En un reñido 6-5, el máximo tribunal dio luz verde para la iniciativa impulsada por el presidente. Zaldívar respaldó el proyecto: “No viola los Derechos Humanos”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin a semanas de debate sobre cómo votará con respecto a la consulta de expresidentes impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un voto mayoritario de 6 contra 5, declaró que la iniciativa era constitucional, otorgándole un contundente -y algo inesperado- triunfo político al líder de la 4T.
La consulta popular, que prevé investigar y llegado el caso enjuiciar a los último cinco ex presidentes mexicanos, como jamás ha ocurrido en la historia del país, obtuvo el voto a favor de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y, más importante, del presidente del máximo tribunal Arturo Zaldívar.
Los magistrados que no respaldaron la propuesta fueron Jorge Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Fernando Franco, Norma Lucía Piña y Luis María Aguilar, quien había elaborado el análisis del proyecto que debatió en reunión virtual el Pleno, y que calificaba de “inconstitucional” la iniciativa.
Sin embargo, en lo que era la exposición más esperada, fue el propio Zaldívar el que rechazó más frontalmente los argumentos de Aguilar, diciendo que no compartía la “interpretación constitucional” que había volcado en el documento. “No podemos cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal”, advirtió el magistrado.
“La tesis central de la propuesta es que validar la consulta dará lugar a un conjunto de violaciones a los derechos de debido proceso, acceso a la justicia, presunción de inocencia, igualdad y a los derechos de las víctimas pues vinculará a las autoridades de procuración e impartición de justicia a actuar o dejar de hacerlo en virtud del resultado. Eso no es así”, continuó el presidente de la Suprema Corte.
Agregó también que, en su parecer, una consulta no supone una violación a los Derechos Humanos ni genera una estigmatización ante la opinión pública como lo había afirmado el magistrado Aguilar. “Los riesgos no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión”, insistió Zaldívar.
Subrayó que se han hecho consultas en Argentina, Francia y Austria, “y en ninguno ha tenido efectos vinculantes. Se ha demostrado que pueden tener efectos importantes en la vida púbica”. “Es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal, no podría tener efectos vinculantes para las autoridades, en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones”.
De todas maneras, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la pregunta que planteó López Obrador debe cambiarse cuando se realice la consulta por una “más neutral”. La nueva pregunta aprobada por ocho de los jueces reza: “‘¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.
Vale recordar que durante los últimos días, el presidente López Obrador había reclamado al máximo tribunal que no desechara la consulta, recomendándoles que escuchen lo que piensan los ciudadanos comunes sobre la corrupción de los “años neoliberales” y amenazando con impulsar una reforma constitucional para asegurarse la realización de la consulta. La consulta se celebrará el próximo año, a unos meses de la renovación de todos los escaños en el Congreso de la Unión y de 15 gubernaturas.
