La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto bajo la lupa al estado de Puebla, solicitando aclaraciones sobre un considerable gasto de cerca de 1 mil 200 millones de pesos. Esta suma corresponde al ejercicio fiscal del 2022, último año de gestión del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien falleció el 13 de diciembre de 2022.
Este monto por aclarar es el más significativo desde el 2019, cuando se requirió justificar un gasto de 1 mil 334.3 millones de pesos. En los años subsiguientes, en 2020 fueron 273.4 millones y en 2021 la cifra ascendió a 923.9 millones de pesos.
En total, durante el periodo de 2019 a 2023, que abarca tanto el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido como los primeros años del Barbosismo, los recursos pendientes de aclarar suman una considerable cifra de 3 mil 638.5 millones de pesos.
La ASF ha puesto especial énfasis en 45 contratos de obras diversas, señalando un “probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 265,053,098.50 pesos. Estos contratos fueron financiados con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que transfirió 3 mil 097 millones de pesos a Puebla ese año, de los cuales se auditó 2 mil 568.4 millones.
Entre las observaciones detalladas por la ASF se encuentran la falta de reportes de avances en actividades, reportes fotográficos, notas de bitácora, documentación que acredite pagos de trabajos, finiquitos e información relativa a la adquisición y entrega de equipo y mobiliario.
Además, se destaca una partida de 256.8 millones de pesos por justificar, utilizados para el programa de fotomultas operado por el gobierno estatal en 2022. Aunque se proporcionó cierta documentación, la ASF indica que no se entregaron los reportes de mantenimiento de los equipos utilizados ni la evidencia de las infracciones enviadas a los ciudadanos.
Otro punto de interés es el gasto de 222.2 millones de pesos relacionados con pagos realizados con recursos federales del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades durante el ejercicio fiscal 2022. La ASF señala que en la ejecución de uno de los contratos no se proporcionó la documentación suficiente para acreditar el cumplimiento normativo del proceso de contratación y la ejecución de las acciones de vivienda financiadas.
En total, la ASF practicó 38 auditorías en Puebla durante 2022, emitiendo requerimientos en 15 casos. De estos, en 10 expedientes se presume un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 460.5 millones de pesos. En los cinco restantes se solicitan aclaraciones por un gasto de 646.4 millones de pesos.
Sumando estas cifras, la ASF insta a recuperar o aclarar un total de 1 mil 106.9 millones de pesos que fueron ejercidos por el gobierno de Puebla en 2022. Este escrutinio detallado deja en evidencia la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos en el estado.
