La iniciativa plantea monitoreo permanente de zonas de riesgo, limpieza de infraestructura pluvial, refugios preparados y evacuaciones preventivas para proteger a la población.
Ante el riesgo que representan las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos para distintos municipios de Puebla, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la prevención, mejorar la coordinación entre autoridades y establecer mecanismos de respuesta más oportunos.
La propuesta busca que la protección de la población no dependa únicamente de acciones implementadas cuando ya ocurrió una emergencia, sino que existan obligaciones concretas y verificables para las autoridades municipales en materia de prevención y reducción de riesgos.
Entre los principales planteamientos se encuentra fortalecer la comunicación entre el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección Civil, particularmente para compartir de manera oportuna información hidrológica, hidráulica y meteorológica que permita anticipar posibles escenarios de riesgo.
Asimismo, la iniciativa plantea establecer un monitoreo continuo de ríos, cauces, barrancas y vasos reguladores identificados como zonas de alto riesgo, con la finalidad de detectar oportunamente condiciones que puedan derivar en inundaciones o deslizamientos.
Otro de los puntos centrales consiste en que los Ayuntamientos implementen programas preventivos permanentes de limpieza, mantenimiento y desazolve de drenajes, alcantarillas, redes pluviales y cauces que sean de su competencia.
La legisladora también propone fortalecer la preparación de los refugios temporales antes de que ocurra una emergencia. Para ello, plantea verificar previamente sus condiciones de seguridad, accesibilidad, capacidad y equipamiento, de manera que puedan ser habilitados de forma efectiva cuando sea necesario.
La propuesta contempla además fortalecer los mecanismos de evacuación preventiva cuando exista un riesgo inminente de inundación, desbordamiento o deslizamiento, sin esperar necesariamente a que se emita una declaratoria de emergencia cuando hacerlo pueda poner en peligro a la población.
Un elemento relevante de la iniciativa es la incorporación de un enfoque de inclusión. Las acciones de prevención y evacuación deberán considerar las necesidades específicas de personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y otras personas que requieran asistencia para evacuar o acceder a los refugios.
También se plantea que la información preventiva sea difundida mediante lenguaje claro, formatos accesibles y, cuando corresponda, lenguas indígenas, con el propósito de que las alertas y recomendaciones puedan llegar efectivamente a las comunidades que se encuentran en zonas de riesgo.
“No podemos controlar la intensidad de la lluvia, pero sí podemos reducir los riesgos”, sostuvo la diputada María Soledad Amieva, al señalar que factores como la falta de coordinación, limpieza, información o preparación pueden agravar las consecuencias de un fenómeno natural.
La legisladora enfatizó que su propuesta respeta las competencias de los distintos órdenes de gobierno y busca generar mejores condiciones para que el Estado y los municipios puedan anticiparse a los riesgos y actuar con oportunidad para proteger a la población.
