El exoficial mayor de Los Cabos, cercano a Rubén Rocha Moya, fue señalado en narcomantas por presuntos vínculos con “Los Chapitos”; él negó las acusaciones antes de desaparecer
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó mediante genética forense que los restos óseos encontrados el pasado 13 de julio en una fosa clandestina de San José del Cabo corresponden a Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos.
La identificación puso fin a más de un mes de incertidumbre sobre el paradero del exfuncionario, quien había presentado su renuncia el 25 de mayo de 2026, argumentando motivos personales. Su última aparición pública ocurrió ese día. Posteriormente, una ficha de búsqueda señaló que había sido visto por última vez el 6 de junio en Culiacán, Sinaloa.
Beltrán Olmeda desarrolló buena parte de su trayectoria como asesor político de figuras del noroeste del país. Entre 2015 y 2018 trabajó con legisladores federales y posteriormente asesoró a políticos como Rubén Rocha Moya, entonces gobernador electo de Sinaloa; Margoth Urrea Pérez, exalcaldesa de Navolato; Gerardo Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, y Jesús Antonio Pujol Irastorza, exalcalde de Nogales.
En febrero de 2022 llegó a Los Cabos como asesor de la Presidencia Municipal y, en septiembre de 2023, asumió la Oficialía Mayor, posición desde la cual tenía bajo su responsabilidad recursos humanos y materiales del Ayuntamiento.
Su trayectoria también quedó relacionada con la empresa BOATIP de México, vinculada con la aplicación Komuna, plataforma que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, habría participado en esquemas de promoción política durante campañas en Baja California Sur.
En los meses previos a su desaparición, el nombre de Beltrán Olmeda apareció en narcomantas colocadas en Los Cabos, donde se le señalaba por presuntos vínculos con el grupo conocido como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
Investigaciones periodísticas también recogieron versiones sobre supuestas redes políticas y criminales en Los Cabos y presuntos vínculos de Beltrán con operadores relacionados con Iván Archivaldo Guzmán. Sin embargo, estos señalamientos no han sido acreditados oficialmente por las autoridades.
El propio Beltrán Olmeda negó públicamente cualquier relación con actividades delictivas. De acuerdo con información periodística, el 25 de mayo, poco antes de renunciar, rechazó las acusaciones y aseguró que eran falsas.
Después de su desaparición, a principios de julio comenzó a circular en redes sociales un video en el que una mujer relataba la supuesta privación de la libertad, tortura y asesinato de un hombre al que identificaba como “El Cazabaches”, apodo relacionado con un programa de bacheo impulsado por Beltrán durante su gestión.
El material señalaba incluso un punto donde presuntamente se encontraba enterrada la víctima. Tras su difusión, elementos de la PGJE y colectivos de búsqueda acudieron a la zona de La Ballena, en San José del Cabo.
El 13 de julio localizaron una inhumación clandestina con una osamenta. En ese momento, las autoridades no confirmaron que se tratara de Beltrán y advirtieron que era necesario realizar estudios especializados para establecer la identidad.
Más de un mes después, el 22 de agosto, la PGJE informó que la confronta genética permitió establecer que los restos pertenecían al exfuncionario.
Aunque la identidad de la víctima ya fue confirmada, las autoridades aún no han informado oficialmente las circunstancias, el móvil ni a los responsables de la muerte.
La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes participaron.
El caso adquiere especial relevancia por la trayectoria política de Beltrán Olmeda, sus relaciones con distintos actores políticos del noroeste y los señalamientos que recibió antes de su desaparición. Hasta ahora, las acusaciones sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado permanecen como señalamientos y no constituyen una conclusión judicial.
