La Iniciativa presentada en el Congreso de Puebla busca fortalecer la protección de personas, comunidades y pueblos afectados por el deterioro del medio ambiente
Con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de quienes resulten afectados por el deterioro del medio ambiente, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar el artículo 199 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con el fin de reconocer expresamente la calidad de víctima en materia ambiental.
La propuesta plantea que las personas y comunidades afectadas por actos u omisiones que provoquen daños al ecosistema o contravengan la legislación ambiental puedan ser reconocidas legalmente como víctimas, lo que permitiría reforzar los mecanismos de protección y atención.
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa retoma criterios establecidos tanto en el ámbito nacional como internacional, los cuales reconocen que los daños ambientales no solo impactan a la naturaleza, sino también a las personas, comunidades y pueblos que habitan en los ecosistemas afectados o dependen de los servicios ambientales que estos proporcionan.
Suriano Corrales señaló que incorporar este reconocimiento en la legislación estatal permitirá visibilizar a quienes sufren las consecuencias del deterioro ambiental y consolidar un marco jurídico más sólido para atender los efectos sociales, ambientales y patrimoniales derivados de estas afectaciones.
La reforma establece que serán consideradas víctimas las personas físicas que, de manera individual o como integrantes de una comunidad, residan en el ecosistema afectado o sean beneficiarias de los servicios ambientales que éste brinda, siempre que sufran un daño o menoscabo en su integridad física o en su patrimonio como consecuencia de violaciones a la normativa ambiental.
Asimismo, la iniciativa contempla el reconocimiento de grupos, comunidades y pueblos indígenas, así como de comunidades equiparables, cuando se vean afectados sus derechos colectivos, sus bienes jurídicos comunes o el entorno natural indispensable para su desarrollo, identidad y bienestar.
Con esta propuesta, el Congreso de Puebla busca fortalecer el marco legal en materia ambiental, garantizando una mayor protección para las personas y comunidades que enfrentan las consecuencias del deterioro de los ecosistemas y promoviendo una respuesta más efectiva ante los daños al medio ambiente.
