Tras la cancelación del documento a Marina del Pilar, rumores pesan sobre el diputado Juan Manuel Molina y ahora contra el magistrado Alejandro Fragozo.
En mayo del año pasado explotó un escándalo con impacto nacional: un rumor que circulaba en el oficialismo que de pronto adquirió pleno sentido cuando el gobierno de Donald Trump retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
En estas horas el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado mantienen en alerta a Palacio Nacional, como pudo saber LPO entre operadores de la Presidencia de la República. De confirmarse la información, se trataría del primer estado de la República donde los titulares de los tres poderes constitucionales no pueden viajar a Estados Unidos por sanciones.
La noticia inicial la reveló la propia mandataria morenista, quien aseguró que la cancelación de su documento se trató de una medida administrativa, y no de una acusación. “No hay delito”, dijo, pese a que diversos medios han señalamientos indagatorias judiciales del vecino país por presunto lavado de dinero asociadas con su exesposo Carlos Torres Torres.
“He sido incluida en una medida consular y por ello no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación, no hay delito, no hay una falta”, explicó Marina del Pilar.
Más tarde, dando freno a las revelaciones, Ávila Olmedo declaró que no ha recibido información adicional respecto a la revocación de su visa de turista para ingresar a Estados Unidos. “He sido totalmente transparente, he anunciado lo que sé y conozco. No ha habido más información, lo que ustedes conocen es lo que yo conozco”, añadió.
Sin embargo, esto sólo fue la punta del iceberg, pues en escalada se fueron confirmando sanciones similares contra la clase política bajacaliforniana. Es el caso de la exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown, a quien también le bloquearon sus cuentas bancarias desde Estado Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
A Luis Samuel Guerrero, esposo de la actual alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, también le fue retirado el documento americano, durante un procedimiento de revisión en la garita internacional de Calexico. “Sin motivo alguno o aviso previo”, señaló Bustamante Martínez en un comunicado en el que enfatizó que la medida solo afecta a su esposo en su situación personal de cruce fronterizo y no tiene relación con su cargo público.
En diferentes momentos desde ese mayo de 2025, y por razones diferentes, la misma sospecha de la pérdida del documento se ha lanzado sobre el alcalde Ismael Burgueño, e incluso a la coordinadora estatal de Morena en Baja California, la senadora Julieta Ramírez, quien viajó a un Jack in the Box en Calexico para desmentir las fake news al respecto.
Quien no ha podido demostrar la vigencia de su visa americana es el coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Juan Manuel Molina, el cual ha dado explicaciones tan estrambóticas como evasivas sobre su situación ante las autoridades norteamericanas, porque “prefiere conocer su país” que viajar al país vecino del norte.
En diciembre pasado el legislador fue enfático al señalar que Estados Unidos “no es ni debe ser el mejor evaluador de lo que somos las y los mexicanos”, por lo que consideró estas acciones como ataques que buscan influir en la vida pública del país. En opinión de Molina, dichas decisiones generan sospechas sobre motivaciones políticas más que administrativas.
En junio pasado, la influyente diputada Araceli Geraldo Núñez se sumó a la lista de nombres a los que cancelaron la visa, de acuerdo a la revelación de esta redacción. En una airada solicitud de derecho de réplica aseguró que “la información difundida es falsa y se basa en versiones especulativas que afectan mi imagen pública, ya que no existe fundamento que acredite la presunta cancelación de visa que se me atribuye”.
Este jueves le tocó el turno al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Fragozo, quien presuntamente habría perdido su visa desde julio pasado, aun cuando Fragozo López declaró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial de autoridades estadounidenses sobre la supuesta sanción.
