En Puebla, el Instituto Electoral del Estado (IEE) asegura que cualquier persona puede participar en los procesos electorales, incluso si tienen antecedentes penales. Esta afirmación, respaldada por la consejera del IEE, Susana Rivas, y el representante de Morena, Alfonso Bermúdez, despierta debate debido a la sospecha sobre algunos perfiles, principalmente de la Sierra Norte.
Según Rivas, el IEE no está facultado para impedir la participación de alguien en el proceso electoral, siempre y cuando cumplan con los requisitos y no figuren en el padrón de violentadores ni sean deudores alimenticios. Explicó que el Instituto solo requiere que los candidatos firmen una carta bajo protesta de decir verdad donde afirmen no estar en el supuesto del artículo 38 fracción VII de la Constitución Mexicana, que prohíbe la participación electoral en ciertos casos, como ser declarados deudores alimentarios morosos o con sentencia firme por delitos contra la vida o la integridad corporal.
Por su parte, Bermúdez enfatizó que prohibir la participación de personas con antecedentes penales sería inconstitucional y violaría los derechos humanos, ya que incluso para solicitar trabajo está prohibido exigir antecedentes no penales.
El representante de Morena también destacó la importancia de la moral dentro de los partidos políticos, señalando que son ellos quienes deben asumir las consecuencias de sus elecciones de candidatos. Sin embargo, aclaró que tener antecedentes penales no impide electoralmente la participación de un ciudadano.
En conclusión, mientras que el IEE no puede vetar la participación de personas con antecedentes penales, la responsabilidad moral recae en los partidos políticos para elegir a sus candidatos. Esta discusión cobra relevancia en medio de la designación de candidaturas, como el caso de Juan Navarro en Chalchicomula de Sesma, quien, a pesar de haber estado en la cárcel, no tiene impedimento para ser candidato según las leyes electorales.
