*Dr. Julián Germán Molina Carrillo.
Como mexicanos, hemos sido testigo del uso e invención de frases políticas, que han significado momentos de verdadera vergüenza, por el cinismo y la falta de sensibilidad social de los políticos responsables de espetarlas; “Defenderé el peso como perro” (López Portillo); “Las relaciones con Estados Unidos ni nos perjudican, ni nos benefician, sino todo lo contrario” (Luis Echeverría); “Sí es mi voz, pero no soy yo” (Mario Marín); “Sí robé, pero poquito” (Hilario Ramírez Villanueva); y un largo etcétera.
Sin embargo, la frase que más disgusto ha causado al pueblo mexicano, hasta hoy, debido a la incongruencia y contraste con la realidad, así como su contenido de burla, es la que nació en el año 2012, en el Foro de Seguridad Pública y Derechos Humanos, realizado en Durango, donde Andrés Manuel López Obrador resumió su propuesta de seguridad en una frase: “abrazos, no balazos”, e indicó que paulatinamente de ganar la Presidencia, retiraría al Ejército y a la Marina de las calles, con la siguiente frase:
“La propuesta (de seguridad) de la República Amorosa es honestidad, es justicia, y la podemos resumir en abrazos y no balazos”, dicha frase hoy sigue siendo el eje de su fallida estrategia para acabar con la inseguridad que impera y avanza a pasos agigantados en nuestro país.
Pero sus programas y políticas en la materia, son contradictorias, ya que una de sus primeras acciones como presidente, fue precisamente militarizar al país, con la creación de la Guardia Nacional, la cual, cumplió ya dos años de existencia, con un actuar plagado de abusos y prácticas que violentan los derechos humanos de los ciudadanos.
Al respecto, el informe “Poder Militar, La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), refiere que, del 13 de junio de 2019 al 24 de febrero de 2021, la CNDH integró 451 expedientes de queja en contra de dicho
cuerpo de seguridad, por actos violentos en contra de ciudadanos, que laceraban la esfera jurídica de sus derechos humanos.
Más aun, en un esfuerzo por lograr la abdicación del poder civil ante el militar, el presidente, anunció que en 2023 enviará una reforma constitucional, para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), es decir, con lo anterior López Obrador va a lograr lo que ni Calderón ni Peña Nieto pudieron, darle el marco legal al Ejercito para tomar el control del país.
Con lo anterior, se mantendría a las fuerzas armadas en las calles y se perpetuaría lo que organizaciones civiles y especialistas llaman “la militarización de la seguridad pública”
Pero además, ante la incapacidad tanto de la Guardia Nacional, como del ejército mexicano de dar seguridad pública a los ciudadanos y sobre todo a la nula aceptación de los grupos de la delincuencia organizada y cárteles de “portarse bien” como tantas veces se los ha pedido el presidente, quizás esté pensando abandonar los abrazos y ahora sí mediante los balazos y la fuerza del Estado, atacar frontalmente a los delincuentes y recuperar los territorios y Municipios del país, que actualmente controlan, lo que ha traído como consecuencia el éxodo masivo de pobladores que deben abandonar sus viviendas, ante la disyuntiva de verse obligados a trabajar para los cárteles o perder la vida en alguno de los enfrentamientos armados.
El anuncio del Presidente de fusionar a la Guardia Nacional con el ejército, ha tenido un fuerte rechazo de los mandos militares y soldados, quienes cuentan con carrera castrénse y con estudios en el Sistema educativo Militar, quienes están en riesgo de ser igualados con elementos de la Guardia sin carrera.
Como podemos observar, la incongruencia y contradicción que ha caracterizado el actuar del presidente en estos tres largos años de su mandato, sigue siendo el principal peligro para los mexicanos, sin embargo, hoy significaría un punto de no retorno, que cambiaría por completo la naturaleza de las Fuerzas Armadas y la propia Guardia Nacional.
*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.