A Diego Rivera Navarro lo acusan de delincuencia organizada y secuestro agravado; el interinato de Lorena Marisol Rodríguez arrancó con cabildo dividido y, horas después, Pablo Lemus llegó a Tequila con un plan de 500 mdp y refuerzo federal.
La crisis política y de seguridad en Tequila, Jalisco, escaló esta semana con un mensaje doble: por un lado, la justicia federal; por el otro, el control del daño político. El exalcalde morenista Diego Rivera Navarro fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado, y un juez determinó que permanezca privado de la libertad mientras avanzan las indagatorias.
El caso no solo sacude al municipio por el perfil del detenido —un presidente municipal en funciones hasta hace días—, sino por el tipo de acusaciones: se investiga una estructura delictiva operando desde el poder local, con señalamientos que incluyen la privación ilegal de la libertad de actores políticos y presuntas presiones para forzar renuncias. En otras palabras: la disputa por el control del ayuntamiento habría tenido capítulos de violencia “de manual”.
De acuerdo con la investigación, uno de los episodios clave se remonta a 2021, cuando fueron privados de la libertad Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, vinculados a la contienda interna rumbo a la presidencia municipal; la carpeta sostiene que fueron orillados a firmar sus renuncias. A esto se suma la acusación de secuestro agravado por la privación de la libertad de un comerciante, presuntamente por negarse a pagar “derecho de piso”.
El juez desechó la narrativa defensiva que buscaba encuadrar el asunto como persecución política y, en cambio, consideró que existen indicios suficientes para sostener la imputación y continuar el procedimiento. Además, se fijó un plazo para la investigación complementaria.
Junto al exedil, también fueron vinculados a proceso otros exfuncionarios municipales, entre ellos el director de Seguridad Pública Juan Manuel “N” y el exdirector de Catastro y Predial Juan Gabriel “N”, piezas que aparecen en el expediente como parte del engranaje de poder municipal bajo sospecha.
Aquí aparece un dato políticamente delicado: el nombre del exdirector de Catastro se cruza con versiones públicas sobre cercanías internas en el ayuntamiento y la nueva etapa del gobierno municipal. Aun sin convertir el rumor en sentencia (porque no lo es), el simple “ruido” es suficiente para tensar el arranque del interinato.
Tras la detención del alcalde, el ayuntamiento designó como presidenta municipal interina a Lorena Marisol Rodríguez Rivera en una sesión a puerta cerrada, con vigilancia y acceso restringido; la votación fue dividida y el proceso se resolvió en cuestión de minutos. En su primer mensaje, pidió respeto al debido proceso y negó que su llegada fuera producto de un acuerdo cupular.
A la par, resurgió la conversación pública alrededor de un video donde se le observa cantando narcocorridos en una fiesta (un episodio viral previo), lo que cargó de simbolismo incómodo la frase “cambio de rumbo” en un municipio que hoy intenta vender estabilidad.
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El gobernador entra a escena: 500 mdp para “reactivar” Tequila
Con el municipio en crisis, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, llegó a Tequila para reunirse con el cabildo y con la alcaldesa interina, acompañado de funcionarios estatales y representantes empresariales. Ahí anunció una inversión de 500 millones de pesos para “reactivar” al municipio en rubros como seguridad, salud, educación, programas sociales y reactivación económica.
El paquete incluye mantener un despliegue coordinado con Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, así como gestionar el descongelamiento de cuentas municipales para garantizar el pago de salarios; de ser necesario, el estado adelantaría participaciones.
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