Es lo que establece el proyecto de ley de la 4T. No aceptan tener trato con funcionarios que no pasaron por pruebas de confianza.
La propuesta con la cual el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende regular el accionar de agentes de seguridad extranjeros en México ya avecina un conflicto frontal con la DEA. Según fuentes del Centro de Inteligencia Nacional (exCisen), dos figuras de alto rango de dicha la agencia estadounidense ya le comunicaron a Audomaro Martínez Zapata que no se facilitará información a la SRE ni tampoco se darán datos sobre la identidad y el CV de los agentes que laboran en México.
El conflicto que se avecina tiene alta densidad. La propuesta de ley es la respuesta al pedido de la Sedena de limitar las funciones de la DEA en México tras el arresto del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. LPO reveló que en privado Cienfuegos dice que él fue arrestado como una represalia ordenada por la agencia anti drogas tras el estallido de Culiacán en 2019.
Para la DEA, tal como ya escucharon en el Gobierno, es inconcebible entregar información sensible a funcionarios de la Cancillería que no pasan pruebas de confianza. Así lo estipula el proyecto que está en el Poder Legislativo.
Tampoco confían en el sistema de resguardo de información del gobierno mexicano, donde los ciberataques son frecuentes, las filtraciones están a la orden del día y hace tan solo dos meses se había montado un esquema de defraudación a empresarios desde la oficina de Alfonso Romo.
El problema es todavía más complejo si se considera que hoy por hoy el Estado mexicano no tiene demasiado verificado el número de agentes de la DEA que prestan funciones en el país. Una pista de lo desigual de esta encrucijada: EU tiene un nivel de información sobre asuntos domésticos muy superior al que manejan las fuerzas de seguridad mexicanas.
La situación de la DEA en México se va a convertir en la primer prueba de fuego para el futuro secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas.
