Las motocicletas y grandes mochilas de colores intensos que se mueven cada día por la capital mexicana han salido a tomar las calles esta semana. Los repartidores por aplicación se plantaron la noche de este martes fuera de la casa de un sujeto que amenazó a uno de ellos a punta de pistola tras un desencuentro en una entrega en la alcaldía Benito Juárez. El descontento crece en el gremio y se suma a las protesta de apenas dos días atrás, cuando bloquearon los accesos al lujoso barrio de Santa Fe, un distrito corporativo y comercial, además de un exclusiva zona residencial en el poniente de la capital. Entonces exigían seguridad vial y rechazaban los nuevos trámites de emplacamiento, inspecciones y requisitos que las autoridades capitalinas quieren implementar para su operación, pero los riesgos en su profesión han quedado expuestos por si mismos y ahora suman la seguridad a sus demandas.

La agresión ocurrió en una unidad habitacional de la alcaldía Benito Juárez. El video no muestra el inicio de la discusión, sino directamente las amenazas. El sujeto, vestido de negro y con pistola en mano, se acerca a intimidar al repartidor y obligarlo a pedir una disculpa mientras lo acorrala junto a la puerta bloqueada para no dejarlo salir: “Lárgate y donde te vuelva a ver, te mato. Pídele una disculpa primero. En tu puta vida te vuelvas a acercar aquí, cabrón. Lárgate”. El mensajero sólo pide irse, temeroso. El conflicto habría sido presuntamente por la cancelación del pedido. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas investigan la agresión tras la difusión del video en las redes sociales.

La respuesta: un grupo de colegas repartidores llegó a la rinconada del Valle donde ocurrió la amenaza. Allí intentaron derrumbar la puerta de acceso, la caseta y exigieron la detención del vecino. También bloquearon el Eje 8 y avenida Universidad. Eran unos 80 compañeros en motocicletas, con sus mochilas. Saúl Gómez, vocero y fundador de la asociación Ni Un Repartidor Menos, ha explicado a los medios que suman en sus demandas a las plataformas cambiar los protocolos de seguridad para evitar que los trabajadores asistan a domicilios donde puedan estar en riesgo. Proponen que las entregas se hagan a pie de calle. Además piden crear una lista de lugares vetados para identificar los sitios donde se hayan registrado agresiones. Gómez asegura que las agresiones contra repartidores “no son hechos aislados”, pues son constantemente insultados y agredidos.

Las protestas han seguido este miércoles en la Glorieta de Camarones, al oriente de la ciudad. Denuncian robos, amenazas y agresiones durante la entrega de pedidos. Algunos episodios quedaron registrados con las cámaras que los trabajadores cargan en la ropa por seguridad. Hace un par de meses, una mujer arrebató el móvil a un mensajero porque presuntamente no le quería entregar un pedido que no era para ella.

El rechazo a la nueva normalización

El gran negocio de la entrega de alimentos y productos a través de aplicaciones móviles mueve a una gran fuerza laboral. Alrededor de 1.7 millones de personas trabajan como conductores o repartidores de plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi. Pero su regulación ha sido tardada. Apenas hace dos años la Ley Federal del Trabajo tuvo modificaciones para regular las actividades de alrededor de 658.000 repartidores. Unos 272.000 tienen ingresos equivalentes o superiores a un salario mensual mínimo, un dato que permite conocer la cantidad de personas que viven de este ingreso único como fuente principal de trabajo. El Gobierno reconocido que el reconocimiento de los derechos laborales de estos trabajadores “es muy limitado, lo que precariza su empleo”.

El caos vial que se extendió toda la mañana del lunes en Santa Fe fue un rechazo al plan piloto de la Secretaría de Movilidad (Semovi), que contempla el uso de placas de carga y licencias especiales para motocicletas destinadas a reparto. Los trabajadores reclaman que la burocracia aumenta los costes de operación. Semovi instaló mesas de trabajo y dio marcha atrás al plan de placas.

Los trabajadores exigían también mejorar la seguridad vial. Su organización tiene un conteo de unos 900 trabajadores que han fallecido en eventos de tránsito en los últimos seis años, mientras que unos 40 han sido asesinados en asaltos durante el mismo periodo.

La suma de las protestas deja ver un conflicto que va más allá de lo administrativo. Los repartidores reclaman condiciones para trabajar sin exponerse a accidentes, robos o amenazas, en un sector en el que la seguridad y movilidad reacar sobre ellos mismos y sin el amparo de las plataformas que los inscriben.