Esto se suma a la depuración encabezada por Bertha Alcalde en la Fiscalía CDMX, como adelantó LPO, y a los señalamientos sobre grupos de despojo.
La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 14 de julio, dejó interrogantes sobre los motivos de su renuncia. Ahora, una denuncia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, vuelve a poner su nombre bajo cuestionamiento, luego de detectarse documentos oficiales falsificados que habrían sido utilizados para extorsionar a empresarios y proveedores.
Como adelantó LPO, su salida habría ocurrido en medio de movimientos internos relacionados con presuntas irregularidades y la revisión de estructuras vinculadas a su gestión. La denuncia añade un nuevo elemento: uno de los documentos empleados en el esquema de extorsión atribuía a Lara López instrucciones para investigar a determinados proveedores.
Se trata de un oficio fechado el 4 de junio de 2026 en el que se atribuía al entonces funcionario una supuesta orden dirigida a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. El escrito incluía una firma apócrifa de la secretaria Raquel Buenrostro y se presentaba como una instrucción oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para indagar a empresarios. Según la querella, el documento era utilizado para hacerles creer que enfrentaban investigaciones.
La falsificación habría servido como puerta de entrada a un mecanismo de extorsión: personas no identificadas contactaban a los proveedores y ofrecían detener los supuestos procedimientos a cambio de dinero, bajo el argumento de que Ulises Lara podía interceder por ellos. La Secretaría Anticorrupción aclaró que Raquel Buenrostro no había emitido esa instrucción y solicitó investigar tanto la elaboración del documento como a quienes lo utilizaron para obtener beneficios económicos.
El caso adquiere relevancia por la cercanía entre estos hechos y la renuncia de Lara, quien dejó la FGR el 14 de julio, después de encabezar la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. Su salida fue presentada como una decisión personal, sin una explicación detallada. Sin embargo, la aparición de su nombre en el oficio vuelve a colocar bajo escrutinio las circunstancias de su salida, aunque será la investigación la que determine si tuvo alguna participación o si terceros utilizaron su nombre.
Los cuestionamientos sobre su entorno también alcanzan su paso por la Fiscalía capitalina, donde trabajó junto a Ernestina Godoy y consolidó a un grupo de colaboradores que después llegó a la FGR. Como publicó LPO, la llegada de Bertha Alcalde a la institución estuvo acompañada de una depuración interna y de movimientos para desarticular estructuras vinculadas a Lara, en medio de investigaciones sobre presuntas redes de policías y despojo de inmuebles.
A ese escenario se suman señalamientos compartidos por esta redacción sobre presuntos vínculos entre grupos dedicados al despojo de propiedades y personas cercanas a la familia Batres. Las versiones apuntan a redes que habrían operado en demarcaciones como Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa, mediante prácticas de extorsión y presunto uso de influencias políticas.
La denuncia de Buenrostro abre así una nueva línea de investigación en torno al uso de documentos oficiales falsificados y vuelve a poner bajo la lupa el entorno de las fiscalías capitalina y federal. Más allá de la aparición de su nombre en uno de los oficios, el expediente deberá esclarecer quién construyó el mecanismo de extorsión, quiénes lo operaron y si existió alguna intervención de los funcionarios mencionados.
