El citatorio del Congreso del Estado a la presidenta municipal Claudia Rivera a través de la comisión inspectora que preside la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo por una queja que llegó al Poder Legislativo donde se tacha de injustificado el proyecto de remodelación del Centro Histórico de 135 millones de pesos, carece de los fundamentos legales básicos.
En la queja también se aluden notas periodísticas para señalar supuestas irregularidades en la compra de juguetes para la celebración del Día del Niño, en la contratación de un servicio de fletes en 2019, así como en la entrega de despensas, kids de higiene y ventiladores con motivo de la pandemia.
La Barra mexicana del colegio de abogados realizó un ejercicio para demostrar la inconstitucionalidad del acto.
Participaron: Víctor León Rueda quien le ganó varios casos a los abogados del Morenovallismo, Norma Pimentel y Raúl Hernández Arguelles, presidente y vicepresidente de la Barra de abogados, Muñe Espinoza y José Aguilar. Todos con Doctorado en derecho
El Congreso del estado debería de plantearse varias preguntas y contestarlas de manera técnica, alejado de la política, de las fobias y de las grillas.
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¿Cuál es la diferencia entre un servidor público y funcionario público?
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¿Quién es el superior jerárquico de la presidenta municipal?
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¿Existe relación jerárquica entre el Congreso del Estado y los municipios?