La lluvia de quejas en la Justicia arrancó en 2020, con el llamado “electrolinazo”. Más de 300 empresas buscan frenar los aumentos desmedidos en las tarifas.
Las reformas a la Ley de Industria Eléctrica (LIE), promovidas por Andrés Manuel López Obrador, han recibido una lluvia de amparos por parte de empresas y particulares. En el Poder Judicial se calcula que más de 300 empresas ya buscan amparos, y el número podría crecer en las próximas semanas.
Pero el problema en esta materia viene de larga data. En junio del año pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó aumentos de hasta 775% en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, surgiendo así el llamado “electrolinazo”.
Entre otros cargos, la CFE aumentaba sideralmente el costo de transmisión para energías renovables bajo el modelo de autoabastecimiento, que una buena parte de las grandes empresas mexicanas utiliza para transitar hacia un modelo “verde” de producción.
Ya en ese momento, diversas empresas como Nissan, Coppel, Sanborns, La Moderna, BioPappel Scribe y Bimbo, presentaron amparos, los cuales fueron concedidos, y por ende, el decreto fue declarado suspendido e inconstitucional por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en Competencia Económica.
López Obrador señaló a Bimbo y Walmart como parte de las empresas amparadas en contra de la reforma a la Ley Eléctrica, aunque en realidad dichos amparos ya habían sido otorgados contra el “electrolinazo” de 2020.
Los nuevos amparos van en contra de la Ley Eléctrica, la cual protege el monopolio de la CFE, resultando estos reclamos su mayoría favorables, por lo que la Comisión ha tenido que frenar las acciones.
Dichas reformas entraron en vigor el pasado 10 de marzo y fueron congeladas un día después, suspendiendo de forma general sus efectos y consecuencias. Esto dejó vigente la versión anterior de la ley.
López Obrador declaró en su mañanera de viernes: “Existen muchos amparos, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, seguramente este asunto llegará a la Suprema Corte y haremos de este tema un debate nacional”.
Los jueces encargados de resolver las suspensiones definitivas deberán resolver caso por caso, lo que detiene por tiempo indefinido la reforma. Las más recientes suspensiones provisionales a la norma fueron otorgadas por el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa.
