La iniciativa busca garantizar la vida, integridad, libertad y dignidad de quienes reciben atención de salud mental y adicciones.
La iniciativa busca garantizar la vida, integridad, libertad y dignidad de las personas que reciben atención de salud mental y adicciones en Puebla.
La diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Puebla, con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental y atención de adicciones.
El planteamiento establece que los establecimientos públicos, sociales y privados que proporcionen estos servicios, así como aquellos que ofrezcan tratamiento residencial para la atención de las adicciones, casas de medio día y otros servicios, deberán garantizar en todo momento la protección de la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas usuarias.
La propuesta también contempla obligaciones específicas cuando exista conocimiento de la probable comisión de un hecho que pueda constituir un delito.
En estos casos, los responsables de los establecimientos deberán dar aviso inmediato a las autoridades competentes y proporcionar las facilidades necesarias para que puedan ejercer sus atribuciones, de acuerdo con los casos y procedimientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables.
De esta manera, la iniciativa busca establecer un deber de colaboración para los centros de rehabilitación, con el propósito de evitar que las autoridades encuentren obstáculos cuando sea necesario intervenir para proteger la vida, la integridad o la libertad de las personas usuarias.
La propuesta plantea así fortalecer las condiciones bajo las cuales funcionan estos espacios, particularmente ante situaciones en las que pueda existir un hecho constitutivo de delito que requiera la intervención de las autoridades.
“Esto representa un compromiso con la protección de los derechos humanos, el acceso efectivo a la justicia y la consolidación de centros de rehabilitación que cumplan verdaderamente con su función terapéutica y social, garantizando que la atención de las adicciones se desarrolle en condiciones de seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana”, afirma la diputada Ana Lilia Tepole en su iniciativa.
