UIF bloquea 7 mil 861 cuentas ligadas a grupos criminales; entidades gobernadas por Morena concentran parte importante del registro
Ciudad de México, Sinaloa y Baja California, gobernadas por Morena, aparecen entre las cinco entidades con más cuentas inmovilizadas vinculadas a organizaciones criminales, según los datos presentados por Omar Reyes, titular de la UIF. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum anunció que recursos recuperados de la red financiera atribuida a Genaro García Luna podrían destinarse a escuelas en la Montaña de Guerrero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que 7 mil 861 de las 24 mil 622 cuentas inmovilizadas durante la actual administración corresponden a integrantes de organizaciones criminales, una cifra que equivale al 31.9 por ciento del total.
Los datos fueron presentados por Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se expusieron los resultados de la estrategia para identificar y bloquear recursos financieros presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
Sin embargo, el desglose territorial de las cifras coloca entre las entidades con mayor número de cuentas inmovilizadas a varios estados gobernados por Morena.
Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas bloqueadas, entidad gobernada por Clara Brugada Molina, de Morena.
Le sigue Jalisco, con mil 185 cuentas, estado gobernado por Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano.
En tercer lugar aparece Nuevo León, con 955 cuentas inmovilizadas, gobernado por Samuel García Sepúlveda, también de Movimiento Ciudadano.
Después se encuentra Sinaloa, con 723 cuentas bloqueadas, entidad gobernada actualmente por Graciela Domínguez Nava, en sustitución de Rubén Rocha Moya, señalado actualmente por el caso de huachicol fiscal.
El quinto lugar corresponde a Baja California, con 356 cuentas inmovilizadas, estado gobernado por la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Los datos muestran la presencia territorial de las operaciones financieras vinculadas con organizaciones criminales, aunque el número de cuentas inmovilizadas por entidad no establece por sí mismo una responsabilidad de los gobiernos estatales.
#Nacional | 🚨💰 CDMX encabeza cuentas vinculadas a grupos criminales inmovilizadas por la UIF
El titular de la UIF, Omar Reyes, informó que 7,861 de las 24,622 cuentas inmovilizadas durante la administración de @Claudiashein están relacionadas con integrantes de organizaciones… pic.twitter.com/OA6JpjOGO2
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Una de cada tres cuentas bloqueadas, vinculada con organizaciones criminales
Durante su exposición, Omar Reyes explicó que la UIF se encarga de detectar operaciones financieras inusuales, analizar información y generar inteligencia financiera para identificar personas y estructuras que representen un riesgo para el sistema financiero.
Cuando existen los elementos correspondientes, explicó, las personas o estructuras son incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de inmovilizar los recursos.
De acuerdo con el funcionario, durante la administración de Claudia Sheinbaum se han incorporado 2 mil 395 sujetos a dicha lista y se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.
De ese total, 7 mil 861 cuentas corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país.
“Esto representa el 31.9 por ciento del total de las cuentas bloqueadas; es decir, prácticamente una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos criminales”, señaló Omar Reyes.
El titular de la UIF sostuvo que estas acciones buscan debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales, impedir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad.
La estrategia contra la extorsión suma mil 443 cuentas inmovilizadas
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio de 2025, la UIF también reportó acciones dirigidas específicamente a las estructuras financieras relacionadas con este delito.
Según Omar Reyes, mil 443 cuentas han sido inmovilizadas por estar relacionadas con investigaciones por extorsión, lo que representa el 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas.
La UIF busca identificar las cuentas, personas y estructuras utilizadas para recibir, mover y disponer de recursos obtenidos mediante extorsión, con el propósito de afectar la capacidad económica de quienes participan en estas actividades y evitar que el sistema financiero sea utilizado para movilizar recursos de origen ilícito.
El caso García Luna: millones estimados y apenas 5.8 millones de dólares recuperados
Otro de los temas expuestos durante la conferencia fue el caso relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Omar Reyes explicó que entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el presunto desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de contratos celebrados entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas.
#DesdePALACIO 🚨💵 305 mdp y 27.8 mdd: la ruta financiera que la UIF atribuye a García Luna
Omar Reyes, titular de la UIF, detalló que el análisis financiero permitió reconstruir movimientos de recursos relacionados con Genaro García Luna.
📊 Entre 2015 y 2017, según la… pic.twitter.com/8oxo08NhBA
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De acuerdo con la información presentada, el esquema involucró más de 403 millones de dólares y contempló la presunta simulación de prestación de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares, así como el uso de empresas fachada.
La UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2019 y posteriormente impulsó una demanda civil en Florida.
El caso avanzó mediante la coordinación entre la UIF, la FGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de la asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
Según Omar Reyes, en 2026 se obtuvo una sentencia definitiva en el caso de la familia Weinberg en un tribunal de Florida por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.
El funcionario explicó que entre 2015 y 2017, García Luna habría fondeado un conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.
La información presentada por la UIF señala que la familia Weinberg tuvo un papel clave en este esquema mediante empresas fachada que se beneficiaron con 30 contratos gubernamentales presuntamente inflados con sobreprecios.
Sheinbaum: el objetivo es llevar recursos a escuelas de Guerrero
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la investigación sobre García Luna no se limita a los hechos por los que actualmente permanece detenido en Estados Unidos.
Recordó que García Luna fue secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012 y señaló que la investigación estadounidense se centró en sus vínculos con organizaciones delictivas durante su paso por el gobierno federal.
Sin embargo, Sheinbaum afirmó que posteriormente el exfuncionario “se dedicó a hacer negocios turbios” mediante empresas que presuntamente ofrecían equipos relacionados con seguridad, pero que, según explicó, habrían participado en esquemas fraudulentos.
La presidenta explicó que las cifras expuestas no significan necesariamente que la totalidad de los recursos se encuentre físicamente depositada en una sola cuenta.
Según Sheinbaum, los montos corresponden a una estimación del tamaño del fraude, la corrupción y los contratos presuntamente inflados o fraudulentos realizados entre 2012 y 2018.
#DesdePALACIO | La presidenta @Claudiashein informó que, tras el juicio civil relacionado con Genaro García Luna y la familia Weinberg, hasta ahora se han recuperado 5.8 millones de dólares.
🇲🇽 La mandataria adelantó que estos recursos serán destinados a mejorar escuelas en las… pic.twitter.com/wS6zdNLM8A
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Expuso como ejemplo contratos en los que se pagaban equipos que presuntamente nunca eran entregados o que tenían costos considerablemente superiores a su valor real.
A pesar de las cifras millonarias asociadas al caso, la presidenta informó que hasta ahora se han podido recuperar 5.8 millones de dólares.
El contraste es significativo: mientras las estimaciones del daño y los recursos involucrados ascienden a cientos de millones de pesos y dólares, la cantidad recuperada hasta ahora representa una fracción de los montos expuestos públicamente.
Sheinbaum señaló que el objetivo del Gobierno de México es que los recursos recuperados puedan destinarse a la construcción y fortalecimiento de escuelas en la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayores necesidades del país.
La mandataria indicó que se trabaja para impulsar proyectos de educación superior y media superior, además de atender las necesidades de educación básica.
“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero”, afirmó.
La presidenta indicó que se trata de alrededor de 100 millones de pesos que serán destinados a las zonas de mayor necesidad del país, dentro del proyecto educativo planteado por el gobierno federal.
Cuentas congeladas como golpe a las finanzas criminales
La estrategia de la UIF parte del principio de que afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales puede limitar su capacidad operativa.
El bloqueo de cuentas busca impedir que los recursos presuntamente ilícitos continúen circulando dentro del sistema financiero.
En el caso de los recursos inmovilizados, Claudia Sheinbaum explicó que si el dinero no es reclamado o no se logra demostrar su origen legítimo, la normatividad permite que pueda ser destinado a otros fines públicos.
Entre ellos, el Gobierno Federal plantea utilizar recursos recuperados para financiar infraestructura educativa en la Montaña de Guerrero.
Las cifras presentadas por la UIF dejan, sin embargo, dos elementos sobre la mesa: la amplia presencia territorial de cuentas vinculadas con estructuras criminales y el desafío de convertir las investigaciones financieras y las sentencias millonarias en recursos efectivamente recuperados y destinados al interés público.
