Padres de familia de la Preparatoria Universidad de las Américas Puebla (Udlap)-Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) Puebla denunciaron que el gobierno del estado pretende desaparecer el plantel que fue creado en la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle. Durante la tarde de este martes, padres de familia y personal del plantel de educación media superior impidieron el ingreso de representantes de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del SEDIF Puebla ante el temor de una acción del gobierno del estado para cerrar las instalaciones. Los padres de familia inconformes aseguran que el gobierno busca cerrar la preparatoria Udlap-SEDIF que se encuentra en la Calle 18 Norte 406, en el Barrio de los Remedios, al norte de la capital del estaod. La preparatoria que opera a partir de convenio entre la Universidad de las Américas Puebla y el Sistema Estatal DIF y que ya suma tres generaciones de egresados, permite que estudiantes de escasos recursos mejoren sus oportunidades de desarrollo mediante el acceso a educación media superior con un alto nivel académico porque cuentan con tecnología, profesores de alta calidad y asesoría de regularización académica, establece el acuerdo de operación. Al llegar a las instalaciones de la preparatoria UDLAP-SEDIF, el titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, Hiram Méndez Crisanto, explicó que pretendía realizar una visita para constatar las condiciones en las que estudian los menores de edad. “Venimos a esta escuela que opera en un inmueble del gobierno del estado y hay menores de edad, quienes están recibiendo educación de nivel bachillerato. Los menores son sujetos de asistencia social y nosotros tenemos que hacer la revisión de que se estén cumpliendo las obligaciones por parte de la institución”, comentó. Méndez Crisanto resaltó que, al llegar a la preparatoria, el personal le impidió el paso para realizar una inspección, situación que generó un conflicto porque los menores no podían salir al finalizar la jornada escolar. “Al llegar, el personal cerró la institución poniendo en riesgo la integridad de los menores y hay un notario que dio fe de los hechos. Nosotros dejamos el citatorio. Ya se entregaron otros citatorios y han hecho caso omiso. Ahora, dejamos un nuevo documento para que tenga conocimiento la institución. Para evitar problemas, nosotros nos retiramos. Dejamos la información por escrito. Los padres no podían recoger a sus hijos. Es un tema complicado”, resaltó Méndez Crisanto.
Fuente: Milenio
