Lourdes Piña Soria solía acercarse a Guadalupe Taddei en las sesiones del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Entre 2024 y 2026, la asesora en comunicación le hablaba al oído, le pasaba tarjetas y la abrazaba frente a los demás consejeros y representantes de los partidos, que desconocían por completo su función en el equipo de la consejera presidenta. Sin ostentar un cargo formal en el instituto, ni aparecer en la nómina, Piña Soria encabezaba reuniones en la sala de juntas de la presidencia del Consejo, giraba instrucciones y delineaba la estrategia de comunicación, al tiempo que gestionaba contratos para empresas vinculadas a ella. Todo este poder tenía una razón: Lourdes Piña Soria del Valle formaba parte de las personas que el empresario José Alfredo Hernández Casillas colocó en el primer círculo de Taddei durante los años en los que fueron allegados.

Funcionarios y exfuncionarios del INE han confirmado a EL PAÍS que “Lulú” -como la llamaba Taddei- llegó al instituto en 2024, como parte de un grupo de funcionarios recomendados por el empresario José Alfredo Hernández Casillas, la mayoría de los cuales aparecen o son mencionados en fotografías, videos y audios publicados por Latinus y Reforma, en los que se revelan relaciones de contubernio entre la expresidenta del INE y el proveedor de materiales electorales. La mayoría de esos funcionarios ya causaron baja y están involucrados en procesos que están siendo investigados por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE y por la Auditoría Superior de la Federación. Se trata de José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género; Mario Burciaga, director de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración, y Sergio Uzeta, a quien “Lulú” colocó como coordinador de Comunicación Social en octubre de 2025. En la lista estaba también Claudia Arlett Espino, expresidenta del OPLE de Chihuahua y secretaria ejecutiva del INE hasta septiembre de este año, cuando renunció intempestivamente, argumentando temas de salud, unas cuantas horas antes del inicio del proceso electoral. “Cata”, como la llamaban en el INE, también aparece en uno de los videos con Hernández Casillas.

A diferencia de ellos, Lourdes Piña Soria nunca figuró en la estructura orgánica del INE ni en las observaciones del OIC. Su relación era personal con Taddei y su participación en asuntos oficiales del instituto era totalmente informal. Sin embargo, ella convivió con los tres coordinadores de comunicación social que tuvo Taddei: Iván Flores, de abril de 2023 a agosto de 2024; Carmen Urías, de septiembre de 2024 a octubre de 2025, y Sergio Uzeta, desde octubre de 2025 hasta la semana pasada, cuando se le pidió la renuncia. Piña Soria apareció por primera vez en los debates presidenciales de 2024 y, según funcionarios del INE, Taddei le dio acceso total a los foros donde solo entraban los equipos de las candidatas y el personal autorizado del INE.

En diciembre de 2024, Piña Soria fundó, junto con Sergio Uzeta, la Agencia Veritas Vox, para entrar al negocio de la comunicación en la elección del Poder Judicial de 2025. A través de esta agencia, organizaba cursos para los candidatos a jueces, con un costo de 10.000 pesos, conversatorios y conferencias. Y también producía cápsulas informativas sobre la elección judicial, en la que aparecían personas recomendadas por Hernández Casillas, que para entonces ya ocupaban un despacho en el INE, como José Alberto Pérez de Acha, quien otorgó una entrevista en mayo de 2025, que aún puede verse en las redes sociales de la Agencia Veritas Vox.

La agencia de Lourdes Piña forma parte de una empresa que aparece en el Registro Nacional de Proveedores del INE desde 2021, que ha venido refrendando su registro y que recibió contratos durante la gestión de Guadalupe Taddei. La marca comercial es Marketing Mates, pero su razón social -con la que firmó los contratos con el INE- es Unordinary Business Consultants SA de CV. En septiembre de 2024, Taddei ya había cambiado de titular de la Coordinación de Comunicación Social y, en la transición, Piña Soria ordenó que se contratara a Marketing Mates para hacer una capacitación a los encargados de comunicación en las 32 Juntas Locales del INE. El curso, impartido en noviembre bajo el título “Mejoramiento de habilidades para el manejo de medios de comunicación”, estuvo a cargo de dos colaboradores de Marketing Mates que, después, fueron funcionarios del INE: Sergio Uzeta y Yanic Pérez Verti. Además de ellos, otros tres colaboradores de la Agencia Veritas Vox llegaron a la Coordinación de Comunicación Social del INE, y a la fecha siguen ocupando cargos directivos: Juan Gerardo Reyes, director de Información; Amparo Brindiz, directora de Comunicación y Análisis Informativo, y Ramón López Castro, subdirector de Análisis Informativo.

La impartición de esos cursos fue una de las primeras diferencias entre Lourdes Piña y la nueva coordinadora de Comunicación, Carmen Urías, quien tuvo constantes diferencias con la “súper asesora” durante todo el proceso de la elección judicial. En mayo de 2025, cuando Taddei ordenó que Comunicación Social le diera un contrato a un proveedor allegado a Lourdes Piña para producir un documental sobre la elección de jueces, Urías se negó y la consejera presidenta congeló la relación con ella. Cinco meses después, Urías renunció y “Lulú” colocó a Uzeta en la Coordinación de Comunicación. Con él se formalizaron tres contratos polémicos que están bajo investigación del OIC.

El primero de ellos, identificado bajo el registro INE/ADQ-166/25, por un monto total de 1.057.000 pesos, lo adjudicó de manera directa la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica (Deceyec) al proveedor Gilberto Solís Mendívil, para realizar un documental sobre la elección judicial que nadie ha visto dentro ni fuera del INE. Un segundo contrato (INE/ADQ-165/25), se firmó con Unordinary Business Consultants, también por adjudicación directa por un monto de 883.990 pesos, para elaborar “una crónica institucional del desarrollo del proceso electoral del Poder Judicial”, un producto que tampoco fue presentado al público, ni a los consejeros electorales. Estas dos adjudicaciones directas las otorgó la Deceyec cuando la encargada de despacho era Iliana Araceli Hernández Gómez, quien aparece en los videos acompañando a Taddei en los convivios sociales con el proveedor Hernández Casillas. En abril de 2026, esta funcionaria dejó esa encargaduría de despacho y fue nombrada por Taddei titular de la Unidad de Género.

Un tercer contrato (INE/ADQ-229/25) fue firmado con Unordinary Business a través de la Coordinación de Comunicación Social, ya a cargo de Uzeta, quien un año antes impartió un curso a funcionarios del INE como consultor de esa misma empresa. El contrato llamó la atención del OIC por el periodo de ejecución, que iba del 24 al 31 de diciembre de 2025, en plenas vacaciones institucionales. El objeto del contrato también es inusual: “servicio de análisis externo de los productos elaborados por la Dirección de Información de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, de cara a la definición de la estrategia de comunicación 2026″. Es decir, el INE pagó 1.266.720 pesos para que un proveedor vinculado a la “súper asesora” de Taddei revisara el trabajo del área en la que ella había colocado a sus allegados. EL PAÍS pidió al director de Información, Juan Gerardo Reyes, quien firmó este último contrato, una postura oficial del INE en la que se detalle si existen entregables de dichas adjudicacions, pero hasta el momento el funcionario no ha dado respuesta.

Lourdes Piña Soria, la “súper asesora” de Taddei, normalizó sus apariciones en los eventos públicos del INE una vez que tomó el control de la Coordinación de Comunicación Social, a través de Uzeta, periodista de larga trayectoria que también fue funcionario del Canal Once y de la Agencia Notimex, en los sexenios anteriores a la llamada Cuarta Transformación. “Lulú” solía aparecer en las sesiones de Consejo General y en las conferencias de prensa, y es mencionada en los audios de Hernández Casillas como parte del grupo que, según los dichos del proveedor, colocó para mantener el control del instituto. Su misión era volverse “la sombra de Taddei”. Lo cierto es que, durante tres años, sin figurar nunca en la estructura orgánica o el directorio del INE y sin rendir cuentas ante los demás consejeros, definió estrategias de comunicación, influyó en nombramientos y en contratos que nunca alcanzaron montos mayores -como los de las empresas de Hernández Casillas-, pero sí fueron observados por el contralor como un modus operandi que funcionó durante la gestión de Taddei.