Mexicali (07 marzo 2020).- Hace 21 años, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto sufrió una violación, quedó embarazada y fue forzada a dar a luz. Ahora, pide al Gobierno de Baja California que le ayude a pagar la universidad de su hijo, de 19 años, para evitar que él también vea truncada su vida.
“Isaac quiere estudiar diseño en la Universidad de Durango”, explica en entrevista la mujer originaria de Oaxaca, quien se gana la vida como conductora de un servicio de transporte por aplicación.
“Ahorita no está a mi alcance (pagar), porque él irá a la universidad, mi otro hijo, de 12 años, a la secundaria, y mi niña de 8 a la primaria, todo se me complica”.
En la Secretaría de Gobierno, cuenta, le informaron que no le darán más apoyo porque no es una escuela pública, como señala el acuerdo a través del cual se le indemnizó por el daño que le ocasionó la negligencia de autoridades sanitarias y ministeriales que la presionaron para tener a su bebé aunque ella era menor de edad y la ley permitía abortar por ser una violación.
Paulina sufrió una violación tumultuaria cuando tenía 13 años de edad.
Era 31 de julio de 1999 cuando dos sujetos ingresaron a la vivienda en la que dormía con su hermana y dos sobrinos, en la Colonia Colosio.
“Estaba de vacaciones del segundo grado de secundaria. Ese día ni iba a ir a la casa de mi hermana, pero me animé por mis sobrinos. Por la noche estábamos todos dormidos en un mismo cuarto, mi cuñado se había ido a trabajar”, relata.
Nadie escuchó cuando los sujetos entraron.
“(Uno de ellos) me despertó de una patada, lo vi ya parado al pie del colchón. Me dijo que no gritara porque me iba a matar. Él tenía un tatuaje de tres mujeres en uno de los brazos, no recuerdo ya en cuál, me exigió que me tapara la cara con la cobija”.
La hermana y sus hijos fueron amordazados y la adolescente fue violada por los dos hombres que además se llevaron alhajas y dinero.
Dos meses antes de su cumpleaños número 14, la niña se percató que estaba embarazada.
Paulina quería abortar y sus padres la llevaron a la clínica de Isstecali para interrumpir su embarazo, amparados en el Artículo 136, fracción 2 del Código Penal del Estado, que señala que el aborto no es punible en caso de violación.
Sin embargo, médicos se negaron a practicarle el legrado y, en cambio, dieron aviso a la agencia del Ministerio Público.
Al conocerse el caso, el entonces Procurador estatal, Juan Manuel Salazar, personalmente llevó un sacerdote a la familia para disuadirlos del aborto. Incluso, permitió el acceso de representantes del grupo Provida para presionarlos.
“(El sacerdote) nos dijo que nosotras seríamos asesinas y nos excomulgaría”, recuerda Paulina.
La recomendación 2/2000 de la entonces Procuraduría Estatal de Derechos Humanos detalla los abusos cometidos.
“Después de muchas vueltas al Ministerio Público e innumerables oficios, cuando Paulina tenía más de dos meses y medio de embarazada, el 14 de octubre de 1999, a las 21:00 horas, las autoridades médicas citaron a la mamá de Paulina y al hermano de la menor supuestamente para llenar una hoja de responsabilidad médica para practicar el aborto. En vez de eso, Virginia Quiñonez, asesora jurídica de Isesalud, e Ismael Ávila Íñiguez, director del Hospital General de Mexicali, infundieron miedo en la madre de Paulina”, indica.
El Gobierno estatal, encabezado entonces por el panista Alejandro González Alcocer, ignoró las recomendaciones de la Procuraduría y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La niña esperó hasta una semana en el hospital para que le practicaran un aborto, pero no sucedió. Ante la presión, la mamá de Paulina cedió.
Isaac de Jesús Ramírez Jacinto nació el 13 de abril del 2000, Paulina tenía ya 14 años.
Tras la polémica que levantó el caso, el Gobierno del Estado se comprometió a indemnizar a Paulina y apoyarla con la educación de su hijo.
Sin embargo, fue hasta seis años después cuando ella pudo firmar el “acuerdo de solución amistosa”, el 8 de marzo del 2006, previa intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Uno de los compromisos para la educación de Isaac fue la aportación de 5 mil 290 pesos en cada ciclo escolar.
Silvia Reséndiz, activista que apoyó a Paulina desde antes del nacimiento de Isaac, asegura que en realidad negociaron 5 mil pesos al mes para el niño, pero cuando se firmó el acuerdo, las autoridades lo ajustaron a un monto anual.
El dinero no fue suficiente.
“Hacía milagros, y eso que comencé a trabajar desde los 16 años en una fábrica de plásticos”, señala Paulina.
El acuerdo incluyó además un monto por 679 mil pesos, dinero que le fue entregado en diferentes años por concepto de manutención, apoyo para vivienda, daño emergente, gastos médicos y daño moral.
Hace dos años, Paulina comenzó a trabajar como conductora. Renta la unidad en 3 mil pesos por semana y obtiene entre 200 a 300 pesos libres al día.
El verano pasado Isaac terminó el bachillerato. Como quiere estudiar en la Universidad de Durango, ahora Paulina enfrenta la posibilidad de que el Gobierno del Estado dé por concluido su apoyo de atención médica y educativo si su hijo no permanece en una escuela pública.
Vía: REFORMA
