Por: Antonio Lobo
En el estado de Puebla, las Universidades Tecnológicas (UT) fueron creadas con la finalidad de vincular la educación técnica superior con el desarrollo económico regional. No obstante, el análisis de los indicadores institucionales de las UT de Puebla, Oriental, Tehuacán e Izúcar de Matamoros muestra una situación crítica. Las cifras obtenidas a través del portal de transparencia con datos otorgados por las propias instituciones, revelan estancamiento en procesos clave, alta deserción, bajos índices de colocación laboral y una débil cultura de evaluación institucional. Esta problemática es agravada por la omisión sistemática del gobierno estatal, que ha sido incapaz de implementar una política efectiva de mejora educativa.
UT de Puebla: Rendimiento alto con opacidad informativa.
La Universidad Tecnológica de Puebla cuenta con una matrícula creciente y un portafolio académico amplio que incluye TSU, Ingenierías y Maestrías. Reporta tasas de titulación elevadas (99% en TSU y 98% en Ingeniería) y ha incrementado el número de profesores en el SNI (de 1 a 12 entre 2019 y 2024). Sin embargo, hay serias omisiones en transparencia: los costos por alumno no se desglosan por programa (aunque en 2024 fue de $25,905.00) y los ingresos propios no se presentan con detalle. La participación en SEAES comenzó hasta 2024, lo que evidencia una reacción tardía ante los procesos de evaluación institucional. La satisfacción de egresados disminuyó a 7.97 y la satisfacción de empleadores fue de 8.81.
UT de Oriental: Esfuerzos limitados, resultados frágiles.
La UT de Oriental mantiene un aprovechamiento académico sólido (promedio 8.8 a 9.2) y una alta satisfacción de empleadores (hasta 97%). No obstante, enfrenta una grave deserción: programas como Mantenimiento, Logística y Mercadotecnia en TSU presentan tasas de deserción por encima del 40%. Solo cinco programas han sido sometidos a evaluación diagnóstica y no hay evidencia de una estrategia para aumentar esta cifra. La movilidad estudiantil es mínima (<10%) y la tasa de seguimiento a egresados no supera el 50%. La certificación ISO 9001:2015 se mantiene vigente, pero sin incremento presupuestal ni diversificación de procesos certificados.
UT de Tehuacán: Información abundante, calidad deficiente.
Con una matrícula de 2,912 estudiantes en el ciclo 2024, la UT de Tehuacán ofrece uno de los reportes más detallados, pero los resultados institucionales son preocupantes. El índice de colocación laboral en TSU cayó a 2.76% en 2023-2024 y la deserción en ese mismo nivel alcanzó 17.2% en el primer cuatrimestre. La media anual de deserción para TSU fue de 11.7%, mientras que en licenciatura fue de 3.8% y en maestría alcanzó un alarmante 19.2%. Ningún programa tiene evaluación diagnóstica, y la participación en SEAES comenzó apenas en noviembre de 2024. La satisfacción de egresados cayó a 7.97 y la de empleadores se mantuvo en 9.05. A pesar de una reducción del costo por alumno a $25,905.00, no se informa cómo se redistribuye este recurso.
UT de Izúcar de Matamoros: Opacidad institucional alarmante.
La UT de Izúcar presenta el caso más grave: no hay datos verificables sobre matrícula, egreso, satisfacción o auditorías. Las respuestas a solicitudes de información son incompletas, y no se identifica participación en procesos de autoevaluación, ni certificación de calidad vigente. Esta falta de información no sólo impide realizar un diagnóstico institucional, sino que denota una falta total de compromiso con los principios básicos de rendición de cuentas y mejora continua.
El silencio del gobierno estatal: ¿complicidad, negligencia o abandono?
La Secretaría de Educación Pública estatal y los órganos de vigilancia educativa han omitido tomar acciones contundentes frente a las carencias estructurales de estas universidades. No existen evaluaciones comparativas públicas, auditorías integrales o políticas de fortalecimiento institucional. Se han tolerado designaciones de rectores sin trayectoria educativa y la permanencia de modelos de gestión ineficientes. Esto demuestra una falta de voluntad política para corregir el rumbo y elevar la calidad académica.
La calidad exige compromiso real, no simulación.
La calidad en la educación superior no se decreta, se construye con voluntad política, evaluación rigurosa y mejora continua. Puebla necesita con urgencia un rediseño del modelo de gobernanza de sus Universidades Tecnológicas. La transparencia, el seguimiento a egresados, la acreditación de programas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales no pueden seguir siendo un anhelo, rehen de voluntades políticas, sino una obligación impostergable.
Lo verdaderamente preocupante es la inacción gubernamental frente a estas deficiencias. La ausencia de políticas públicas contundentes, la designación discrecional de autoridades sin trayectoria académica, y la falta de mecanismos de rendición de cuentas han convertido al sistema en un simulacro de calidad. El gobierno estatal ha fallado en su responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de calidad educativa, tolerando administraciones opacas y resultados deficientes sin consecuencias reales. No se trata solo de omisión, sino de una negligencia estructural que está hipotecando el futuro de miles de estudiantes poblanos.
“POR AMOR A PUEBLA”. Si en realidad se quiere detonar al Estado de Puebla como un eje de desarrollo tecnológico. La educación superior tecnológica no puede continuar siendo una promesa incumplida para miles de jóvenes poblanos y tampoco rehen de los caprichos politicos de los grupos en el poder, de las regiones donde se encuentran enclavadas las Universidades Tecnológicas. Es momento de pasar del discurso institucional a políticas públicas serias, con resultados medibles y con visión estratégica. Sin ello, el modelo de Universidades Tecnológicas en Puebla corre el riesgo de volverse irrelevante, desconectado de las necesidades del entorno productivo y social. Urge una intervención seria, profesional y comprometida que ponga en el centro la calidad, la equidad y el derecho efectivo a una educación superior digna.
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