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FGR detiene a alcalde de Juchitán y a “La Parca”

Por: Edith Adriana Colchado Jiménez

@tamalito_rosa

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Detienen a Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, por presuntos vínculos con Los Cromos

Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido el miércoles 23 de septiembre de 2026 durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, en una investigación que lo relaciona con una estructura criminal señalada por las autoridades como célula de Los Cromos, identificada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec.

El alcalde, conocido como “Quetu”, fue detenido junto con Carlos Alberto de la Paz López, identificado como “La Parca”, quien también contaba con una orden de aprehensión. Ambos son investigados por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, mientras que las autoridades federales sostienen que estarían relacionados con una estructura dedicada, entre otras actividades, a cobro de piso, extorsión a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

La Fiscalía de Oaxaca señaló específicamente que Sánchez Altamirano habría participado, fomentado y encubierto actividades delincuenciales en la región y que Los Cromos funcionarían como brazo operativo del CJNG en la entidad. Se trata de señalamientos que tendrán que ser acreditados durante el proceso judicial correspondiente. Una detención que involucra a los gobiernos federal y estatal

El operativo fue ejecutado por un conjunto de instituciones de seguridad. Participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue quien dio a conocer públicamente la detención y explicó que las investigaciones habían identificado una estructura criminal con capacidad para realizar actividades de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de presuntos esquemas de protección que habrían permitido la operación de grupos delictivos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también intervino en el expediente. García Harfuch informó que fueron inmovilizados recursos y bloqueadas cuentas relacionadas con la investigación, como parte de las acciones para afectar la capacidad financiera de la estructura investigada.

El alcalde fue trasladado inicialmente a instalaciones de seguridad en Ciudad Ixtepec y posteriormente llevado por vía aérea a la Ciudad de México. Desde ahí continuó el traslado terrestre hasta el Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Operación Enjambre: el alcalde dentro de una estrategia contra funcionarios señalados

La captura fue presentada como parte de la Operación Enjambre, estrategia mediante la cual autoridades federales y estatales han investigado a funcionarios públicos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

En el caso de Juchitán, la investigación no se limitó a establecer una posible relación personal entre el alcalde y un grupo delictivo. Las autoridades sostienen que el funcionario habría utilizado su posición para proporcionar cobertura política y económica y que habría alertado sobre la presencia de corporaciones de seguridad.

La Fiscalía de Oaxaca informó que el operativo se produjo después de trabajos de inteligencia que permitieron identificar distintos niveles de la estructura de Los Cromos.

¿Quiénes son Los Cromos?

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca identifica a Los Cromos como una organización delictiva con presencia en el Istmo de Tehuantepec y señala que funciona como brazo operativo del CJNG en Oaxaca.

Las investigaciones ministeriales ubican actividad de esta estructura principalmente en Juchitán de Zaragoza, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

Entre los nombres identificados por las autoridades como integrantes o dirigentes de esta estructura aparecen Iván Sánchez Santiago, “El Comandante Cromo”; Rafael de Jesús Álvarez Palma, “Fallo” o “Comandante Renco”; “El Fantasma”; “El Cali”; “El Tonche”; “El Caporal”; “El Pollo” y “El Macannu”.

La Fiscalía también ha relacionado a este grupo con extorsiones, cobro de piso, narcomenudeo, homicidios, secuestros y posesión de armas. En noviembre de 2025, la dependencia informó sobre 12 objetivos prioritarios detenidos y al menos 25 cateos derivados del Operativo Sable en Juchitán.

Para abril de 2026, la Fiscalía reportó que los resultados acumulados de Operación Sable incluían más de 140 personas detenidas, 140 cateos, 96 armas de fuego aseguradas, más de 7 mil municiones y granadas, además de más de 24 mil dosis de cristal y metanfetaminas y 50 mil dosis de marihuana.

El antecedente que ya había puesto a Juchitán bajo vigilancia

La detención de Sánchez Altamirano no ocurrió en un municipio que fuera ajeno a las investigaciones contra estructuras criminales.

Desde 2025, la Fiscalía de Oaxaca desplegó la Operación Sable en Juchitán y otras zonas del Istmo. Los trabajos de inteligencia permitieron identificar operadores de Los Cromos y realizar cateos y detenciones.

En junio de 2025, por ejemplo, la Fiscalía informó de la captura de dos personas identificadas como familiares del llamado “Comandante Cromo”, dentro de una operación que involucró a la Fiscalía estatal, Defensa, Marina, Guardia Nacional y SSPC.

La presión sobre las autoridades municipales también aumentó después de que investigaciones previas detectaran presuntas filtraciones de información desde instituciones de seguridad locales.

Según los antecedentes señalados en el caso, en 2025 fueron sometidos a evaluaciones de control de confianza más de 200 policías municipales, mientras que un funcionario del Centro de Control y Comando municipal fue detenido después de ser señalado por transmitir imágenes de las cámaras del C2 a integrantes de grupos criminales.

En aquel momento, autoridades locales rechazaron que el alcalde tuviera relación con esas actividades.

El alcalde construyó su carrera política junto a Emilio Montero

El perfil político de Miguel Sánchez Altamirano también ayuda a entender la dimensión del caso.

Sánchez Altamirano no llegó directamente a la presidencia municipal en 2024. Su trayectoria política se desarrolló durante años al lado de Emilio Montero Pérez, quien fue presidente municipal de Juchitán y actualmente ocupa la dirección general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Sánchez Altamirano se desempeñó como secretario particular y secretario técnico durante la administración de Montero. En noviembre de 2022, cuando Montero solicitó licencia para incorporarse al gobierno de Salomón Jara Cruz, Sánchez Altamirano asumió la presidencia municipal como suplente. El Congreso de Oaxaca declaró procedente su incorporación al cargo.

Posteriormente, en las elecciones de 2024, Sánchez Altamirano fue candidato de una coalición encabezada por Morena, junto con el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Oaxaca, y ganó la elección para gobernar Juchitán durante el periodo 2025-2027. Obtuvo 34 mil 304 votos, frente a 10 mil 496 de Movimiento Ciudadano, según los resultados reportados por medios locales.

Ese recorrido coloca al alcalde detenido dentro de una red política local vinculada durante años con el actual gobierno estatal.

La relación política con Salomón Jara queda bajo escrutinio

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también quedó obligado a fijar postura después de la detención.

Jara y Sánchez Altamirano pertenecen a Morena, mientras que el antecedente político de Sánchez pasa por Emilio Montero, quien dejó la presidencia municipal para integrarse al gobierno estatal encabezado por Jara.

Después de la captura, el gobernador afirmó que la aplicación de la ley y la seguridad de las familias están por encima de cualquier interés y sostuvo que “No habrá impunidad ni excepciones”. También señaló que Juchitán mantenía condiciones de gobernabilidad.

La detención, sin embargo, coloca nuevamente bajo atención pública la relación política que existió entre Sánchez Altamirano, Montero y el gobierno estatal, aunque no existe en las fuentes consultadas una imputación judicial contra Jara por los hechos que se investigan contra el alcalde.

La captura provocó bloqueos y tensión en Juchitán

La detención no terminó con el traslado del presidente municipal.

Después del operativo, policías municipales, transportistas, mototaxistas y simpatizantes del alcalde realizaron movilizaciones y bloqueos en distintos puntos de Juchitán.

Las protestas incluyeron cierres viales, barricadas y quema de neumáticos, mientras los manifestantes exigían información sobre la detención y la liberación de Sánchez Altamirano.

La reacción alcanzó incluso a las actividades educativas.

El jueves 24 de septiembre de 2026, distintas escuelas de Juchitán suspendieron clases presenciales debido a las condiciones de seguridad y a la posibilidad de nuevas movilizaciones y bloqueos. La suspensión alcanzó planteles de distintos niveles educativos.

La Escuela Secundaria Técnica número 50, por ejemplo, comunicó que no tendría actividades ese jueves y anunció su reanudación para el lunes 28 de septiembre.

El caso de Elvis Guerra aceleró la presión sobre Juchitán

Uno de los episodios que incrementó la atención federal sobre Juchitán ocurrió apenas unos días antes de la detención.

La diseñadora muxe Elvis Guerra, quien participó en la elaboración del vestido que utilizó Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia del 15 de septiembre, denunció que su vivienda fue atacada a balazos la noche del 18 de septiembre de 2026.

Guerra había denunciado públicamente amenazas y extorsión y señaló que un grupo había atacado su domicilio.

En su mensaje publicado después del ataque escribió:

“he sido objeto de amenazas, de extorsiones y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia.Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron”.

El caso adquirió relevancia nacional porque Guerra había confeccionado, junto con otras mujeres, parte del vestido utilizado por la presidenta en la ceremonia del 15 de septiembre.

Después de denunciar la agresión, Guerra sostuvo comunicación con Sheinbaum y posteriormente se reunió con la presidenta y con Omar García Harfuch en Palacio Nacional.

Ese encuentro ocurrió precisamente el 23 de septiembre, el mismo día en que fue detenido Sánchez Altamirano.

La esposa y la madre del alcalde rechazan los señalamientos

Mientras las autoridades federales y estatales presentaban el expediente contra el presidente municipal, su familia salió públicamente en su defensa.

Reyna Alonso Carrasco, esposa del alcalde, exigió que las autoridades investigaran a quienes, desde su perspectiva, serían los verdaderos responsables de la violencia en la región. También denunció que ella y su esposo habían recibido amenazas.

La madre del alcalde, Eugenia Altamirano, también defendió a su hijo y pidió al gobierno explicar las razones de su detención.

Estas declaraciones forman parte de la defensa pública de la familia y contrastan con la versión presentada por la FGR y las autoridades de seguridad, que sostienen que existen elementos de investigación para vincular al edil con la estructura criminal.

El caso ahora está en manos de la justicia

Con su ingreso al Altiplano, Miguel Sánchez Altamirano dejó de ser solamente un presidente municipal detenido y pasó a enfrentar formalmente la etapa judicial de una investigación federal y estatal.

La Fiscalía sostiene que existen elementos que lo relacionan con Los Cromos y con actividades de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

La defensa y su familia rechazan los señalamientos.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar la responsabilidad individual de cada persona detenida y establecer si los vínculos descritos por las autoridades pueden ser acreditados ante un juez.

El expediente también tendrá una dimensión política: Sánchez Altamirano llegó a la presidencia municipal con Morena, construyó su carrera junto a Emilio Montero, quien posteriormente se incorporó al gobierno de Salomón Jara, y ahora su captura coloca bajo escrutinio la actuación de las autoridades municipales y estatales frente a una estructura criminal que, de acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, llevaba años bajo investigación en el Istmo.