Los legisladores buscan reformar la Constitución de Puebla para garantizar intérpretes, traductores y defensores que conozcan la lengua y cultura de las personas indígenas.

Para evitar que las barreras del idioma limiten el acceso a la justicia y a los servicios públicos, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas.

La propuesta busca garantizar que las personas indígenas cuenten con intérpretes, traductores y defensores que conozcan su lengua y cultura durante los procedimientos judiciales en los que participen, para que puedan comprender las actuaciones de las autoridades y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Además, plantea que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos adopten medidas para facilitar la comunicación con la población indígena, mediante servicios de interpretación, traducción y formatos cultural y lingüísticamente adecuados.

Buscan eliminar barreras lingüísticas en el acceso a la justicia

La iniciativa parte del reconocimiento de que hablar una lengua indígena no debería convertirse en un obstáculo para recibir atención gubernamental, comprender un procedimiento legal o acceder a información pública.

De acuerdo con Leonela Martínez y Elías Lozada, el reconocimiento jurídico de las lenguas indígenas constituye una garantía importante, pero resulta insuficiente si las instituciones no cuentan con mecanismos que permitan utilizarlas efectivamente en la atención a la ciudadanía.

Por ello, proponen reforzar las garantías de asistencia lingüística y cultural en los procedimientos judiciales, así como promover servicios de traducción e interpretación en la relación cotidiana entre autoridades y comunidades indígenas.

La reforma contempla que estas medidas se implementen en los términos que establezca la ley, por lo que su aplicación requeriría disposiciones y mecanismos institucionales específicos.

Servicios públicos y políticas con enfoque intercultural

Los legisladores también plantean que la accesibilidad lingüística sea considerada desde el diseño de espacios, servicios, programas y políticas públicas, en lugar de atender las dificultades de comunicación únicamente cuando se presenten.

Este enfoque busca reducir las barreras que pueden enfrentar las personas hablantes de lenguas indígenas al solicitar información, realizar trámites o acudir ante instituciones públicas.

La propuesta incorpora una perspectiva de inclusión, igualdad sustantiva y pertinencia cultural, con la intención de que la atención institucional reconozca la diversidad lingüística de Puebla.

La reforma constitucional todavía es una propuesta legislativa y no una disposición aprobada. Su eventual entrada en vigor dependerá del procedimiento correspondiente en el Congreso del Estado.

Con esta iniciativa, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elías Lozada Ortega plantean ampliar las condiciones para que las personas indígenas puedan ejercer sus derechos sin que el idioma represente una barrera en su relación con las autoridades.