La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha destapado un nuevo escándalo financiero en el último año de gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, el exgobernador difunto de Puebla. Este hallazgo se suma a los dos hoyos financieros previos atribuidos al gobierno barbosista, sumando un total de mil 322 millones de pesos en perjuicio para las arcas públicas.
En el informe de fiscalización de la cuenta pública 2022, divulgado este martes, la ASF reveló que la administración de Barbosa no pudo acreditar el destino de 447.5 millones de pesos, principalmente asignados al sector Salud.
La auditoría encontró faltantes en la documentación que respaldara el uso de estos recursos, incluyendo contratos incompletos, sin pólizas de pago y sin facturas.
El probable daño patrimonial involucra una docena de contratos asignados en diferentes momentos por el gobierno barbosista para la contratación de servicios y adquisición de bienes en el ámbito de la salud.
Estos contratos fueron otorgados por la Secretaría de Salud del estado, bajo la gestión de José Antonio Martínez García durante casi toda la administración de Miguel Barbosa.
Uno de los contratos que resalta por su monto es el SSP-SDIAP-C-037/2022, que representa un probable daño patrimonial por 28 millones 337 mil pesos.
Los demás contratos oscilan entre los 6 y los 27 millones de pesos, generando una suma significativa de recursos sin comprobar su correcto uso.
El gobierno actual, bajo el liderazgo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tiene la opción de solventar estas observaciones presentando evidencia del destino del dinero, además afirma que se aclarará a la ASF el destino del dinero.
Este nuevo hallazgo de la ASF se suma a otros escándalos financieros que aún no se han resuelto en la administración de Barbosa Huerta. Entre ellos, la inversión fallida de 600 millones de pesos en Accendo Banco, que se declaró en quiebra en 2021, y un crédito fiscal por 722 millones generado en 2020 por intentos de evasión fiscal al SAT.
A la fecha no hay funcionarios o exfuncionarios imputados por alguna acción u omisión en estos casos de quebranto financiero, dejando interrogantes sobre la transparencia y manejo de recursos durante la gestión de Miguel Barbosa.
