Decomisan 59 millones de litros de presunto huachicol en Guanajuato; el caso abre preguntas sobre permisos y operación del predio
El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito en San José Iturbide es presentado por autoridades como el mayor decomiso de huachicol en el país durante el actual sexenio, pero el operativo dejó, hasta ahora, un dato que contrasta con la magnitud del hallazgo: no hubo detenidos en el predio cateado.
La operación se realizó en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide, donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato aseguraron aproximadamente 59 millones de litros de gasolina regular, gasolina Premium y diésel. También fueron asegurados diez tanques de almacenamiento, unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.
Para dimensionar el volumen, los 59 millones de litros equivalen aproximadamente a 371 mil barriles y a cerca de 2 mil pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.
La FGR informó que la investigación comenzó el 3 de julio de 2026, cuando fue detenido el conductor de una pipa que descargaba 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. De acuerdo con la autoridad, no pudo acreditar la trazabilidad del combustible. A partir de esa detención se realizaron diligencias en una gasolinera de San Luis de la Paz, en un inmueble dedicado al despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente en el predio de San José Iturbide.
La cantidad asegurada se distribuye en 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel.
Por la magnitud del hallazgo, las autoridades señalaron que las labores de medición, identificación y manejo del combustible continuarán bajo supervisión especializada, debido a los riesgos asociados con su manipulación. El hidrocarburo, los vehículos, contenedores y documentación quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.
Un decomiso histórico, pero sin detenidos en el predio
El tamaño del aseguramiento contrasta con la ausencia de personas detenidas durante el cateo del inmueble. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que la investigación sigue abierta y sostuvo que las detenciones pueden ocurrir posteriormente.
“En todos hay detenidos pero vienen después”, afirmó García Harfuch al referirse al proceso iniciado el 3 de julio.
El funcionario explicó que cuando se realizó el operativo no había personas en el predio, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones y las posibles detenciones.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, por su parte, ha precisado que el cateo y los aseguramientos no determinan por sí mismos responsabilidades, y que corresponde a la FGR y a las autoridades judiciales resolver el caso conforme a derecho.
#PoderFÁCTICO | 🚨⛽ 59 millones de litros asegurados y ninguna persona detenida en el predio: @OHarfuch dice que las capturas vendrán después.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible… pic.twitter.com/IR9HWrnrlK
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) September 18, 2026
La historia administrativa del centro de almacenamiento
El hallazgo también puso bajo revisión los antecedentes del inmueble. De acuerdo con información difundida por el gobierno municipal de San José Iturbide y retomada por La Jornada, la empresa Gas Natural del Noroeste, donde fueron localizados los 59 millones de litros, contaba con permisos para almacenar hasta 100 millones de litros.
La instalación de la empresa SIM en La Fragua fue autorizada durante la administración municipal 2012-2015, encabezada por Filiberto López Plaza, del PAN. Posteriormente, en 2017, se documentó una multa municipal por iniciar obras sin contar con los permisos correspondientes.
Ese mismo año, el Ayuntamiento encabezado por César Rodríguez Zarazúa, del PVEM, autorizó el cambio de propietario a favor de Gas Natural del Noroeste y avaló la ampliación del uso de suelo para la Terminal de Almacenamiento y Suministro de Petrolíferos.
También se documentó una multa de 150 mil 980 pesos por comenzar la construcción de tanques de almacenamiento sin el permiso de uso de suelo correspondiente. Posteriormente se autorizó la ampliación de la capacidad de almacenamiento.
En diciembre de 2017, Pedro Joaquín Coldwell, entonces secretario de Energía; Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, y César Rodríguez Zarazúa, alcalde de San José Iturbide, participaron en la inauguración del centro de almacenamiento.
La planta fue construida en La Fragua, en el kilómetro 56 de la carretera federal 57, y operaba con participación de Gas Natural del Noroeste, ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan, según la información difundida por el gobierno municipal. El complejo contaba con permisos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Semarnat.
En febrero de 2018 se autorizó aumentar la capacidad de almacenamiento hasta casi 97.7 millones de litros de petrolíferos, mediante la construcción de cinco tanques adicionales.
Vecinos ya habían advertido sobre riesgos
La ampliación de las instalaciones también había generado inconformidad entre habitantes de La Fragua. En febrero de 2019, pobladores formaron el Movimiento de Comunidades Unidas para protestar contra el aumento de tanques.
Entre sus señalamientos estuvieron afectaciones a la vida cotidiana, riesgos para las escuelas, olores a hidrocarburos y restricciones a festividades tradicionales.
El actual alcalde de San José Iturbide, Edgar Montes de la Vega, afirmó que su administración colaborará con las autoridades federales y estatales en las diligencias correspondientes y pidió investigar si existieron actos de corrupción relacionados con la emisión de permisos para operar el centro de almacenamiento y distribución.
El presidente municipal también señaló que, según lo que le fue referido, no habría existido un protocolo de atención para una eventual emergencia vinculada con las instalaciones. Asimismo, acusó que la empresa no contaba con capacitaciones suficientes para enfrentar accidentes o contingencias, una situación que, sostuvo, habría afectado las dinámicas de la comunidad.
Así, el aseguramiento de los 59 millones de litros no sólo coloca el foco en la investigación federal sobre el origen y legalidad del combustible. También deja bajo escrutinio la historia de permisos, ampliaciones, operación de la terminal y las advertencias expresadas por habitantes de La Fragua.
Por ahora, el caso continúa en investigación y la FGR deberá establecer la procedencia y legalidad del hidrocarburo, así como determinar las responsabilidades que correspondan.
