Los legisladores presentaron un punto de acuerdo para evitar cobros desproporcionados por copias, búsquedas y digitalización de documentos en municipios.

La diputada Leonela Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega buscan poner un límite a los cobros que realizan los Ayuntamientos y Concejos Municipales por trámites relacionados con documentos que pertenecen a la ciudadanía.

Ambos legisladores presentaron un punto de acuerdo dirigido a las autoridades municipales, con el propósito de que se abstengan de establecer cobros desproporcionados por conceptos como copias certificadas, copias simples, búsqueda o digitalización de documentos.

La propuesta plantea que estos pagos deben responder a criterios de justificación, equidad y tarifas fijas, de manera que el costo no se convierta en una barrera para que las personas puedan acceder a documentación que, por derecho, les corresponde.

Cobros municipales bajo la lupa

El planteamiento de Leonela Martínez y Elías Lozada parte de una premisa: los municipios no deben utilizar los trámites documentales como una fuente de lucro o ganancia.

Para sustentar el exhorto, los legisladores señalaron que existen múltiples fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establecen que los Ayuntamientos no pueden perseguir un beneficio económico mediante este tipo de cobros.

La razón, explicaron, es que las actividades de los gobiernos municipales se desarrollan dentro de la función pública y no bajo una lógica de derecho privado.

Desde esta perspectiva, el costo de una copia, una búsqueda documental o la digitalización de información debe corresponder a un trámite administrativo justificado y no representar una carga desproporcionada para quienes requieren los documentos.

Buscan tarifas más justas en las ventanillas

El exhorto también tiene como objetivo fortalecer la transparencia en la administración de Ayuntamientos y Concejos Municipales.

Martínez Ayala y Lozada Ortega plantean que las ventanillas de las dependencias municipales, por ser espacios de atención cercanos a la ciudadanía, deben operar bajo criterios que permitan el acceso a servicios justos y eviten posibles abusos.

La propuesta apunta así a que las tarifas relacionadas con documentos sean claras, equitativas y accesibles, particularmente cuando se trate de información o documentos a los que las personas tienen derecho.

El llamado a los municipios

Con este punto de acuerdo, los legisladores buscan que las autoridades municipales revisen la forma en que establecen y aplican los cobros por servicios documentales.

El argumento central es que la función pública no debe convertirse en una vía para obtener ganancias a costa de trámites que la ciudadanía necesita realizar.

Leonela Martínez Ayala y Elías Lozada Ortega señalaron que el exhorto forma parte de su compromiso con la construcción de instituciones más humanas, justas y transparentes, capaces de garantizar el respeto a los derechos de las personas.

El planteamiento coloca nuevamente en el ámbito municipal la discusión sobre la proporcionalidad de los cobros y la obligación de las autoridades de ofrecer servicios públicos bajo condiciones justas para la ciudadanía.