No es militante y el partido no tiene por qué responder por la investigación que tenga, afirmó la dirigente nacional
#QuintanaRoo #MafiaRumana@A_MontielR deslinda a #Morena de presuntos nexos con Alejandro Enrique Arcos Romero pic.twitter.com/uir2Vis50m
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) August 12, 2026
En Quintana Roo trascendió que fue excluido del equipo de promoción de Rafael Marín Mollinedo fue investigado por la UIF y estuvo en la lista de personas a las que les bloquearon las cuentas por sospechas de vínculos con la Mafia Rumana, de los cuales se desconoce en que concluyó su situación legal, Inclusive, dos de ellos llegaron a magistrado y a juez penal del Poder Judicial del Estado en la elección judicial
CANCÚN, 11 de agosto de 2026.- Mientras en Quintana Roo trascendió que el señalado fue excluido del equipo de promoción de Rafael Marín Mollinedo, la dirigente nacional del Morena, Ariadna Montiel, afirmó que Alejandro Enrique Arcos Romero, que en 2021 fue acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de ser operador financiero de la mafia rumana encabezada por Florian Tudor en Quintana Roo, no es militante del partido, sino que se vinculó como simpatizante a las actividades del aspirante a coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía.
Montiel fue cuestionada sobre la relación de del aspirante y Alejandro Arcos, en conferencia de prensa que realizó este martes en la Ciudad de México, y respondió que el partido no protege a nadie y que quienes estén acusados de realizar alguna actividad ilícita deben ser investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) o por las autoridades estatales, según corresponda y de ser el caso, juzgados.
“Nosotros reiteramos que no protegemos a nadie y que quienes mantengan alguna actividad fuera de la ley deben ser investigados si eso le corresponde a la Fiscalía General de la República o de los estados, en su caso”, dijo
Sin embargo, la líder morenista afirmó que Morena Alejandro Arcos no es militante y el partido no va a responder por señalamientos a personas que no son miembros de sus filas.
Asimismo, afirmó que los señalamientos de vínculos de este personaje con el partido los hacen los medios de comunicación y estos son responsables de sus opiniones, por lo que también evitó hacer un llamado a los aspirantes a evitar estas situaciones.
“Bueno, los salpican los medios, con todo respeto, que este señor, yo no sé quién sea, pero no es militante Morena. Son las opiniones que ustedes o las notas que ustedes construyen bajo su opinión y nosotros las respetamos.
“Pero el hecho de que digan que tiene que ver, está relacionado con, pues es muy distinto y mucho menos al partido”, añadió.
En este sentido, insistió en que el partido no aceptará responder por ningún político acusado de algún delito, recalcando que solo se harán cargo de los que les compete y que quien sea señalado debe ser investigado y sancionado, según sea el caso.
“Entonces, sí decirlo con mucha claridad. Si hay una investigación, que la haya y si hay que sancionar a alguien, que lo sancionen, del partido que sea. Pero tampoco vamos a aceptar que por una investigación de un servidor público específico, tengamos nosotros que desde el partido responder.
“Respondemos sobre un militante, pero no sobre alguien que no participa en la actividad política de nuestro movimiento. Entonces, creo que en ese sentido también hay que actuar. Nosotros respetamos, bueno, cómo construyen sus, sus notas, pero también sí decirlo con mucha claridad, pues es esta narrativa permanente y nosotros mantenemos nuestra congruencia y nuestra postura, ¿no?“, concluyó.
Este mismo día, en Quintana Roo trascendió se informó de manera extraoficial que Alejandro Enrique Arcos Romero fue excluido del equipo que promociona al aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, sin que oficialmente se haya dicho en qué papel se acercó.
La lista en la que aparece Alejandro Arcos
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió que Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como presunto operador financiero de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como secretario particular en la gestión de Rafael Marín Mollinedo, y ahora apareció participando en el equipo que apoya la promoción del aspirante dentro del proceso interno de Morena realizado en Quintana Roo.
Arcos Romero ha tramitado varios amparos contra posibles órdenes de aprehensión, pero no ha sido detenido, y tampoco ha aclarado su situación legal ante los señalamientos públicos que se le han hecho en medios de comunicación, no de ahora, sino desde hace tres años, cuando era funcionario de la ANAM.
La misma falta de procesos penales ha ocurrido con varios de los enlistados con cuentas bloqueadas por la UIF en 2021 debido a presunta relación con la Mafia Rumana, como Jonathan Yong Mendoza, quien fue promovido por el gobierno del estado juez penal en la elección judicial de 2025 y a los pocos meses en el cargo fue suspendido por el Poder Judicial del Estado, debido a que le dio una golpiza a su pareja y la amenazó con una pistola en la vía pública en vísperas de Navidad.
También estaba en esa lista el entonces diputado local y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) José de la Peña Ruiz de Chávez, quien dejó la presidencia del instituto político por ese motivo, para aclarar esas cuentas con la UIF.
José de la Peña continuó con sus carrera política y administrativa, fue coordinador de la Mesa de Seguridad y Jefe de la Oficina de la Gobernadora Mara Lezama y en el 2025 fue promovido por el gobierno del estado a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la elección judicial.
En la misma lista se encontraban el dueño del periódico Quequi, José Alberto Gómez Álvarez, que siguen manteniendo relación publicitaria con órganos oficiales estatales y municipales; el exfuncionario estatal Francisco Garibay Osorio; el exfuncionario y notario público Nain Gabriel Díaz Medina; y el llamado “zar de las gasolineras”, Ricardo Antonio Vega Serrador, junto con otros 12 personas físicas y una persona moral.
Ninguna de estas personas, inclusive las que están activas en la vida pública, han realizado alguna aclaración sobre su situación legal después del bloqueo de la UIF, pero tampoco la Fiscalía General de la República (FGR) ha emprendido acción penal ni ha dado a conocer que haya integrado o judicializado carpetas de investigación contra ellas.
Sólo de Vega Serrador se informó en medios de comunicación que la FGR le había iniciado una investigación por lavado de dinero, pero no se tiene conocimiento de que el caso haya llegado a un juzgado penal.
(Con información de Infobae)
