El show de Biestro, la inconstitucionalidad de citar a la alcaldesa.

 

El citatorio del Congreso del Estado a la presidenta municipal Claudia Rivera a través de la comisión inspectora que preside la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo por una queja que llegó al Poder Legislativo donde se tacha de injustificado el proyecto de remodelación del Centro Histórico de 135 millones de pesos, carece de los fundamentos legales básicos.

En la queja también se aluden notas periodísticas para señalar supuestas irregularidades en la compra de juguetes para la celebración del Día del Niño, en la contratación de un servicio de fletes en 2019, así como en la entrega de despensas, kids de higiene y ventiladores con motivo de la pandemia.

La Barra mexicana del colegio de abogados realizó un ejercicio para demostrar la inconstitucionalidad del acto.

Participaron: Víctor León Rueda quien le ganó varios casos a los abogados del Morenovallismo, Norma Pimentel y Raúl Hernández Arguelles, presidente y vicepresidente de la Barra de abogados,  Muñe Espinoza y José Aguilar. Todos con Doctorado en derecho

El Congreso del estado debería de plantearse varias preguntas y contestarlas de manera técnica, alejado de la política, de las fobias y de las grillas.

  • ¿Cuál es la diferencia entre un servidor público y funcionario público?

  • ¿Quién es el superior jerárquico de la presidenta municipal?

  • ¿Existe relación jerárquica entre el Congreso del Estado y los municipios?

Las respuestas a lo anterior las podrán encontrar en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley orgánica del poder legislativo del estado (art 222-223 y 224)

El  lenguaje es neutro, sencillo, comprensible y no genera ambigüedades.

Por lo que el tema tiene muy poco de jurídico y sí mucho de político.

Sin embargo la diputada Garci-crespo y su ‘jefe’ Gabriel Biestro insisten en interpretar la ley de diferente manera y buscan espacios en las redes para copiar y pegar conceptos legales que ni siquiera logran entender completamente.

Biestro razona de la siguiente manera, considera que la presidenta municipal debe comparecer ante la comisión inspectora por que es titular del ayuntamiento. Sin embargo su lectura y sus asesores deberían ir más allá y saber que FUNCIONARIO PÚBLICO es un servidor del Estado competente para ocupar grados superiores de la estructura orgánica y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando.

La ley menciona que quien no cumpla con la comparecencia será requerida por sus superiores, en este caso ¿quién es el superior de la alcaldesa?

Alguien les debería avisar a los diputados que el cabildo es el facultado para llamar a cuentas a la alcaldesa  y no ellos, pues de esta forma están violando  los principios constitucionales de autonomía municipal  y división  de poderes.

Además el Congreso del Estado somete a la Auditoria Superior del Estado quien valida el acto al prestar las instalaciones para un acto inconstitucional, pues se viola el debido proceso.

El Congreso del Estado si puede llamar a cuentas a la alcaldesa siempre y cuando exista un proceso sancionatorio iniciado por la Auditoria y un pliego de observaciones.

Peor aún, los hechos consumados e inconstitucionales a todas luces nos sitúan ante un hecho con apariencia de delito cometido por los diputados: ejercicio indebido de funciones,  actos de autoridad para los que no están facultados que bien podrían entrar en un tema de juicio político

Uno esperaría que los Diputados al menos tengan asesores con conocimientos y que se hagan escuchar, ajustándose  al rigor jurídico para  evitarse la vergüenza legislativa y el show mediático

De ahí que resuma que la mala interpretación de la ley del Dip. Biestro y la legisladora Garci-crespo hagan un  concierto de inconstitucionalidades que inciden negativamente en la autonomía municipal y el Estado de Derecho mismo, pues está cargado de intenciones tendenciosas.

Pero ni hablar, diría el filósofo de por aquí cerquita: ‘Con estas mulas hay que arar’

Aquí les dejo el video de la ponencia de la Barra mexicana del colegio de abogados.

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