La medida forma parte de una investigación por presuntas operaciones vinculadas al contrabando de hidrocarburos; la FGR continúa integrando el caso y un juez definirá la situación jurídica del exgobernador
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte de las investigaciones que realizan las autoridades federales por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La medida cautelar fue adoptada debido a la detección de operaciones financieras consideradas inusuales y mientras se revisa el origen, destino y justificación de diversos movimientos bancarios relacionados con el exmandatario.
De acuerdo con la información integrada por la UIF y entregada a la Fiscalía General de la República (FGR), se identificaron operaciones de inversión superiores a 10 millones de pesos, además de transferencias por 18 millones de pesos provenientes de la empresa Ingemar, así como movimientos adicionales por 700 mil pesos entre cuentas vinculadas al propio Ruffo Appel.
Las autoridades precisaron que el bloqueo de cuentas no constituye una declaración de culpabilidad ni implica que los recursos sean de origen ilícito, sino que se trata de una medida preventiva para impedir el movimiento del dinero mientras continúan las investigaciones.
La UIF documentó que durante julio de 2025 el exgobernador realizó una inversión por poco más de 10 millones de pesos y posteriormente efectuó el retiro de esos recursos mediante la venta de fondos en un periodo menor a un mes.
Asimismo, la investigación señala que entre julio de 2024 y julio de 2025 recibió dos transferencias por un total de 18 millones de pesos provenientes de Ingemar, empresa dedicada a actividades portuarias y aduanales, de la cual Ruffo Appel ha reconocido públicamente ser accionista.
La Fiscalía General de la República sostiene que dicha empresa habría sido utilizada dentro de un esquema para introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas, reportando volúmenes menores de combustible o describiendo mercancías distintas a las transportadas con el objetivo de reducir el pago de contribuciones.
Según la teoría presentada por el Ministerio Público, estas operaciones habrían involucrado al menos 163 unidades ferroviarias utilizadas para el traslado de combustibles.
La FGR considera que los depósitos realizados por Ingemar podrían representar un vínculo entre Ruffo Appel y las actividades investigadas; sin embargo, esa hipótesis deberá ser acreditada durante el proceso judicial.
Por su parte, la defensa del exgobernador rechazó las acusaciones. Su abogado, Fernando Gómez Mont, aseguró que la Fiscalía no cuenta con pruebas suficientes para demostrar que su cliente participó o tenía conocimiento de actividades ilícitas.
Asimismo, la hija del exmandatario, Verónica Ruffo, pidió que el proceso se desarrolle con transparencia y recordó que su padre mantiene el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Actualmente, Ernesto Ruffo Appel permanece bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, imputado por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y conductas relacionadas con el ingreso irregular de combustibles al país.
Hasta el momento, una jueza de control continúa analizando los datos de prueba presentados por la Fiscalía para determinar si el exgobernador y otros siete imputados serán vinculados a proceso.