó que se pagaran al menos ocho pagos de sobornos por un total aproximado de 255,895 dólares a o en beneficio de Espinosa”.

El documento de la Corte del Distrito Sur de Texas exhibe que el mecanismo para la distribución de los sobornos incluyó a dos empresas fantasma creadas en la isla caribeña de Curazao “Lion Oil” y “Zanza Oil” y a cinco compañías fachada creadas en México, cuyos nombres no se detallan, cuyas cuentas bancarias fueron empleadas para dispersar los pagos a través de transferencias.

Según la acusación del Departamento de Justicia, Javier Alejandro Aguilar Morales, quien trabajaba como ejecutivo de Vitol, fue quien intervino para sobornar a los funcionarios de PPI.

Sin embargo, en una audiencia realizada el pasado lunes en una corte de Houston, Aguilar Morales se declaró inocente de los cargos por corrupción y una jueza lo liberó bajo fianza. El juicio está previsto que se reanude en octubre.

Aguilar también es acusado de haber pagado sobornos a nombre de Vitol en Ecuador y Brasil, casos que siguen abiertos.

Ocultan sobornos con 7 empresas fantasma

Los dos funcionarios mexicanos supuestamente sobornados trabajaron en PPI desde sexenios anteriores y permanecieron en sus cargos en el primer tramo del actual gobierno federal.

En la investigación del Departamento de Justicia se detalla que Gonzalo Guzmán Manzanilla trabajó en PPI desde 1999 hasta 2020,  en tanto que Carlos Espinosa Barba se desempeñó en la misma dependencia entre 2006 y 2019.

Según la acusación, ambos funcionarios actuaron en los actos de corrupción “a título oficial y en nombre de Pemex”.

Otro de los involucrados en la trama es Lionel Hanst, un ciudadano de los Países Bajos residente en Curazao, quien es señalado de haber facilitado la utilización de las empresas fantasma “Lion-Oil BV” y “Zanza Oil BV”, así como cuentas bancarias, para ocultar y distribuir pagos corruptos de Vitol a favor de los funcionarios mexicanos.

Además, participó un intermediario -cuya identidad no ha sido revelada- que auxilió a crear cinco empresas fantasma en México, que también sirvieron para esconder y dispersar los sobornos.

De acuerdo con la acusación, Aguilar prometió sobornos por 600 mil dólares a cambio de información confidencial que le permitiera a Vitol obtener y conservar negocios, incluido un contrato para suministrar etano a Pemex a través de PPI, que le fue asignado en junio de 2018.

Algunas transferencias bancarias por sobornos se hicieron desde el Reino Unido a cuentas a nombre de “Lion Oil” y “Zanza Oil” en Curazao, y luego el dinero fue triangulado a empresas fantasma ubicadas en México.

Otra porción de los sobornos fueron pagados en efectivo por un intermediario a los dos funcionarios y a familiares de uno de ellos.

Para disfrazar aún más los pagos, las empresas fantasma “Lion Oil” y “Zanza Oil” simularon acuerdos de corretaje y canje de productos para Vitol, para lo cual emitieron facturas falsas.

Los involucrados utilizaban palabras clave para notificar por correo electrónico los sobornos, a los cuales los identificaban como “zapatos”, “medicinas”, “invitaciones”, “café” y “recetas”.

La clave: mensajes de correo electrónico y WhatsApp

Entre las evidencias recopiladas, el Departamento de Justicia obtuvo un correo electrónico que el ejecutivo de Vitol le envió en diciembre de 2017 al operador de las empresas fantasma de Curazao, con una factura falsa y el mensaje: “¿Puedes procesarlo por favor?”. La factura amparaba el pago de 51 mil 845 dólares y había sido emitida por una compañía “fachada” de México a “Lion Oil”.

Otra evidencia integrada a la acusación fue un mensaje enviado por WhatsApp el 11 de mayo de 2018, en el que el ejecutivo de Vitol le pidió a un funcionario de PPI información privilegiada y confidencial para tomar ventaja sobre sus competidores en una licitación.

También se anexó un correo electrónico que el ejecutivo de Vitol le envió a dos de sus colaboradores, con el siguiente mensaje: “Finalmente tenemos los bbls de ETANO… para el largo plazo…. Necesitamos hacer un movimiento de 350 Kbls… divididos en 3…” Adjunto al correo había una hoja de cálculo que contenía información de cuentas bancarias e instrucciones para hacer transferencias a cuentas bancarias a nombre de tres compañías fantasma.

El 11 de julio de 2018 “Zanza Oil” envió desde Curacao más de 114 mil dólares a la cuenta bancaria de una empresa fantasma de México. Ese mismo día el intermediario en esta trama de corrupción envió a uno de los funcionarios de PPI un mensaje en clave: “Ya se envió una receta y será surtida dentro del plazo en próximos días”. Cinco días después, el mismo intermediario escribió de nuevo al funcionario: “La primera receta está lista. Estará disponible hoy después de las 4 pm”.

Esta serie de pagos supuestamente fueron en recompensa por un contrato de etano asignado en junio de 2018, durante el gobierno de Peña.

Los pagos continuaron en los siguientes meses, y según la acusación formal se extendieron hasta enero de 2020, aunque en los documentos no se precisan los beneficios que Vitol obtuvo a cambio en el actual gobierno o si los pagos corresponden a acuerdos previos realizados en el anterior sexenio.