La iniciativa de Jaime Aurioles plantea hasta cinco años de prisión y otras sanciones para quienes pongan en riesgo a personas vulnerables bajo su cuidado.
Con la finalidad de reforzar la protección jurídica de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar el artículo 346 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
La propuesta plantea sancionar a quienes, teniendo la obligación de brindar cuidados, abandonen u omitan atender a una niña, niño o adolescente que no pueda cuidarse por sí mismo, a una persona adulta mayor, a una persona enferma o a una persona con discapacidad, cuando esta conducta ponga en riesgo su integridad, su salud o su vida.
De aprobarse la reforma, quienes incurran en estas conductas podrían recibir una pena de tres meses a cinco años de prisión.
La iniciativa también contempla consecuencias adicionales para quienes sean responsables del abandono u omisión de cuidados. Entre ellas se encuentra la pérdida del derecho de heredar, de la patria potestad o de la tutela, cuando la persona responsable ejerza alguno de estos cargos.
El planteamiento establece además que, cuando como consecuencia del abandono o la omisión de cuidados la víctima muera o resulte lesionada, se impondrán las sanciones correspondientes a los delitos de homicidio o lesiones, ambos calificados, conforme al grado que corresponda.
En los considerandos de la iniciativa, Jaime Aurioles sostiene que fortalecer la regulación del delito de abandono permite al Estado reafirmar que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad debe ser una prioridad jurídica y ética.
El legislador también destaca que la reforma busca enviar un mensaje sobre la importancia de cumplir con los deberes de cuidado, así como de fomentar la solidaridad familiar y la responsabilidad hacia las personas que dependen de la asistencia de terceros.
De acuerdo con el planteamiento, una sociedad verdaderamente justa no puede permanecer indiferente ante situaciones de abandono u omisión de cuidados que afecten a quienes necesitan una protección especial.
“El abandono y la omisión de cuidados de personas en situación de vulnerabilidad constituyen una de las conductas más graves de incumplimiento de los deberes de cuidado y solidaridad que exige la convivencia social”, subraya el diputado Jaime Alejandro Aurioles.
Por ello, considera necesario establecer una protección jurídica reforzada frente a cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
