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Fiscalía CDMX identifica responsable por feminicidio de Edith Guadalupe

Por: Editor Moviendo Ideas

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El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años, ha generado una profunda indignación social y cuestionamientos hacia las autoridades de la capital del país. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el 17 de abril de 2026 el hallazgo sin vida de la joven en un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el 15 de abril.

De acuerdo con la investigación oficial, el cuerpo de la víctima fue localizado en el sótano del edificio marcado con el número 829 de Avenida Revolución, dentro de una bolsa y con signos de violencia, incluyendo golpes, lo que llevó a la autoridad a activar el protocolo de feminicidio. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que ya se cuenta con la identificación de un probable responsable, aunque no se han revelado detalles sobre su identidad o estatus legal.

La cronología del caso evidencia tensiones entre la versión oficial y la de los familiares. Mientras la Fiscalía sostiene que tuvo conocimiento de la desaparición el 16 de abril, la familia asegura que el reporte se realizó desde el mismo 15 de abril, cuando Edith salió a una entrevista de trabajo en la zona centro de la ciudad y no regresó. Imágenes de videovigilancia muestran que la joven se trasladó en motocicleta hacia el inmueble donde posteriormente fue hallada sin vida.

Uno de los puntos más críticos del caso ha sido la participación de la familia en la investigación, ya que aseguran haber realizado por cuenta propia el rastreo de la víctima. Tláloc Aguilar, familiar de Edith, denunció que fueron ellos quienes identificaron el edificio donde la joven ingresó por última vez. Según su testimonio, inicialmente los residentes del lugar negaron su entrada, pero tras presentar evidencia recabada por la familia, confirmaron que sí ingresó, aunque no pudieron precisar si salió.

Además, los familiares han denunciado presuntas irregularidades y omisiones por parte del Ministerio Público, incluyendo falta de atención inmediata y señalamientos de extorsión por parte de funcionarios. Ante estas acusaciones, la fiscal Bertha Alcalde declaró que “la conducta indebida de funcionarios es inaceptable” y anunció una revisión exhaustiva, con posibles sanciones administrativas y penales para los responsables.

La presión social escaló cuando los familiares realizaron un bloqueo vial en Avenida Revolución y posteriormente en Eje 6, exigiendo avances en la investigación. Fue hasta después de estas acciones que, según denuncian, las autoridades intensificaron las diligencias, que incluyeron la inspección del inmueble a partir de las 5:30 horas del 17 de abril.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, condenó el feminicidio y pidió que las investigaciones se realicen “con prontitud y rigor” para garantizar justicia.