El investigador de la BUAP Martín Rodrigo Echeverría Victoria plantea alfabetización mediática, regulación de plataformas y responsabilidad ciudadana frente a contenidos falsos y posibles fraudes.

Las redes sociales dejaron de funcionar únicamente como plataformas de entretenimiento y se convirtieron en canales centrales para acceder, consultar y distribuir información, con capacidad para intervenir en la construcción de la opinión pública, participación ciudadana y discusión de políticas públicas, señaló Martín Rodrigo Echeverría Victoria, investigador de la BUAP.

El especialista en ciencia política y comunicación social, adscrito al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE), planteó la necesidad de mantener una mirada crítica sobre los contenidos difundidos mediante plataformas digitales y avanzar en mecanismos de regulación frente a fenómenos como desinformación, fraudes, manipulación y contenidos utilizados para captar a jóvenes mediante ofertas laborales falsas.

También advirtió que la Inteligencia Artificial añade otra dimensión al problema, debido a que permite automatizar y acelerar tanto la creación como la distribución de contenidos falsos.

Frente a este escenario, Echeverría Victoria sostuvo que la responsabilidad no corresponde únicamente a gobiernos y plataformas: las personas usuarias también pueden evitar contribuir a la propagación de información sospechosa mediante acciones tan básicas como no compartir o dar “like” antes de verificar su origen.

Desinformación obliga a cuestionar quién está detrás de los contenidos

Para el investigador de la BUAP, preguntarse sobre la veracidad de lo que circula en internet resulta fundamental debido a los diferentes intereses que pueden encontrarse detrás de los contenidos.

Una de las alternativas es la alfabetización mediática, estrategia que, explicó, ya se desarrolla en algunos países y que puede resultar particularmente importante entre población adulta para desarrollar criterios que permitan distinguir información falsa de contenidos sustentados en fuentes verificables.

La discusión también involucra la regulación de las propias plataformas.

Echeverría Victoria recordó que redes como Facebook e Instagram ya aplican restricciones frente a determinados contenidos, como desnudos, material sexual o violencia explícita, por lo que existen antecedentes de moderación dentro de los propios servicios digitales.

En algunos países, agregó, también existen disposiciones que obligan a retirar información cuando se acredita que es falsa.

América Latina avanza con mayor cautela en regulación

El investigador señaló que en México y América Latina la discusión regulatoria ha avanzado con mayor cautela.

“La apuesta de las plataformas es comprometerse a autorregularse para no entrar en litigio y verse obligadas a cumplir con ciertas restricciones”, explicó.

Como ejemplo mencionó el caso de Brasil, donde el debate sobre moderación adquirió particular relevancia alrededor del periodo electoral y los acontecimientos posteriores a la elección presidencial de 2022.

Para Echeverría Victoria, uno de los principales dilemas está en encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y otros derechos, entre ellos el acceso a información confiable y la protección frente a mecanismos de manipulación.

Señaló que en Europa esta discusión ha incluido la protección de la integridad de los procesos electorales y el derecho de las personas a recibir información sin ser engañadas.

Redes también pueden ser utilizadas para reclutar jóvenes

El académico advirtió que los riesgos de la desinformación pueden superar el ámbito político.

Expuso como ejemplo el uso de Instagram o TikTok para publicar supuestas ofertas laborales que pueden utilizarse como mecanismos de captación de jóvenes por parte de grupos criminales.

“Esa es una forma de desinformación evidentemente mucho más crítica, incluso trágica”, señaló.

Ante situaciones de esta naturaleza, consideró que debe ponderarse el derecho de las personas jóvenes a ser protegidas frente a mecanismos digitales que pueden colocarlas en condiciones de riesgo.

También se pronunció por establecer controles sobre canales digitales utilizados para ofrecer productos o servicios fraudulentos, pues las plataformas funcionan como vías para hacer llegar esas ofertas a posibles víctimas.

IA puede acelerar la fabricación y distribución de desinformación

Otro desafío analizado por el investigador es el crecimiento de la Inteligencia Artificial.

Echeverría Victoria explicó que su impacto no se limita a la generación de textos, imágenes o videos, sino que puede convertirse en una herramienta para sofisticar operaciones de desinformación, debido a su capacidad para automatizar procesos.

Esto permite acelerar tanto la fabricación del contenido como su distribución masiva.

Como ejemplo, mencionó un reportaje publicado por The New York Times sobre una operación compuesta por miles de perfiles de influencers ficticios en Instagram utilizados para difundir mensajes políticos.

Para el académico, este tipo de mecanismos evidencia el nivel de sofisticación que pueden alcanzar las campañas digitales y la importancia de analizar el papel de instituciones públicas, empresas tecnológicas y ciudadanía.

Academia puede aportar al diseño de políticas públicas

Echeverría Victoria destacó que la academia puede aportar evidencia y propuestas para quienes toman decisiones y elaboran legislación relacionada con los fenómenos digitales.

Reconoció, sin embargo, que trasladar investigaciones académicas hacia decisiones públicas puede ser complicado, particularmente cuando se abordan asuntos políticos o relacionados con intereses industriales.

Definió este proceso como un trabajo constante de persuasión, acercamiento y aprovechamiento de oportunidades, y mencionó como referencia los procesos que derivaron en modificaciones legislativas como la denominada Ley Olimpia.

“Podemos hacer algo desde nuestro celular”

Además de las obligaciones que puedan corresponder a gobiernos y plataformas, el investigador insistió en la responsabilidad individual de las personas usuarias.

La recomendación es sencilla: cuando un contenido resulta sospechoso, carece de una fuente identificable o genera dudas sobre su autenticidad, es preferible no compartirlo ni amplificarlo mediante interacciones.

“Podemos hacer algo desde nuestro celular, siendo juiciosos e intuitivos al compartir o no esos contenidos”, expresó.

Antes de contribuir a la difusión, recomendó consultar otras fuentes y diferentes enfoques de análisis, una práctica que permite ampliar la perspectiva de las personas y reducir su participación involuntaria en cadenas de desinformación.