Congreso de San Luis Potosí deroga la “Ley Serrano” tras presión social; abrirán nuevo debate nacional sobre regulación de la Inteligencia Artificial
La reforma impulsada por Héctor Serrano fue eliminada por unanimidad luego de semanas de protestas de periodistas, activistas, académicos y creadores de contenido que advirtieron riesgos para la libertad de expresión. El Congreso ahora promete construir una nueva propuesta con especialistas.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí dio marcha atrás a una de las reformas más controvertidas del año al aprobar, con 22 votos a favor y sin intervenciones en tribuna, la derogación de diversos artículos del Código Penal estatal que conformaban la denominada “Ley Serrano”, una iniciativa impulsada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, que buscaba sancionar el uso indebido de contenidos generados mediante Inteligencia Artificial.
La decisión representa un importante revés político para una iniciativa que desde su aprobación fue cuestionada por organizaciones civiles, periodistas, defensores de derechos digitales, abogados, académicos y creadores de contenido, quienes sostuvieron que la redacción de la reforma abría la puerta a la criminalización de expresiones protegidas por la libertad de expresión, incluyendo memes, sátiras, parodias y publicaciones en redes sociales.
La derogación fue aprobada por unanimidad, luego de que durante semanas creciera la presión pública y política sobre el Congreso potosino para eliminar una legislación que incluso motivó protestas ciudadanas, acciones legales y una controversia constitucional.
Una ley que nació entre polémicas
La llamada “Ley Serrano” proponía establecer penas de hasta seis años de prisión para quienes utilizaran herramientas de Inteligencia Artificial para alterar imágenes, audios o videos cuando ello implicara la suplantación de identidad o la difusión de contenido manipulado.
Sin embargo, especialistas advirtieron desde un principio que la legislación no diferenciaba claramente entre delitos reales y expresiones protegidas, lo que generaba incertidumbre jurídica respecto a la producción de contenido humorístico, político o satírico.
El debate rápidamente trascendió San Luis Potosí y se convirtió en una discusión nacional sobre los límites entre la regulación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales.
Las protestas llegaron hasta el Congreso
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió el 23 de junio, cuando ciudadanos, periodistas, activistas y creadores de contenido acudieron al Congreso estatal para exigir la derogación de la norma.
La falta de diálogo con los legisladores derivó en manifestaciones cada vez más intensas, hasta que un grupo de inconformes ingresó al recinto legislativo para exigir la eliminación inmediata de la reforma.
Las imágenes del llamado “portazo” recorrieron el país y colocaron nuevamente a San Luis Potosí en el centro del debate nacional sobre censura, libertad de expresión y regulación de las nuevas tecnologías.
Héctor Serrano reconoce una nueva ruta
Tras aprobarse la derogación, el diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM y autor de la iniciativa original, aseguró que ahora comenzará una nueva etapa de discusión.
El legislador afirmó que la decisión cuenta con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien previamente había manifestado la disposición de replantear la regulación sobre Inteligencia Artificial.
Asimismo, señaló que también existe interés del Gobierno Federal para abordar este tema mediante una legislación nacional.
“Por supuesto que se retoma una nueva ruta, siempre es conveniente y es correcto, me parece que es una decisión apropiada con voluntad por parte del Gobernador del Estado y bienvenidos los foros para hablar del tema”, declaró Serrano.
Habrá especialistas nacionales e internacionales
El legislador adelantó que el siguiente paso será convocar especialistas nacionales e internacionales, expertos en derecho digital, Inteligencia Artificial, derechos humanos y libertad de expresión para construir una nueva propuesta legislativa.
La intención, dijo, será generar una regulación que proteja tanto la dignidad de las personas como los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión.
También recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado la necesidad de analizar este tema desde el ámbito federal para construir un marco jurídico homogéneo en todo el país.
La Corte aún mantiene pendiente una controversia
Pese a la derogación, Serrano recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene pendiente resolver una controversia constitucional relacionada con la reforma.
El legislador sostuvo que será finalmente el máximo tribunal quien establezca criterios sobre la protección de derechos fundamentales relacionados con el uso de tecnologías digitales.
“Actualmente no hay una respuesta de la Corte; la última palabra la tiene la Corte y precisamente la tiene porque los derechos de las personas están garantizados a través de las leyes y de la legalidad”, afirmó.
El alcalde Enrique Galindo pide indemnizar a afectados
La derogación también provocó reacciones del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quien calificó la decisión como “un gran día para la libertad de expresión”.
No obstante, el presidente municipal sostuvo que la eliminación de la reforma implica un reconocimiento implícito de que la legislación vulneró derechos fundamentales.
Por ello planteó que las personas afectadas durante la vigencia de la ley deberían ser indemnizadas, ya que varias enfrentaron investigaciones penales, contrataron abogados, promovieron amparos e incluso algunas fueron privadas de su libertad.
Galindo señaló que tres personas fueron encarceladas y que al menos otras 13 fueron sujetas a investigaciones, situación que generó afectaciones personales, familiares, económicas y profesionales.
Asimismo, criticó que la sesión para derogar la reforma se realizara a puerta cerrada y con modificaciones en el horario originalmente previsto, aunque reconoció que lo importante fue que finalmente la legislación quedó sin efectos.
Un debate que ahora será nacional
Más allá de la derogación, el episodio dejó abierta una discusión que probablemente llegará al Congreso de la Unión.
Mientras diversos sectores consideran indispensable regular el uso de la Inteligencia Artificial para combatir fraudes, falsificación de identidad y delitos digitales, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que cualquier legislación deberá establecer límites muy claros para evitar restricciones indebidas a la libertad de expresión.
El caso de San Luis Potosí se convirtió así en uno de los primeros ejemplos nacionales sobre los riesgos de legislar nuevas tecnologías sin consenso técnico y social, obligando ahora a los poderes públicos a construir una propuesta que concilie innovación, seguridad digital y derechos fundamentales.
