El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, rechazó que el gobierno de Alejandro Armenta esté detrás de la inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez y recordó que desde 2025 se otorgaron oportunidades a los expresidentes municipales para solventar observaciones ante la Auditoría Superior del Estado.
El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, calificó de “atrevidos o ignorantes” a los partidos de oposición que acusan una presunta persecución política contra el exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) emitiera una resolución que contempla 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 15 millones de pesos.
El funcionario rechazó que la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier tenga alguna intervención en el procedimiento y cuestionó que los partidos opositores responsabilicen al Ejecutivo estatal de una determinación emitida por una autoridad jurisdiccional.
García Parra sostuvo que el gobierno estatal no interviene, incide ni participa en las investigaciones y resoluciones de las autoridades competentes, por lo que consideró incorrecto atribuirle directamente la sanción contra Rivera Pérez.
La respuesta ocurre después de que el exalcalde de Puebla, quien gobernó la capital en dos periodos, denunciara que la resolución constituye un ataque político para afectar sus derechos y su eventual participación en las elecciones de 2027.
#LaMañanerAA | 🚨🏛️ ¡“¿ATREVIDOS O IGNORANTES?”! GARCÍA PARRA RESPONDE A LA OPOSICIÓN POR SANCIÓN CONTRA EDUARDO RIVERA
⚖️ El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra (@JLG_PARRA), rechazó los señalamientos de persecución política relacionados con la resolución administrativa contra el exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01).
📢 El funcionario cuestionó a los partidos de oposición por atribuir al Gobierno estatal una decisión emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa, al señalar que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo.
🏛️ García Parra recordó que, desde 2025, el gobernador Alejandro Armenta (@armentapuebla_) invitó públicamente a expresidentes municipales a acudir ante la Auditoría Superior del Estado (@AsePuebla) para atender observaciones pendientes de sus administraciones.
⚠️ Sostuvo que los procesos electorales no deben convertirse en una justificación para dejar de atender posibles responsabilidades administrativas.
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) November 5, 2026
Armenta llamó desde 2025 a los exalcaldes a solventar sus auditorías
José Luis García Parra recordó que, desde el primer año de su administración, Alejandro Armenta convocó públicamente a los expresidentes municipales que mantenían procedimientos de fiscalización abiertos para que acudieran a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y presentaran la documentación necesaria para solventar sus observaciones.
De acuerdo con el coordinador de Gabinete, el gobernador realizó este llamado en al menos tres ocasiones durante 2025, antes de que comenzaran las controversias relacionadas con el proceso electoral de 2027.
El funcionario explicó que, tras estas invitaciones, la ASE concedió un nuevo plazo a los exalcaldes con observaciones pendientes, a quienes, según su versión, notificó para que tuvieran otra oportunidad de presentar documentos y aclarar las inconsistencias detectadas durante sus administraciones.
Precisó que la convocatoria no estaba dirigida exclusivamente a Eduardo Rivera, sino a expresidentes municipales de diferentes periodos que todavía tenían asuntos sin concluir ante el órgano fiscalizador.
Según García Parra, el objetivo era que los procedimientos se atendieran oportunamente y evitar que, al acercarse las elecciones, las resoluciones administrativas fueran utilizadas como argumento para denunciar persecución política.
El proceso electoral no protege de responsabilidades administrativas
El coordinador de Gabinete también cuestionó que la proximidad de las elecciones de 2027 sea utilizada para desacreditar las investigaciones o sanciones derivadas de la fiscalización de recursos públicos.
En ese sentido, planteó que el inicio de un proceso electoral no puede convertirse en un mecanismo de protección para exfuncionarios que mantienen responsabilidades administrativas pendientes.
García Parra insistió en que las personas que encabezaron gobiernos municipales tienen la obligación de atender las observaciones de las autoridades fiscalizadoras, independientemente de su militancia partidista o de sus aspiraciones electorales.
Asimismo, señaló que existen casos de administraciones municipales de distintos periodos en los que las investigaciones sobre el ejercicio de recursos públicos han derivado en carpetas ante la Fiscalía, aunque no identificó los municipios ni a los exfuncionarios involucrados.
El funcionario sostuvo que la existencia de procedimientos administrativos o investigaciones no puede atribuirse automáticamente a una estrategia de persecución del gobierno estatal.
García Parra admite que desconoce el expediente contra Eduardo Rivera
Pese a rechazar los señalamientos de la oposición, José Luis García Parra aclaró que desconoce los elementos específicos que llevaron a emitir la resolución contra Eduardo Rivera Pérez.
El coordinador de Gabinete señaló que corresponde al exalcalde impugnar la determinación mediante los recursos legales disponibles y presentar los argumentos y pruebas que considere necesarios para su defensa.
Con ello, el funcionario evitó pronunciarse sobre la responsabilidad administrativa del panista y centró su respuesta en rechazar cualquier intervención del Ejecutivo estatal.
La resolución contra Rivera Pérez todavía no es definitiva, por lo que la sanción puede ser revisada por las instancias jurisdiccionales correspondientes.
Eduardo Rivera acusa persecución política y anuncia que impugnará la sanción
La controversia comenzó después de que Eduardo Rivera Pérez difundiera un posicionamiento titulado “La verdad es la mejor defensa”, en el que rechazó los señalamientos de presunto abuso de funciones relacionados con su administración municipal.
El exalcalde sostuvo que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidades personales y anunció que recurrirá a las instancias correspondientes para combatir la resolución.
“En esta resolución, se me señala por un supuesto abuso de funciones que NO fue acreditado y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona”.
Rivera Pérez también negó que se le acuse de un manejo indebido de recursos públicos y afirmó que la determinación tiene un propósito político.
“Aunque NO se me acusa de un mal manejo de recursos públicos, el objetivo es claro: quieren multarme e inhabilitarme INJUSTAMENTE”.
El panista vinculó la resolución con las elecciones de 2027 y cuestionó que la sanción se diera a conocer en un momento en el que comienzan a definirse los escenarios políticos.
“Resulta preocupante la COINCIDENCIA de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que considero legítimo cuestionar sus implicaciones políticas”.
#CírculoDePODER ⚖️🚨 ¡EDUARDO RIVERA DENUNCIA QUE BUSCAN MULTARLO E INHABILITARLO EN PUEBLA!
🏛️ El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01), informó que recibió una resolución no definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, relacionada con un señalamiento por presunto abuso de funciones.
📄 Rivera aseguró que durante su administración actuó conforme a la ley y sostuvo que no existen elementos para atribuirle responsabilidad personal.
⚠️ También afirmó que la resolución busca imponerle una multa e inhabilitarlo, aunque señaló que no se le acusa de un manejo indebido de recursos públicos.
🗳️ El exedil cuestionó que la determinación se produzca en el contexto del proceso electoral de 2027 y consideró que podría tener implicaciones políticas.
⚖️ Anunció que impugnará la resolución ante las instancias correspondientes.
— Moviendo Ideas (@moviendoideas) November 4, 2026
Las observaciones millonarias a la administración panista
El procedimiento contra Eduardo Rivera se desarrolla en el contexto de las revisiones a las cuentas públicas correspondientes a su segunda administración al frente del Ayuntamiento de Puebla.
De acuerdo con la información difundida sobre la fiscalización de 2023, la Auditoría Superior del Estado emitió 15 pliegos de observaciones por un monto total de 261 millones 290 mil 679 pesos.
Entre los señalamientos destaca un pliego por 101 millones 739 mil 240 pesos, relacionado con 67 contratos en materia de comunicación social.
Estos montos corresponden a observaciones de fiscalización y no representan, por sí mismos, recursos desviados o daño patrimonial acreditado. Tampoco permiten establecer automáticamente una responsabilidad individual del exalcalde.
La resolución administrativa también alcanza, de acuerdo con los reportes difundidos, al exsecretario municipal Bernardo Arrubarrena, para quien se contempla una inhabilitación de diez años y una multa de 10.5 millones de pesos.
Rivera Pérez ha insistido en que su administración actuó conforme a la ley y que defenderá su nombre y sus derechos mediante los procedimientos legales correspondientes.
