Personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla acusa presuntas amenazas laborales y presión para firmar resoluciones que, aseguran, no se apegan a derecho.

Un grupo de trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla denunció de manera anónima presuntas presiones internas para favorecer asuntos relacionados con actores políticos y particulares, así como amenazas de despido en caso de no acatar determinadas instrucciones.

A través de un mensaje enviado a este medio, personas que se identifican como colaboradores de la dependencia señalaron al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Roberto Santiago Sánchez, de supuestamente exigir apoyo en procedimientos jurídicos vinculados al abogado Mario Bracamonte González, así como en asuntos que, según afirman, estarían relacionados con funcionarios del gobierno estatal.

De acuerdo con el testimonio recibido, los trabajadores aseguran haber sido convocados a reuniones donde presuntamente se les indicó que determinadas resoluciones debían emitirse en sentido favorable para ciertos intereses, aun cuando, según su versión, no existirían elementos jurídicos suficientes para sustentarlas.

Los denunciantes sostienen que estas presuntas instrucciones pondrían en riesgo al personal responsable de firmar los documentos oficiales, ya que las resoluciones podrían ser contrarias a la normatividad vigente.

Acusan amenazas por renovación de contratos

El personal que hizo llegar la denuncia asegura que gran parte de los trabajadores se encuentra contratado bajo esquemas temporales cuyos contratos concluyen durante el mes de junio.

Según el relato, existirían advertencias de que quienes no respalden determinadas decisiones podrían no ser considerados para futuras renovaciones laborales.

Además, los trabajadores afirman que recientemente se realizaron movimientos y cambios de adscripción a empleados de base que presuntamente se negaron a seguir las instrucciones señaladas.

“Tenemos miedo por perder nuestro empleo, pero también por las resoluciones que nos están obligando a firmar”, señala el mensaje enviado a este medio.

Temor a represalias

Los denunciantes explicaron que han evitado presentar quejas formales debido al temor de represalias laborales.

De acuerdo con su versión, al acudir a instancias internas de control se les habría solicitado presentar denuncias identificándose con nombre y apellido, situación que consideran riesgosa debido a la supuesta influencia política que atribuyen a los involucrados.

Asimismo, manifestaron preocupación por la posibilidad de ser vetados laboralmente en caso de que sus identidades sean reveladas.