CFEnergía los amenazó y obligó a pagar por un producto no consumido porque no es entregado
Hace unas semanas, la Comisión Federal de Electricidad, a través de su filial CFEnergía, presumió con bombo y platillo haber “renegociado” ocho contratos de suministro de gas natural, los cuales, informó, le generaron ingresos por 200 millones de dólares.
Lo que el director general de CFEnergía, Miguel Reyes Hernández, olvidó mencionar es que dichas “renegociaciones” se lograron por medio de amenazas legales y demandas a consumidores privados y usuarios finales de gas, según denunciaron algunas empresas afectadas como Gas Natural Industrial, liderada por Salomón Issa; y Emerging America, de los hermanos Gildardo y Daniel Gutiérrez.
Información llegada a esta columna precisa que la filial de la CFE fundamentó dichas acciones legales en el argumento de que esas y otras empresas no le compraron el gas natural al que se habían comprometido por contrato. Pero el problema, explicaron los quejosos, es que el gas natural que se habían comprometido a adquirir, no podía ser entregado en tiempo y forma, ya que el sistema de ductos para su distribución no había sido concluido en su totalidad. En otras palabras, explicaron las empresas afectadas, CFEnergía los amenazó y obligó a pagar por un producto que no puede ser consumido porque no es entregado.
¿Por qué los ductos no estaban concluidos o su operación suspendida? Se trata, al parecer, de una secuela del litigio que a principios de actual gobierno (febrero de 2019) inició la CFE de Manuel Bartlett contra una serie de contratos para la construcción de gasoductos de empresas como IEnova, TransCanada, Carso Energía y Fermaca.
La construcción de esa red de gasoductos fue concebida durante el gobierno de Felipe Calderón y desarrollada por el de Enrique Peña Nieto para traer gas natural importado en el contexto de la reforma energética. Por contrato, su propiedad quedó en manos de las constructoras y se estableció que la CFE debía pagar rentas crecientes de suministro y penalizaciones, cuando el servicio se suspendiera por razones ajenas a los operadores. Fue el caso de una explosión y de demandas de grupos ambientalistas, que llevaron a la suspensión de la construcción de algunos de los gasoductos y del suministro en el caso de los ya terminados.
El gobierno de la 4T consideró que se trataba de contratos “leoninos”. Su principal argumento fue que en 2018 la CFE tuvo que pagar 5 mil 800 millones de pesos por una infraestructura inconclusa, debido a las llamadas “cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito”. Por eso planteó la modificación de los contratos e incluso amenazó con llevar el caso a panales internacionales de controversias.
Los gasoductos y la CFE finalmente llegaron a un acuerdo (agosto de 2019): rentas parejas, reducción de penalizaciones y acuerdos equilibrados en casos fortuitos y de fuerza mayor.
¿Acaso no se han cumplido esos acuerdos? No, por lo visto. Los clientes de la CFE —según la denuncia aquí presentada— no pueden recibir el gas natural que contrataron por un problema creado cuando comenzó el litigio con los constructores de los gasoductos. Aquel pleito —según la Auditoria Superior de la Federación— acabó siendo más caro para la CFE, pues resultó en un perjuicio para el país de 600 millones dólares, derivado del incremento en costos a valor presente.
Terminó pagando más dinero y sin poder surtir de gas natural a sus clientes.
Tener una concepción distinta a la de la apertura energética es legítimo, pero eso no justifica incompetencia y errores que, por lo visto, se quieren atribuir a los privados. Errores que ahuyentan inversiones y generan desconfianza.
