Desde este momento he tomado la decisión de abstenerme de interferir en lo que se resuelve el conflicto de fondo, mientras tanto procuraré desarrollar mis actividades personales de manera ordinaria.”
Estas palabras fueron pronunciadas por
Armando Ríos Piter, quien se ostenta como uno de los dos rectores dela Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
En un mensaje emitido a través redes sociales el martes de la semana pasada, el antiguo senador cometió el acto de magia de deslindarse sin deslindarse.
No renunció al cargo, porque entre los mensajes del video transmitido apareció varias veces la leyenda “rector dela UDLAP”. Ríos Piter ofreció “abstenerse de interferir”, pero no presentó su dimisión. El conflicto que tiene en crisis a la UDLAP desde hace seis meses ha estado marcado por mañas y ambigüedades similares a ésta.
Otro ejemplo del mismo estilo engañador es la carta que el abogado Rodrigo Gurza Cárdenas envió a la dirección de esta revista el domingo 9 de enero para quejarse de un artículo de mi autoría titulado Hoy es política la solución para salvar a la UDLAP (Proceso 2358).
Es criterio editorial de esta publicación solicitar a las personas peticionarias de réplica que confirmen identidad jurídica. Por tanto, se solicitó a Gurza que proporcionara cualquier documento que le confiara poder legal sobre el patronato de la Fundación Mary StreetJenkins.
En este caso la precaución era doblemente necesaria, ya que existe evidencia que confiere esa misma investidura a otro abogado, Félix Edmundo Bautista Salazar.
También porque existe una resolución del juez tercero federal radicado en Puebla en la que se desconoce la representación jurídica a Gurza Cárdenas, así como de las personas que lo nombraron su representante.
No sorprende que al final este abogado se haya escondido sin entregar las acreditaciones requeridas. Esta es la razón por la que su réplica no fue publicada.
Desde junio del año pasado el juez tercero penal del fuero federal ordenó al grupo de personas que mandataron al abogado Gurza, y también al rector Ríos Piter, que restituyesen el campus de la UDLAP, ubicado en San Andrés Cholula, al patronato representado por Bautista Salazar.
Lo hizo como medida cautelar en lo que se resuelve el fondo de un litigio muy complejo y que puede durar mucho tiempo. Esta restitución atendió a la necesidad que tiene la comunidad de la UDLA.P, integrada por más de 12 mil personas, de regresar a sus actividades presenciales.
Sin embargo, tanto Gurza como Ríos Piter se negaron a respetar la orden judicial, lo cual terminará sumándose, como problema, a la larga lista de irregularidades en las que ambos están involucrados.
La misma jornada en que Ríos Piter grabó el mensaje videado, una juez de Control del estado de Puebla, Magally Escamilla Rodríguez, emitió un exhorto cuyo tono y argumentos responden también al estilo rocambolesco.
A petición de Gurza, ella ordenó que el campus fuese devuelto, pero al grupo de sujetos al que pertenece este abogado.
Además, la juez local Escamilla cometió el error de reconocerle personalidad jurídica a Gurza, lo mismo que al patronato que, de acuerdo con el juez tercero federal, no tiene legitimidad.
Esta funcionaria local desestimó, pues, la orden judicial federal emitida en junio del año pasado, así como la resolución que un tribunal colegiado obsequió semanas después en el mismo sentido.
Los ardides de la mancuerna Rios Piter Gurza protagonizada esta semana no tiene desperdicio: 1) el abogado le pide a una juez local la restitución efectiva del campus a sus patrones; 2) ella concede en automático; 3) Ríos Piter se deslinda sin renunciar, y 4) los tres asumen que la maniobra logrará engañar a alguien fuera de su pequeño círculo de complicidades.
Si la UDLAP continúa cerrada, no es únicamente porque Gurza y Ríos Piter echaron un cerrojo sobre sus puertas, sino por la cantidad de falsedades que han llevado a la destrucción de la vida académica de la universidad privada más importante de esa entidad.
Igualmente, la crisis se debe a que estas personas trabajan para y con el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Gurza es el representante legal de un grupo de presuntos patronos nombrados por el mandatario poblano. De su lado, Rios Piter llegó al cargo propuesto por alguien más, pero con la anuencia del gobernador.
La falta de sinceridad es el alimento cotidiano de la crisis de la UDLAP. Quienes estallaron los conflictos y los han escalado día a día creen que pueden falsear sin ser notados, se creen intelectualmente geniales y políticamente impunes.
En realidad, son autores del asesinato de un proyecto educativo que merecía mejor suerte.
En estas mismas páginas el periodista Mathieu Tuurliere aseguró que el gobernador Barbosa y sus abogados, entre ellos Roberto Gil Zuatth, lo que en realidad buscan es apropiarse del patrimonio heredado en los cincuenta del siglo pasado por William Jenkins a favor de la fundación Mary Street Jenkins (Proceso 2361).
Para confirmar o refutar lo anterior habra de investigarse quién, en los hechos, propuso el nombre de Armando Ríos Piter al gobernador Barbosa y quién está realmente detrás del abogado pendenciero, Rodrigo Gurza Cárdenas.
Los verdaderos autores intelectuales de esta crisis no tienen interés alguno en atender las demandas de la comunidad UDLAP. Sus prioridades son otras y, hasta ahora, van ganando.
Este litigio encontrará luz hacia marzo de este año cuando el juez tercero Penal federal convoque a la audiencia constitucional donde habrá de resolverse el fondo del conflicto; sólo entonces se conocerá quién es la autoridad legítima y definitiva de esta universidad.
Mientras tal cosa ocurre y la verdad re toma relevancia, la corte de engañadores seguirá galopando sobre los caballos de la mezquindad, la arrogancia y la frivolidad. •
