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Adriana Cabrera
@adriana_ch12
El Tribunal Electoral Federal (TEPFJ) ha dictado una multa de más de 62 millones de pesos contra el partido oficialista Morena, confirmando la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE). La penalización se relaciona con la omisión de reportar la totalidad de los gastos generados por los aspirantes durante el proceso interno para la candidatura presidencial en 2023.
La sanción se debe a irregularidades en la fiscalización de gastos durante el proceso interno por la candidatura presidencial en 2023. Entérate de los detalles de las multas y las argumentaciones del partido oficialista.
A propuesta del magistrado Felipe de la Mata, la decisión fue aprobada por unanimidad. El INE había determinado que Morena no reportó 42 millones de pesos en gastos de propaganda de sus aspirantes, coloquialmente conocidos como “corcholatas”.
Este término, derivado de la acción de destapar una botella con una corcholata, simboliza el destape de aspirantes a cargos gubernamentales. La multa se basa en las irregularidades detectadas en los recursos utilizados para las giras de estas “corcholatas”.
El INE, a través de un trabajo exhaustivo, demostró la vulneración de las reglas de fiscalización, y la magistrada Janine Otálora destacó que la fiscalización no se limita a la revisión de recursos públicos y privados, sino que también incluye el origen, monto, destino y aplicación de cualquier recurso manejado por actores políticos.
Las multas detalladas incluyen 20 millones por omitir reportar gastos de eventos y propaganda localizada en las visitas de verificación, y 37 millones 409 mil 282 pesos por propaganda en vía pública, donde se identificaron gastos en espectaculares, bardas, carteleras, puentes y paradas de autobuses relacionados con el proceso partidista.
Además, se impusieron sanciones de 3.4 millones de pesos por no reportar gastos menores y un millón de pesos por gastos de transporte. Entre las infracciones se encuentra la omisión de reportar 5 mil 350 playeras de propaganda.
Morena había alegado el uso indebido de criterios por parte del INE en la determinación de precios de materiales de propaganda no reportados, así como la aplicación retroactiva de criterios para regular una campaña adelantada y fuera de la ley. Sin embargo, estas argumentaciones fueron rechazadas por los jueces electorales, marcando un revés para el partido oficialista.
